Signos
-En los tiempos de Calderón detonó como nunca la pluralidad partidista y sus intereses, y obró la disgregación y el debilitamiento del poder político, pulverizó los controles institucionales del Estado nacional en el sector de la seguridad, y esa fragmentación fue simbiótica con el divisionismo y la diversificación del ‘narco’ y sus frentes y canales de corrupción. La violencia se generalizó cuando las organizaciones criminales más importantes se escindieron y se repartieron a tiros la compra de las autoridades federales y locales disponibles. Los del Pacífico se rompieron entre el Chapo y los Beltrán, los Zetas se desprendieron de los del Golfo y se unieron a los Beltrán, los del Golfo se unieron a los del Chapo, los de Juárez también se asociaron con los Beltrán, los Valencia con los del Chapo, y en esa dinámica se iban formando las nóminas de las autoridades responsables de combatirlos.
-(Siempre ha sido ridículo, pero así se simplifica la noción de las cosas en este país, atribuir todas las cifras fatales de esa guerra a Calderón -como autor único del exterminio-, del mismo modo que se acusan todas las cifras fatales posteriores y del mismo tipo a sus sucesores, y López Obrador debe cargar con las propias de la pandemia, unos verdaderos genocidas. En México la abstracción inteligente es un estorbo: ¿para qué discernir, si basta con reducir y satanizar?, ¿qué importan la razón y la justicia si lo que valen son las sentencias militantes? Lo importante no es pensar, sino prejuzgar y acusar. Basta con eso.)
-Frente a la explosión de la violencia, Washington intervino de manera más contundente y protagónica. Calderón dejó elegir. El Ejército no quiso colaborar con los estadounidenses. Los estadounidenses tomaron el mando de la Armada y formaron sus unidades de fuerzas especiales, al tiempo que infiltraron y espiaron a los elementos policiales y a los fiscales antinarco de alto nivel coludidos con el ‘narco’. Se crearon tres frentes de guerra: el de la DEA y la Armada (que atacaba de manera indiscriminada a los grupos armados de mayor poder y peligro para los intereses de Washington), el del Ejército (que en los tiempos del general Galván, secretario de la Defensa, parecía no tener compromisos con grupos delictivos y lo mismo abría fuego en contra de unos que de otros), y el de la entonces Procuraduría General de la República -dirigida por el ahora exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, quizá uno de los próximos procesados en Estados Unidos por sus nexos con el ‘narco’- y la Secretaría de Seguridad Pública Federal -dirigida por Genaro García Luna, procesado en Estados Unidos por su sociedad con el ‘narco’- (dominado por los Beltrán Leyva y agremiados). La guerra fue devastadora, sin tregua y con arsenales del más alto poder. No había modo de reparar en consignaciones penales: Además de que el sistema de Justicia siempre ha sido un cero a la izquierda que promueve en el país una impunidad casi absoluta, todas las Policías, fiscalías y tribunales estaban a merced del hampa. La confrontación entre las bandas era sin tregua ni cuartel, con el complemento de los mandos policiales integrados, y, las Fuerzas Armadas, en funciones de seguridad pública, no tenían más alternativa que dar o recibir. Lo de la DEA y la Armada fue más profiláctico y operaba según la búsqueda de objetivos específicos de un bando y otro. Lo del Ejército eran choques frontales y brutales -casi siempre sin toma de rehenes porque los sicarios no estaban para rendirse- donde el enemigo -armado hasta los dientes- apareciera o estuviera. Lo de la PGR y la SSPF era la defensa de su bando contra sus enemigos, los del Chapo Guzmán.
-Si bien el Gobierno calderonista entregó al peñista cuentas bastante favorables en lo relativo a bandas diezmadas y debilitadas en su poder de fuego -gracias a la ilimitada licencia operacional de la DEA y la elevada capacitación que promovió entre los marinos a su servicio, y gracias, asimismo, a la licencia para matar sin contemplaciones a los feroces gatilleros otorgada a los soldados de la Defensa en medio de una guerra sin concesiones y de un Estado de Derecho muerto y enterrado, donde los fiscales, los policías y gran parte de los jueces eran parte del crimen organizado-, Peña se montó en el argumento de la inviabilidad de esa carnicería como alternativa contra la violencia, defendió el argumento falaz de la defensa de la soberanía para limitar la eficacia de las operaciones de la DEA y la Armada, y favoreció la desmovilización de la violencia constitucional del Estado en favor del argumento, también falaz, de la defensa de los derechos humanos violentados por la guerra contra el ‘narco’. Si el Estado declinaba atacar a los grupos armados, la lógica indicaría que menos víctimas y violaciones de los derechos humanos habría. Y con esa estupidez como divisa, las bandas criminales se dieron gusto matándose entre ellas, sometiendo como nunca a las autoridades responsables de combatirlas, y haciendo de la desmovilización del Estado en su contra el mejor de los ámbitos de ingobernabilidad para el caos y la industria del narcoterror.
-Hoy día sabemos a ciencia cierta algunas cosas objetivas. Sabemos, por ejemplo, con revelaciones especializadas incuestionables e irreplicables, que el sistema de Justicia Penal en México es de grados de impunidad casi absolutos -muy aproximados al cien por ciento-, lo que refiere que la delincuencia vive en un paraíso pleno de incompetencia y corrupción, y que le ley es su mejor aliada. Medina Mora fue alzado como ministro de la Corte luego de salvar, mediante deliberadas consignaciones fallidas, a todos sus cómplices de la PGR vinculados por la DEA con el ‘narco’ que fueron liberados durante la presidencia de Peña Nieto gracias a tan deficientes y convenientes imputaciones. Medina Mora encausó a fiscales y policías de modo que Peña pudiera desistirse de tales acusaciones, y Peña fue quien hizo posible que Medina Mora se convirtiera en ministro de la Suprema Corte. De modo que si Medina Mora, procurador de Justicia de Calderón, no era cómplice de Peña y del ‘narco’, Manuel Buendía podría decir que la evidencia de que un pato no se pareciera a otro pato sería bastante desacreditable. Y si un criminal como Medina Mora podía ser ministro de la Corte, tampoco podría negarse la evidencia de que con ministros de esa especie la impunidad del sistema penal no podría ni puede sino estar garantizada, y que por eso la delincuencia y la violencia en México siguen y seguirán siendo invencibles, y que por eso seguiremos viendo a grandes criminales absolutos dejados o mantenidos libres en México, y atenidos solo a que puedan ser procesados y castigados en los Estados Unidos.
-Con el general Cienfuegos como secretario de la Defensa y dentro de la línea de Peña de regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y no ofender al ‘narco’, la DEA y sus marinos mexicanos fueron acotados y sólo entraron en acción en casos muy específicos, como la detención del Chapo en Mazatlán y luego en Los Mochis, después de escapar del penal del Altiplano. El Ejército de Cienfuegos y de Peña tomó partido por el bando criminal de Medina Mora y García Luna -los enemigos del Chapo y socios de los Beltrán-, y la DEA, desmovilizada en gran medida -como parte de una política antidrogas del Gobierno mexicano defensora, en el discurso, de la soberanía nacional-, se dedicó a cazar a sus enemigos dentro de la estructura del poder federal. No es casual que los marinos estén a salvo de sus pesquisas y que el Chapo, Cienfuegos y García Luna sean protagonistas de sus expedientes criminales contra el ‘narco’ mexicano.
-Peña aprovechó la mala imagen de las carnicerías calderonistas y el activismo demagogo y patológico de la defensa de los derechos humanos de los sicarios para desmovilizar a las Fuerzas Armadas y a la DEA en favor del ‘narco’. Y ahora las cosas no pudieran estar peor. La DEA procesa a los narcos que la Justicia mexicana está impedida de procesar, y revela que el Ejército también ha sido permeado por el mismo ‘narco’ que ha controlado a los sectores federales de la fiscalía antidrogas y la seguridad pública. Sólo que la DEA, en México, ahora está más atada de manos que nunca, y sus exitosas operaciones con la Armada están condenadas a no seguir o a hacerlo de manera muy poco eficaz. Puede ser que el discurso nacionalista y defensor de la soberanía del presidente López Obrador sea más sincero que el peñista pero, en todo caso, también es muy pernicioso para combatir el narcoterror. El sistema de Justicia Penal y el ‘debido proceso’ en él son factores de la mayor impunidad y favorecen la violencia y la inseguridad. Son miles de matones sin cargos los que andan libres como el viento en el ejercicio de su quehacer. Tampoco hay grandes jefes suyos bajo sentencias a la medida de sus peores delitos. Seguirá sin haber procesados y sentenciados importantes en México, y seguirá adelante, por tanto, la industria del narcoterror, al amparo de la complicidad judicial. El Ejército no es confiable. Menos lo es la competencia y la productividad policial y procesal. Y como la Armada tiene el estigma del antipatriotismo y el colaboracionisno con los yanquis legado por Calderón, pese a la eficacia de sus unidades de operaciones especiales antinarco impulsada por la DEA seguirá siendo poco usada contra la inseguridad. Porque en la óptica presidencial vale más la defensa del discurso soberano y de la defensa de los derechos humanos que la eficacia de las armas y de la Inteligencia extranjera contra el crimen. Valen más la demagogia y la propaganda nacionalistas que la defensa real del derecho a la seguridad de todos, de la paz social y del interés público. Es cierto que no tiene por qué aceptarse el injerencismo y la dependencia servil a Washington de la institucionalidad mexicana anticrimen. Pero mucho menos debe renunciarse a una colaboración binacional que ha sido el único instrumento rentable contra el peor enemigo de México, el narcoterror, por más que en los tiempos del panismo calderonista esa colaboración haya sido más bien colaboracionismo y subordinación. Calderón sólo dejó hacer, sin límites ni controles. E igual que ahora, con Peña se habló de evitar el intervencionismo pero nunca se revelaron los órdenes y los márgenes de una posible y positiva colaboración binacional. Lo que se sabe es que México no tiene un sistema armado y judicial eficiente y en movimiento contra la narcodelincuencia, que por las noticias que nos llegan desde Estados Unidos tampoco existe contra ella un plan de colaboración bilateral, y que la violencia y la inseguridad, por tanto, siguen tan invictas como siempre en los tiempos de la democracia, la alternancia y el combate a la corrupción.
SM