La Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, sigue siendo un organismo de pocos o nulos resultados. Desde el comienzo de la actual administración federal, ha presumido detenciones de peces gordos -gracias, sobre todo al trabajo de aparatos como la Unidad de Inteligencia Financiera que maneja Santiago Nieto Castillo, con quien Gertz Manero ha tenido fuertes diferencias-, pero se ha visto incapaz de procesarlos tras las rejas. Las condenas han sido más mediáticas, sin mayores castigos que, a lo mucho, unos días tras las rejas, lo que al final mancha la imagen de los responsables de hacer cumplir la justicia, incluido el presidente de la República. Y mientras se pone énfasis en lo mediático, el combate a otros delitos, como el robo simple, se mantiene a la baja. Además, la ley orgánica, propuesta por el propio fiscal y aprobada recientemente en el Senado, ha provocado el disgusto de organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas, pues, aseguran, ignora a las víctimas y permite a la Fiscalía escudarse en su autonomía para dar un paso atrás en el derecho de acceso a la justicia. Por esta razón, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México realizaría este 10 de mayo una protesta en Palacio Nacional justamente para pedirle al jefe del Ejecutivo que, de ser necesario, vete esta ley.
Javier Ramírez
Recientemente, la organización México Evalúa, enfocada en la evaluación y monitoreo de la operación gubernamental, presentó un análisis del segundo año de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con los resultados, la Fiscalía no cuenta con las condiciones para operar de forma óptima, pues al menos 95.1 por ciento de los casos que atrae quedan impunes, además de que, entre otros puntos, presenta retrasos a la hora de proporcionar información actualizada y carece de un servicio profesional de carrera para formar investigadores.
Lejos de investigar y resolver los delitos que más impactan a la sociedad, como el robo, la violencia sexual y la corrupción, la Fiscalía está enfocada en el combate de los delitos en materias de armas de fuego y contra la salud, destaca el referido análisis.
Método de evaluación
El documento de México Evalúa destaca que la evaluación de la FGR se realiza a través del análisis de su autonomía (política, operativa), sus desarrollos institucional y normativo, y el ritmo con el que se da la transformación, en su transición de Procuraduría a Fiscalía. Estos datos constituyen el 70 por ciento de la evaluación, mientras que el porcentaje restante se toma de dos puntos: la efectividad de la resolución y la confianza ciudadana.
Para ello, la organización se ha valido de información obtenida en portales de internet y otros medios institucionales, como la Plataforma Nacional de Transparencia, aun cuando esta última presenta datos desactualizados e inconsistencia, pues la Fiscalía nunca dio respuesta alguna a sus solicitudes de información, no así, por ejemplo, la Fiscalía General de la Ciudad de México.
En su autonomía, se observa el proceso de designación del fiscal general y si el procedimiento y las posibles causales de remoción son claras y brindan certidumbre jurídica. También se analiza la manera en la que los fiscales y la institución realizan su trabajo. Si este se aprecia basado en criterios técnicos, libre de presiones, intereses y posibles influencias políticas, económicas o de otra naturaleza; o si por el contrario, su actuación y decisiones desprenden cuestionamientos razonables.
En este sentido, llama la atención la toma de decisiones en casos de interés público, como los recientes casos que involucraron al general Salvador Cienfuegos, al exdirector general de Pemex Emilio Lozoya o a la exsecretaria de desarrollo social Rosario Robles, pues en todos ellos, se ha observado como constante la discrecionalidad y el trato diferenciado, que a la luz de la información pública no se justifica.
Por ejemplo, si bien Rosario Robles tiene responsabilidad en el caso de la Estafa Maestra, también la tienen otros exfuncionarios que hasta el momento han permanecido intocables, como Alfredo del Mazo, José Antonio Meade Kuribreña y Emilio Chuayffet. Entonces, señalar a una sola persona en el marco de todo un aparato criminal es un indicativo de que hoy los ojos del aparato de justicia han decidido acotar su campo de visión al objetivo más próximo y disponible.
Lo que es más: el trabajo de la FGR, bajo la conducción de Gertz Manero, se ha desarrollado desde una perspectiva de aislamiento de las instituciones, mecanismos y ámbitos de gobierno con los que debe articular su trabajo, tanto de forma horizontal, como con autoridades estatales. Este distanciamiento, recalca el informe, se ha convertido en una práctica constante, tanto para la investigación y procesamiento de casos individuales, como para la investigación y persecución de macrocriminalidad. Sin esta articulación de esfuerzos, ni el sistema nacional de seguridad pública ni el de justicia penal lograrán funcionar.
Mientras que en 2019 el atributo de Autonomía tuvo un avance del 27.7%, en 2020 tuvo un retroceso al registrar 20.1%
Inconsistencias y retrocesos
En términos de desarrollo institucional, se observa que la estructura y la operación de la FGR, así como sus prácticas de gobernanza y participación ciudadana, no han sido transformadas y mantienen la inercia de las formas de operación de la antigua Procuraduría. Esto en parte puede ser explicado porque el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía continúa, no obstante, no se observan en este atributo los avances de la transformación, sino, por el contrario, retrocesos importantes.
Por ejemplo, en cuanto a transparencia, la información que hace pública la FGR se encuentra en el portal de transparencia de la institución, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Sin embargo, se observa información inconsistente en ambas plataformas. La FGR tendría que informar a cualquier persona interesada sobre las razones que justifican, en su caso, las posibles inconsistencias, mantener una vía única de publicación de información, o bien asegurar que cualquier información publicada de manera oficial cumpla con la misma calidad, oportunidad, completitud y consistencia.
El ejercicio de las facultades de los fiscales, cuando se hace de manera transparente, se convierte en un mecanismo de gestión y evaluación de política pública. Pero cuando estas decisiones no se conocen públicamente, la opacidad puede constituir la puerta de entrada a una ruta de arbitrariedad y posible corrupción.
Además, se observa un nulo esfuerzo por parte de la Fiscalía para desarrollar ejercicios de participación ciudadana e involucrar a la sociedad en los trabajos de planeación, fortalecimiento y evaluación de la operación.
Los atributos de desarrollo institucional y normativo descendieron de 13.2% a 3.5% y de 22% a 9.9%, respectivamente.
Alta impunidad
En términos de eficacia, la FGR mantuvo un nivel de impunidad alto, al ubicarse el Índice de Impunidad Federal en 95.1%. Esto implica que sólo el 4.9% de los casos conocidos en el ámbito federal recibieron alguna respuesta efectiva, ya sea en términos de judicialización con una sentencia, o bien de una salida alterna o anticipada.
En este sentido, de las respuestas otorgadas por la FGR para 2019 se observa un alto uso de resoluciones ministeriales como archivo temporal (39%), así como un alto porcentaje de resoluciones por incompetencia (9%) y de resoluciones en las que el Ministerio Público se abstuvo de investigar (4%). Por otra parte, se identifica un mínimo uso de acuerdos reparatorios (0.7%) y de criterios de oportunidad (0.5%).
La especialización del personal es otro requisito que se debe cumplir para la adecuada operación de la FGR. Pero se observa que aún mantiene su operación con los esquemas de especialización propios de una procuraduría, esto es, estructuras burocráticas rígidas competentes para el conocimiento de fenómenos criminales específicos. Como consecuencia de esto, las competencias entre las diferentes estructuras se traslapan y suelen existir conflictos en detrimento de las víctimas.
En este atributo, la FGR tuvo un retroceso el año pasado, al pasar de 20.2% a 10.3%.
¿Mayor confianza pese a rezago?
En 2019 hubo una disminución del 12.7% de investigaciones iniciadas por la FGR, al pasar de 112,635 (2018) a 98,285 (2019), lo que significa una intención de investigar menor. Además, el rezago institucional aumentó de 66.3% (2018) a 71.7% (2019). El rezago de la FGR, medido como las investigaciones que quedan pendientes al cierre del año respecto al total de las investigaciones en trámite del periodo (ya sean iniciadas, en existencias anterior y reactivadas del archivo temporal) aumentó en 2019 en 5.4%, al pasar de 66.3 % en 2018 a 71.7% en 2019.
Debido a que la competencia de la Fiscalía General de la Republica se limita a delitos federales, cuando los ciudadanos piensan en levantar una denuncia, en una situación de victimización o en el nivel de confianza que les genera la justicia, es más común que lo asocien con las fiscalías locales que atienden delitos del fuero común, tales como robos, homicidios, violaciones, lesiones u otros. En 2018, las investigaciones del fuero federal iniciadas sumaban un total de 112,635 y en 2019, 98,285, lo que significa una caída del 12.7%. La cantidad de delitos que no son denunciados ha mantenido un comportamiento constante durante el periodo de 2011 a 2019, con un mínimo de 91.6% y un máximo de 93.8% de los delitos no denunciados. Es decir que más de nueve de cada 10 delitos no se denuncian.
Sin embargo, y por increíble que parezca, de acuerdo con la información proporcionada en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), desde 2018 la confianza en la FGR se mantiene al alza. De 2018 al 2019 se pasó de 57.5 a 61.4% y en 2020 alcanzó el 65.2%. En concordancia, la percepción de corrupción de la FGR disminuyó de 63.7% en 2019 a 56.9% en 2020.