La mayoría de los enormes aparatos burocráticos llamados autónomos no sólo son onerosos e innecesarios, sino que constituyen una de las más colosales farsas de los grupos de poder que, en su tiempo –el del neoliberalismo y el pluripartidismo electorero- y como dueños del Estado que eran, los fueron creando para simular una institucionalidad democrática y una estructura de combate a la corrupción (alterna a la existente y ordinaria, en la aceptación vergonzante de que esa no servía) que nunca han impedido ni la emergencia de gobernantes y representantes populares que han esquilmado el poder público gracias al financiamiento delictivo de sus partidos y sus candidaturas, ni, del mismo modo, han servido jamás –hasta la fecha- para llenar las cárceles de tantos criminales, de todas las filiaciones políticas en las que forman para atropellar el interés público, como debería ser si, en efecto, esa costosa institucionalidad ‘autónoma’ –única en el mundo por su tamaño, su financiamiento, su esterilidad convenida y su servicio al hampa política de la misma especie que la creó- fuese lo que dice ser: un instrumento representativo del poder ciudadano para vigilar y consignar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales en todas las áreas orgánicas del Estado. Porque si los Poderes de la Unión fuesen realmente representativos, soberanos y funcionales, se bastarían a sí mismos y se autorregularían a partir del ejercicio constitucional que demanda la complementariedad y el equilibrio entre ellos. Y, en esa lógica tan simple como republicana de la representación social y la defensa de los intereses generales, no puede haber ninguna jerarquía más ciudadana y autónoma que la de las investiduras de elección directa, de las que emanan las del Poder Judicial; y promover órganos y elegir otras investiduras a diestra y siniestra para autovigilarse, no puede ser sino redundante, ridículo, dispendioso, y sobradamente expresivo de un invento descomunal, perverso, y al servicio de todos y de todo lo contrario que se afirma en sus motivaciones legislativas. Porque nada de lo que se pacte entre grupos políticos y de poder –como se pactan los mandos de los organismos electorales y anticorrupción- puede ser autónomo, como ni siquiera lo es –por las conveniencias particulares que se negocian entre las mafias políticas que determinan las decisiones parlamentarias- la composición misma del liderazgo del Poder Judicial. Y así, una estructura electoral perpetua y masiva que no es capaz siquiera de impedir el uso discrecional del erario para financiar candidaturas espurias, es, además de inútil, un sideral despilfarro. Y un sistema anticorrupción, igualmente costoso y que no contribuye a encarcelar delincuentes públicos, lo es más bien para legitimar esa corrupción y para favorecer la injusticia y la impunidad. Ya desde antes de su llegada a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador expuso que, para poder hacer frente a todos los desafíos de su administración, haría de la austeridad republicana uno de los ejes principales de la llamada ‘cuarta transformación’. Por ello, en una de sus primeras acciones como jefe de la nación redujo el sueldo del presidente de la República y promovió una iniciativa para que ningún funcionario público o representante popular cobrase más que él, desde la premisa de que no podía haber un Gobierno rico en un pueblo pobre. Pero los integrantes de la llamada por López Obrador ‘burocracia dorada’ –la mayoría de los ministros magnates de la Suprema Corte, por ejemplo, con ingresos similares a los de potencias democráticas y económicas como Inglaterra y Estados Unidos, y consejeros electorales y anticorrupción, unos y otros cuya existencia pagada no ha servido para reducir en lo más mínimo unos niveles de impunidad nacional casi absolutos y de estándares propios de pueblos en guerra o semianalfabetos y de Estados fallidos- no estuvieron de acuerdo en apoyar dicho proyecto de austeridad e interpusieron ampraros para que sus cuantiosos salarios y rentas públicas adicionales continuaran intactos. Posteriormente, el jefe del Ejecutivo Federal expuso el millonario gasto que supone mantener a decenas de “órganos autónomos”, mismos que fueron creados indiscriminadamente durante los Gobiernos del PRI y del PAN, convirtiéndose en caños exorbitantes del erario. Ya en este su tercer año de administración, Andrés Manuel alza su grito de guerra contra los sectores públicos más improductivos y costosos del Estado, en una contienda que debía incluir la máxima suspensión de financiamientos para los partidos políticos, esas mafias parasitarias y depredadoras que tanto daño siguen haciéndole al país. Una verdadera vigilancia institucional de los procesos electorales debiera hacer posible un financiamiento alternativo de partidos y aspirantes a cargos de elección, independiente del Gobierno. Porque la subvención pública se ha justificado hasta ahora con la lógica absurda de impedir el financiamiento ‘negro’; pero si ese financiamiento ‘negro’ procede del desvío mismo del erario con fines electorales, no hay mayor evidencia, que esa, de que la vigilancia electoral actual es un mamarracho y que lo mismo da que no se autoricen recursos privados en las campañas (que de cualquier modo los hay), si el erario cumple los mismos fines y beneficia a los mismos grupos. La institucionalidad electoral debía tener una vigencia tan temporal como la de los comicios, y unas sedes tan legítimas como la parlamentaria y la de Gobierno. Y el combate a la corrupción no tendría por qué apelar, tampoco, a instituciones ciudadanizadas: sobran las jurisdiccionales y las de los otros dos Poderes. Sin embargo, el mal de esos ‘elefantes blancos’ está hecho y no habrá poder anticorrupción que lo liquide. Habría que esperar tan sólo que pudiera simplificarse al mínimo lo que se derrocha en ellos.
Javier Ramírez
A unos días de comenzado este 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfocado su discurso en dos puntos de vital importancia para este año en el que se sentirán aún más los estragos provocados por la pandemia del covid-19: la desaparición de los organismos autónomos y la reducción de sueldos.
Y es que, como ha repetido, los primeros, además de costosos, son inútiles y duplican o cumplen funciones que se ejercen o se pueden ejercer en sectores institucionales de los Poderes Públicos orgánicos, por lo que su desaparición o anexión a las dependencias de los mismos generaría un enorme ahorro presupuestario.
De igual manera, ha reiterado su demanda de que ningún funcionario gane más que el presidente de la República, pues, consideró, son cargos creados para ayudar al pueblo y no para beneficiarse de él.
Sin embargo, tanto los encargados de estos órganos, al igual que algunos ministros de la Corte, no han dudado en expresar su rechazo a las propuestas del presidente, al grado de ampararse para que puedan seguir disfrutando de salarios de hasta 600 mil pesos mensuales.
Iniciativa, en febrero
Este 7 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo 15 de febrero enviará al Congreso de la Unión un paquete de reformas para poner un tope en los ingresos de los funcionarios y desaparecer los organismos autónomos.
En el punto de los salarios, dijo, se buscará que ningún funcionario tenga un ingreso mayor al del jefe del Ejecutivo Federal, luego de que varios ministros del Poder Judicial interpusieran amparos para proteger sus sueldos, algo que replicaron titulares y consejeros de los organismos autónomos, como el INE.
Aseveró que un ministro está ganando actualmente entre 500 mil y 600 mil pesos, cuando el presidente del país sólo recibe, tras el tope de hace un par de años, entre 110 mil y 112 mil pesos.
El mandatario comentó que los ministros están cometiendo una inmoralidad al mantenerse en esa postura, pues a pesar de todas las “maniobras legaloides” que hagan, están violando el espíritu de la Constitución, pues no tienen argumentos válidos que justifiquen sueldos tan elevados.
Recordó que los cargos en el Estado son para prestar un servicio público, no para lucrar con ellos ni obtener beneficios personales.
“El que quiera hacer dinero que se dedique a otras actividades, y eso es legal y es legítimo, pero al Gobierno se viene a servir, no es a servirse”, reiteró.
Órganos autónomos, a revisión
El presidente también planteó el problema que representan los llamados órganos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), entre otros, debido a que en muchos, si no es que en todos los casos, están repitiendo funciones que secretarías federales ya realizan, como, ejemplificó, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el caso del IFT.
En este sentido, recordó que varios de estos órganos fueron creados durante los Gobierno neoliberales para permitir que monopolios tengan mayor injerencia en el Gobierno. Además, como pasaba con los fideicomisos, se utilizaban para desviar recursos. Y hoy, con la desaparición de estos últimos el año pasado, se han ahorrado 60 mil millones de pesos, que es el doble del presupuesto que se utilizó para la adquisición de vacunas contra el covid-19.
Por esa razón, adelantó, el lunes 11 de enero tendría una reunión con varios secretarios federales, a fin de que puedan elaborar un plan que permita identificar tareas que los organismos autónomos repiten, para así presentar una reforma que pueda desaparecerlos o fusionarlos con las dependencias federales, dependiendo de cada caso.
Mencionó que este plan no deberá preocupar a los trabajadores, puesto que podrían ser agregados a las secretarías en turno. Tan sólo con la renta de oficinas y demás gastos operativos, se podrían ahorrar, aseguró, hasta 20 mil millones de pesos al año.
Amparos contra reducción de sueldos
En diciembre de 2018, apenas unos días después de que Andrés Manuel asumiera la Presidencia, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación presentó un amparo para impedir que los salarios de sus integrantes fueran reducidos como consecuencia de la entonces reciente Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aprobada gracias a la mayoría del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso, para que ningún funcionario pudiera ganar más que el Ejecutivo Federal.
En dicho recurso, jueces y magistrados indicaron que el Poder Judicial goza de autonomía para disponer de sus recursos, por lo que no tenían obligación alguna de someter sus remuneraciones al escrutinio del Poder Legislativo.
A esta polémica se sumaron integrantes de otros órganos autónomos, principalmente del Instituto Nacional Electoral (INE), que en enero de 2020 presumió sus tabuladores salariales, en el que al menos 144 funcionarios superaban en percepciones al presidente López Obrador.
Para que pudieran fijarse salarios superiores, el INE hizo valer diversos argumentos, entre ellos, la excepción prevista en el artículo 127 Base III de la Constitución para el caso de tareas especializadas, en el que se destaca que existe “la posibilidad de incrementar las remuneraciones, hasta en un cincuenta por cierto el ingreso contemplado para el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por desempeñarse un trabajo técnico calificado, o bien, por la especialización de la función que se desempeñe”.
Según los consejeros, “el desempeño de la función electoral por sí misma es una función especializada y se refiere tanto a servidores públicos que integran tanto la rama administrativa como el Servicio”, además que tienen prohibido dedicarse, dentro de los dos años posteriores a dejar el cargo, a puestos de dirigencia partidista o en los poderes públicos, en cuya elección hayan participado, y tampoco pueden ser postulados a cargos de elección popular.
En 2019, ocho de los 11 consejeros del INE se ampararon para recibir su salario íntegro, entre ellos el presidente Lorenzo Córdova.
A finales del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión para que los consejeros del INE y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) puedan continuar este año con salarios superiores a los del presidente de la República, en lo que los ministros resuelven los juicios constitucionales que ambos organismos interpusieron.