Prohibir la venta de comida chatarra a menores, otro recurso estéril de las autoridades

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La comida chatarra es como las drogas:

un satisfactor emergente ante los que el Estado no provee

La pandemia expuso la realidad del país: más del 75 por ciento de su población de 20 años y más sufre sobrepeso y obesidad, factores que disminuyen drásticamente la posibilidad de supervivencia frente al virus, mismo que por eso es tan letal, tanto como que México es el país de más cantidad de obesos en el mundo por número de habitantes, y por tanto el más vulnerable en términos de enfermedades crónicas asociadas a su miseria dietética y propicias para el cómodo establecimiento del virus y para su mayor periodo de adaptación, sin contar con la masividad de sus concentraciones urbanas, y el hacinamiento, la insalubridad y la intemperie contagiosa que padecen muchos de sus millones de habitantes, factores contra los que la única vacuna, y por tanto imposible, es la de la educación y la justicia distributiva y social.

Durante años, las autoridades han intentado disminuir dichas cifras -derivadas de la desigualdad y la pobreza, la mala salud pública, la pésima escolaridad y la cultura de la irresponsabilidad institucional y la corrupción frente a fenómenos sociales tan estructurales y tan críticos como esos- con antídotos tan insensatos que si no fueran penosos serían de risa loca, como las leyes que prohíben la comida chatarra en las escuelas o que desaparecen a las ‘mascotas’ de las cajas y envolturas.

Al darse cuenta de que nada de eso ha funcionado, los legisladores oaxaqueños han apostado por prohibir no sólo la venta directa de esos productos a los menores de edad, sino también la promoción, distribución y hasta el regalo, con castigos que van desde apercibimientos, sanciones administrativas y hasta cárcel por 36 horas. Oaxaca, así, se convirtió en el primer Estado en adoptar dicha medida, pero cada vez son más los que se apuntan para reformar sus leyes.

¿Pero sirve de algo?

Porque si bien la comida chatarra es indudablemente mala para la salud, no es para nada el único factor de obesidad en los niños y jóvenes. La tecnología, la cultura y hasta la violencia han ocasionado que cada vez sean menos los niños que practiquen deportes o realicen actividades al aire libre.

Prohibir que los expendedores ofrezcan estos productos a los niños no servirá de mucho si los padres pueden comprarlos por ellos, porque les resulta más fácil adquirir unas donas, un refresco o unas frituras que prepararles el desayuno. Tampoco ayuda si se tienen a la mano opciones igual de grasosas, como la comida rápida de las franquicias y hasta los tamales que venden en las calles.

¿No sería mejor una educación escolar de calidad y una verdadera promoción del deporte en la infancia y del servicio futuro que supone suprimir los malos hábitos?

Combatir el sedentarismo desde la niñez debería ser clave para comenzar a formar una nueva mentalidad en ellos, para que adopten el ejercicio como un aliciente y no como un castigo más. Los menores llevan años impedidos para comprar videojuegos ‘violentos’, pero aún así siguen consumiéndolos, de una forma u otra.

Combatir las adicciones, por ejemplo -a las drogas o al alcohol-, prohibiendo su venta, como está por demás probado, es justificar una disposición de autoridad a sabiendas de que no sirve de nada. Conocer el nudo de la propensión adictiva y erradicarla, es el problema. Sin eso no se controla ni se inhibe el consumo, y mucho menos la industria de la producción y el tráfico de drogas, la que, por el contrario, se reproduce a partir de la patología social del consumo.

Si una sociedad está enferma y urgida de satisfactores que le den algún alivio, los conseguirá. Del Estado dependen los remedios. O ayuda a curar sus males en su origen, o el crimen patrocinará otras alternativas.

También buena parte del ambulantaje nacional vive de la comida insalubre. ¿Cuál es la respuesta del Estado frente a eso?

Javier Ramírez

El pasado 5 de agosto el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que prohíbe la venta directa de comida chatarra a los menores de edad.

De inmediato, diputados de otros Estados -principalmente del Morena- aplaudieron la medida y comenzaron a trabajar en respectivas reformas que hagan lo mismo. El mismo subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se pronunció a favor.

Sin embargo, y como era de esperarse, los empresarios han comenzado a expresar su preocupación, al asegurar que la prohibición podría incentivar el mercado informal.

Iniciativa del Morena

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 son contundentes: a nivel nacional, el porcentaje de adultos de 20 años y más con sobrepeso y obesidad es de 75.2 por ciento (39.1 con sobrepeso y 36.1 con obesidad), mientras que en la población de 12 a 19 años la cifra es de 39.7 por ciento en la zona urbana, y de 34.6 por ciento en la zona rural.

Y en este último segmento de población, cinco entidades del país concentran el mayor porcentaje de jóvenes con obesidad: Veracruz con 22.9, Quintana Roo con 22.8, Colima con 24.9, Sonora con 22.2 y Tabasco con 19.9.

En Oaxaca, donde el porcentaje es de 13.8, la diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional, Magaly López Domínguez, presentó el año pasado ante el Congreso de esa entidad una iniciativa para reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el Artículo 20 bis, para prohibir la venta, regalo, distribución y promoción de comida chatarra a los menores de 18 años.

La idea, dijo la diputada, es reducir el acceso de los niños y jóvenes a productos “veneno”, al tiempo que le dan a los padres de familia la responsabilidad de ser más decisivos en la alimentación de sus hijos.

De esta manera, y sin que se realizaran estudios o mesas de trabajo con los actores involucrados, el pasado 5 de agosto la 64 Legislatura local aprobó con 31 votos modificar la referida ley.

De inmediato, los sectores empresariales locales criticaron la reforma, pues, dijeron, afectará la ya de por sí lacerada economía y pondrá en riesgo la viabilidad de los negocios y la conservación de empleos. Además, lamentaron la pobre definición de lo que es “comida chatarra”, pues la legisladora sólo se limitó a mencionar que “no se prohibirá el chocolate oaxaqueño, ni el pan de yema ni las tlayudas”, lo que pondría en riesgo a los alimentos artesanales pre-envasados.

Apoyo nacional

Tras darse a conocer la noticia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aplaudió la aprobación del Congreso Oaxaqueño, al recordar que el 35 por ciento de los menores de edad tienen sobrepeso u obesidad, factores que los ponen en peligro en caso de contraer el coronavirus.

El funcionario federal incluso aceptó haberse comunicado con Horacio Sosa, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca, para advertirle sobre las presiones que podrían ejercer grupos de intereses económicos a la hora del cabildeo.

Tres días después, el senador por Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que presentará tres iniciativas para que la prohibición se eleve a nivel federal.

Pero mientras eso sucede, en otros Estados ya trabajan para hacer lo propio. En Tabasco, el gobernador Adán Augusto López informó al día siguiente de conocer la medida de Oaxaca que enviará al Congreso local una propuesta similar. “Debemos de regresar en la medida de lo posible a la alimentación tradicional y hay que iniciar con los niños para que vayan educándose”, afirmó.

En Nuevo León, el diputado morenista Luis Armando Torres informó que se alistan reformas a tres leyes: la estatal de Salud, la de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la de Prevenir la Obesidad y Sobrepeso en el Estado y Municipios de Nuevo León. 

El legislador apuntó que es más caro para el Estado invertir en hospitales y medicamentos que en prevención. “No estamos diciendo que se van a terminar los productos, nadie dice eso, sino más bien es que los menores de edad no consuman estos productos y no estén a su alcance fácilmente”, aseveró.

En Coahuila, la diputada Elisa Villalobos Hernández, también del Morena, aseguró que tiene el tema en agenda y que lo presentará ante el Congreso en las próximas semanas, pues actualmente están en periodo de receso. Su iniciativa está más encaminada en eliminar la venta de productos chatarra en tiendas cercanas a las escuelas.

En el Congreso de Tamaulipas, Edmundo Marón Manzúr expresó que hay viabilidad para legislar en el mismo sentido que en Oaxaca, ya que las enfermedades relacionadas con la diabetes son cada vez más comunes en aquella entidad. Para ello, dijo, se evaluará en conjunto con el grupo parlamentario del PAN.

Sin embargo, la panista Rosa González Azcárraga adelantó que prohibir no es la solución, además de que se debe definir con exactitud cuáles son los “alimentos chatarra”. “Cuando le prohíbes algo a los niños más lo hacen. En mi opinión, como mamá, no me puedo imaginar que mis hijos vayan a una tienda y no les pueda comprar un gansito o permitir comer unas papitas. No me parece que sea la solución”, apuntó.

Los Congresos de Chihuahua, Colima y la Ciudad de México son los últimos en hacer la misma propuesta. En el primero, el diputado presidente René Frías Bencomo presentó una iniciativa para que los vendedores que no respeten la prohibición de venta reciban sanciones administrativas. En Colima, tres diputados del Morena replicaron la propuesta de Oaxaca, además de que también pedirán prohibir la publicidad de esos alimentos en escuelas públicas y privadas. Mientras tanto, en la capital del país, la dirigente del DIF local, Esthela Damián, confirmó que el Congreso y el Gobierno capitalinos trabajan de manera conjunta para prohibir también la venta de comida chatarra a menores, toda vez que estudios recientes han demostrado que seis de cada diez niños tienen problemas de obesidad o sobrepeso, sobre todo los estudiantes del tercero al sexto año de primaria.

Otra de muchas reformas

Pero prohibir la venta directa de alimentos y bebidas chatarra a menores es sólo el último de los intentos hechos por las autoridades mexicanas para combatir el sobrepeso y la obesidad infantil.

En 2006, el Congreso de Veracruz aprobó reformas al artículo 13 de la Ley de Educación para que las tiendas y cooperativas escolares no vendieran comida con bajo o nulo valor nutricional. Doce años después es la entidad que más problemas tiene en ese rubro.

A nivel federal, la Cámara baja aprobó en 2014 una actualización de la Ley General de Educación para regular los alimentos y bebidas en todas las escuelas públicas y privadas, desde preescolar hasta universidad, y así solo puedan ofrecer alimentos naturales.

Hasta el año pasado, 98 por ciento de las escuelas del país seguían vendiendo comida chatarra, de acuerdo con un análisis de las organizaciones Poder del Consumidor y Red por los Derechos de la Infancia en México.

Dicho estudio reveló que, en la mayoría de los casos, los problemas de obesidad de los menores se deben a los malos hábitos individuales de consumo. La escasez de recursos económico y la falta de tiempo en los jefes de familia, que son los encargados de vigilar qué comen los menores, también son factores que ocasionan la ingesta de esos productos.

Por último, en octubre del año pasado, el pleno del Senado aprobó una reforma a la Ley General de Salud para obligar a las empresas a incluir información nutrimental en las etiquetas de sus productos, con el fin de “promover una vida saludable e informada”.

Esta misma reforma prohíbe el uso de las llamadas “mascotas” en los alimentos. Es decir, a partir de abril del próximo año, ningún producto preenvasado deberá incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas y elementos interactivos, como juegos o descargas digitales, porque, encontraron los expertos, incitan, estimulan y fomentan el consumo de alimentos chatarra.

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