Tamaulipas, tierra que desde varias décadas ha sufrido por la guerra entre los cárteles de la droga y la complicidad criminal de sus gobernantes, ha vuelto a situarse en el discurso nacional debido a la reciente muerte de 19 personas, cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados. El crimen, con todo y su nivel de crueldad, no es nada que no se haya visto antes en esa entidad u otras, pero el hecho de que los muertos hayan sido migrantes centroamericanos volvió a encender los focos rojos en un Gobierno federal que desde su inicio ha luchado por mantener a raya a las decenas de caravanas de personas que han intentado cruzar la frontera mexicana para poder llegar a los Estados del norte y buscar el paso a la Unión Americana, una estrategia que se asumió como parte de la colaboración que se tenía con el Gobierno del entonces presidente Donald Trump, quien había llegado para poner mano dura contra la migración ilegal en su país. Ahora, con la llegada del demócrata Joseph Biden a la presidencia estadounidense y un aparente relajamiento en la persecución de inmigrantes, los intentos por cruzar el Río Bravo podrían incrementarse en los próximos meses, dejando, otra vez, al Gobierno mexicano como primer encargado de contenerlos, aunque aún no puede evitar que cientos de ellos terminen en las garras del crimen organizado.
Javier Ramírez
Hace más de 10 años, el Municipio de San Fernando, en el Estado de Tamaulipas, fue escenario de uno de los peores crímenes en el país, cuando en una bodega fueron encontrados los cadáveres de 58 hombres y 14 mujeres, todos ellos inmigrantes ilegales.
Sus muertes, atribuidos a integrantes del Cártel de los Zetas, causó conmoción a nivel mundial al demostrarse que las organizaciones criminales se habían involucrado más en el tráfico de personas, a quienes raptaban desde que llegaban a México para ocuparlas en diversas actividades. Los 72 muertos, se dijo entonces, habían quedado atrapados en la guerra que los Zetas mantenían con los gatilleros del Cártel del Golfo.
Desde entonces se han registrado más desapariciones y muertes de inmigrantes, pero ninguna con tanta saña como la ocurrida en estos primeros días del año.
Guatemaltecas, nuevas víctimas
En la noche del pasado 23 de enero, habitantes del poblado de Santa Anita, en el Municipio de Camargo, Tamaulipas, observaron un gran incendio en un camino de terracería. Cuando las autoridades locales llegaron al lugar, encontraron tres camionetas quemadas, y en una de ellas los cuerpos calcinados de 19 personas, cuatro dentro de la cabina y el resto en la batea.
La Fiscalía de Tamaulipas informó que las personas habían sido acribilladas y posteriormente quemadas. Horas después confirmó que todas eran indocumentadas, originarias de Centroamérica.
El primero en ser identificado fue el futbolista guatemalteco Marvin Alberto Tomás, de 22 años de edad. Preliminarmente se ha informado que se trata de 16 hombres y una mujer, pues no se ha podido identificar el sexo de las dos restantes.
Muestras de ADN fueron enviadas a Guatemala para tratar de hallar a familiares que pudieran identificar los cuerpos.
Mientras tanto, las autoridades de Tamaulipas han reportado que una de las unidades tenía placas de Nuevo León, por lo que estaban trabajando en conjunto con funcionarios de esa entidad.
La agencia de noticias EFE declaró que aunque las autoridades mexicanas no han querido confirmar la nacionalidad de las víctimas, todas son originarias de Guatemala, las cuales habían sido raptadas por integrantes del Cártel del Noreste (conformado por antiguos miembros de los Zetas), a las cuales tomaron como rehenes y asesinaron.
No es otro San Fernando, pero…
Tras la noticia, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó en un comunicado su preocupación por el caso que, aseguró, es similar al ocurrido el 24 de agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas, y otro, registrado en 2012 en Cadereyta, Nuevo León.
El señalamiento de la ONU fue cuestionado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien afirmó que “por ningún motivo” el hecho es igual al que sucedió en 2010, y aseguró que desde que sucedió el Gabinete de Seguridad ha estado trabajado todos los días para presentar avances, por lo que ya había bastante información al respecto, por lo que no habrá impunidad como ocurrió en el caso de San Fernando.
Por el momento, el proceso de identificación continúa con las autoridades de Guatemala, en donde habitantes del poblado de San Marcos, sospechan que los fallecidos pudieran ser familiares que a principios de enero marcharon hacia Tamaulipas para intentar llegar a Estados Unidos.
Muertos por los Zetas
La matanza de San Fernando ocurrió entre el 22 y 23 de agosto de 2010, en Tamaulipas, pero fue hasta el 24 de ese mes cuando un sobreviviente alcanzó a ser auxiliado por las autoridades y dio información sobre el hecho.
De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, integrantes del Cártel de Los Zetas asesinaron a 72 indocumentados provenientes de Centro y Sudamérica, para luego apilar sus cuerpos en un rancho. El relato del único sobreviviente reveló que los delincuentes los secuestraron para exigirles dinero. Debido a que no pagaron y se negaron a formar parte del grupo criminal, fueron acribillados. Para el 8 de octubre de ese año, se habían reconocido 50 de los 72 cuerpos, 21 hondureños, 14 salvadoreños, 10 guatemaltecos, un ecuatoriano y 4 brasileños.
Como resultado de los operativos emprendidos entonces, ocho personas, incluido un menor de edad, fueron detenidas y consignadas por este crimen, además de que un elemento de la Marina falleció en el enfrentamiento en el que fueron aprehendidas.
Las desapariciones y muertes de inmigrantes han sido constantes a lo largo de los años, pero no alcanzaban notoriedad como sí la tuvo la desaparición, el 7 de marzo de 2019, de 19 hombres, también inmigrantes ilegales, mismos que fueron bajados por sujetos armados de un autobús de la ruta Tampico-Victoria-Reynosa. No se volvió a saber de ellos.
Tierra de Narco-gobernadores
Desde hace casi 30 años, la violencia y las muertes de civiles ajenos a la delincuencia han sido constantes en Tamaulipas, donde las acciones puestas en marcha por los Gobiernos federales para combatir estos males han resultado infructuosos debido a la influencia que los cárteles de las drogas ejercen sobre las autoridades locales, llámese gobernadores, alcaldes, secretarios de Seguridad Pública y policías.
De esta manera el Gobierno del Estado ha estado a merced del narcotráfico, desde Manuel Cavazos Lerma, pasando por Tomás Yarrington y los investigados Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú, todos ellos emanados del Partido Revolucionario Institucional, hasta nuestros días, con el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha conseguido reducir la llegada de inmigrantes ilegales a la frontera norte, aunque esto ha traído como consecuencia la creación de decenas de refugios temporales en la zona sur, sobre todo en Chiapas, donde cientos de personas aguardan – en muy malas condiciones y a merced de enfermedades y del crimen organizado- la oportunidad que les permita llegar a los Estados Unidos, donde el nuevo presidente Joseph Biden ha dado marcha atrás a varios decretos de su predecesor, Donald Trump, entre estos varios relacionados con la deportación de ilegales.