Signos
Pero es que… ¿cómo?… Usted, digamos, es inmigrante indocumentado en un país y es deportado, por ejemplo, a otro, sin haber cometido infracción alguna ni haber atentado contra nadie ni en su país de origen, ni en el país de donde fue deportado, ni mucho menos en el país al que fue deportado y que ni siquiera conoce porque nunca ha estado ahí antes, pero donde la autoridad lo encarcela y lo castiga como a un delincuente porque así se lo pide la autoridad del país que lo deporta.
Digamos que el Gobierno de España acuerda con el de Bélgica que algunos inmigrantes africanos sin papeles sean confinados en cárceles de ese país sólo porque así lo decidieron los Presidentes de ambos países con la complicidad o la complacencia o la autorización de las autoridades del caso.
Sí, se entiende que un ciudadano sin permiso de estancia legal en una nación pueda ser detenido mientras se resuelve su situación migratoria; pero ser encarcelado en otra donde no ha cometido ninguna irregularidad porque simplemente nunca ha estado en ella, ¿cómo se define?; ¿no es un crimen y una violación absoluta de los derechos humanos de un ser inocente? Y, el Estado que lo permite, ¿no es un Estado criminal, donde no hay autoridad jurisdiccional que impida o sancione tales decisiones inhumanas, dictatoriales y totalitarias cual las de una tiranía?
Y entendiendo que la popularidad haya favorecido, por medio del sufragio, la llegada al supremo poder de ese Estado de un líder político capaz de tales iniciativas personales y de convertir su investidura democrática en un régimen de “Estado de excepción”, ¿no está pervirtiendo su mandato popular en una autarquía fascista a la que sea imposible que se oponga, luego, la voluntad del pueblo, en tanto los excesos del control sobre las fuerzas armadas y de seguridad se conviertan, por conveniencia gubernamental, en fuerzas represivas? ¿Es plausible apelar al personalismo autoritario del “Estado de excepción” y del fascismo derogador de los Poderes democráticos para someter a los grupos delictivos, así esa fuerza dictatorial pueda decidir castigar como criminales a importantes grupos de personas inocentes, como los venezolanos que han sido encarcelados en El Salvador sólo por haber vivido en los Estados Unidos sin documentos migratorios para hacerlo y sólo porque el Presidente de la nación que los expulsó se lo pidió al de la nación que los recibió? (Y no hablamos de criminales identificados como tales, como los del llamado Tren de Aragua. Hablamos de seres identificados como inocentes o de quienes ni siquiera se sabe si lo son o no, pero que en todo caso no han delinquido en el país donde se les castiga como si lo hubiesen hecho. Y hablamos de que unos y otros, tipificados todos como delincuentes dolosos, requieren procesos legales de tratamiento individualizado de su circunstancia cuyo derecho es impunemente violado. “Ley de enemigos extranjeros”, es el fundamento con que Trump expulsa y envía a las cárceles salvadoreñas lo mismo a unos que a otros inmigrantes, del valor humano que sean. Pero en El Salvador se asume, sin ley ninguna, que todos son criminales aunque en el país centroamericano, ni culpables ni inocentes, hayan cometido delito alguno.)
La paz que se impone en El Salvador es como la que imponen los grupos del narcoterror en algunas regiones de México: desplazan a otros, implantan su hegemonía, se imponen a la autoridad, y determinan que quien provoque escándalos o violente la paz será severamente castigado. Y, al cabo, como única alternativa de estar mejor, se termina aceptando entre la población.
Si con la tragedia inmerecida de numerosas víctimas inocentes se paga el éxito político de una pacificación ejercida con decisiones absolutas y arbitrarias del jefe del Estado -que triunfa como un ejemplo de liderazgo con el beneplácito de mayorías beneficiarias de dicha ‘paz social’ pero insensibles a las injusticias cometidas contra minorías que pagan las cuentas de su ‘buena suerte’- entonces se recicla la historia del fascismo popular que justifica, en la incivilidad delirante de las mayorías, los peores crímenes de Estado donde los criminales en el poder criminalizan en favor de los intereses de sus grupos, como si fueran también parte de las manadas homicidas con las que los revuelven y los satanizan y los sentencian sin juicio, a los seres más vulnerables, indefensos y necesitados de la representación de un verdadero y justo Estado de derecho.
SM