A lo largo de los últimos seis años, el exdirigente magisterial Manuel Alexander Zetina Aguiluz, quien alcanzó la presidencia municipal de Bacalar como candidato del ya desaparecido partido Nueva Alianza, ha empleado los recursos del Ayuntamiento para su enriquecimiento personal, con el apoyo de otros funcionarios que permitieron el uso de empresas ‘amigas’ para cobrar por obras ‘fantasmas’, como fueron los trabajos de pavimentación y reacondicionamiento de domos deportivos. Pero las irregularidades del todavía edil no se limitaron al desvío del presupuesto, sino también a la promoción del ecocidio, como se puede ver en la “Laguna de los siete colores”, que ha sufrido una fuerte contaminación debido a que durante la gestión de Zetina se dio luz verde a trabajos en terrenos particulares utilizando materiales prohibidos por las autoridades ambientales. De esta manera, el principal atractivo turístico de la zona sur del Estado, que es visitado por miles de personas al año, está perdiendo poco a poco sus colores, lo que pone en riesgo la actividad económica. Mientras tanto, en el ámbito social, la cabecera municipal y las comunidades son presas de la delincuencia rampante, pues se han vuelto común los robos, ‘cristalazos’ a vehículos, la venta de drogas y las ejecuciones, por lo que Bacalar podría sufrir el mismo destino que hoy viven los habitantes del norte de la entidad. Hoy, tanto el alcalde como dos de sus principales colaboradores se alistan para enfrentar a la justicia, en un proceso que necesita replicarse en el resto de los Municipios, donde personajes como Otoniel Segovia (OPB), José Esquivel Vargas (FCP), Hermelinda Lezama (BJ) y Laura Beristain (SOL), entre otros más, no han hecho más que aumentar sus fortunas.
Javier Ramírez
La justicia estaría a punto de alcanzar finalmente al aún alcalde de Bacalar, Manuel Alexander Zetina Aguiluz, quien a lo largo de los dos periodos en los que estuvo al frente de la Comuna ha sido expuesto por incurrir en diversas irregularidades, como es el desvío de recursos, licitaciones a modo y ecocidio, entre otros delitos.
Para llevar a cabo estas operaciones fraudulentas, Zetina Aguiluz contó con el apoyo de varios funcionarios municipales, destacando el tesorero Juan Borges Chim, la síndico Sandra del Rocío Peraza Manrique y la coordinadora de Control Normativo en la Dirección de Obras Públicas, Marcia Geraldine Vázquez Cano.
Este 23 de agosto, Zetina, Borges y Peraza tendrían que presentarse a una primera audiencia mediante videoconferencia en el Juzgado Primero de Distrito Judicial de Chetumal, imputados por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, aunque existe la sospecha de que los dos últimos tienen varias semanas sin aparecer públicamente.
Triangulación de dinero
En marzo de 2018, la revista Construyendo, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), denunció que Alexander Zetina Aguiluz incurrió en el delito de desvío de recursos al incrementar los costos de la construcción de espacios y servicios públicos municipales, pero también por pagar estas obras como si ya estuvieran finalizadas, cuando la mayoría no registraba ni un avance del 40 por ciento.
Una de esas obras fue la construcción del andador peatonal de la Calle 36, para la cual supuestamente se invirtieron un millón 311 mil 517 pesos de recursos federales y municipales, y que según el cartel que habían colocado en la entrada del lugar había sido concluida el 18 de diciembre de 2017, aunque en realidad el camellón aún tenía expuestos los cimientos y los materiales de construcción seguían abandonados a un lado.
De igual manera, grupos ecologistas locales señalaron que el alcalde ordenó construir siete andadores (con una inversión que también supera el millón de pesos cada uno) para acceder a la laguna, pero con planchas de cemento, lo cual está prohibido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Para poder llevar a cabo dichas irregularidades, Zetina Aguiluz tenía un modus operandi: la mayoría de los proyectos de obra fueron presentados por Marcia Geraldine Vázquez Cano, coordinadora de Control Normativo en la Dirección de Obras Públicas, y no por el director de Obras Públicas, Emilio Padillo Contreras. Vázquez Cano no sólo decidía dónde invertiría los recursos presupuestarios del Ayuntamiento, sino que también se adjudicaría los trabajos de construcción de parques, salones escolares, pavimentación de calles, accesos a la laguna, etcétera, por medio de la empresa del constructor Alejandro Mendoza Rangel, de quien fue contratista durante el mismo tiempo en que coordinaba el área de control y seguimiento en Obras Públicas Municipales durante la administración de José Contreras Méndez.
En conjunto con el tesorero Juan Borges Chim, aunque no se concluyeran las obras, ella presentaba los documentos como si lo estuvieran. Entonces el tesorero realizaba el pago de los trabajos inconclusos, dividiendo las ganancias entre él, Marcia Vázquez, Alexander Zetina y la empresa constructora en turno.
Licitaciones a modo
El desvío de recursos, la complicidad y la sociedad de intereses del alcalde, fueron denunciados por la mayoría de los regidores del Cabildo, e incluso en abril de 2017, los concejales Oneyda Cuxim Irigoyen, Candita del Rosario Ku Loría, Justina del Pilar Cen Padilla, José Melchor Ávila, José Antonio Viveros Ayala y Miguel Ángel Ferral Medrano intentaron destituir a Borges Chim ante su renuencia a presentar información sobre las finanzas del Ayuntamiento.
José Melchor Ávila indicó que fueron personalmente a verificar muchas obras, por lo que se dieron cuenta que estaban inconclusas, pero a pesar de ello fueron pagadas y catalogadas como obras terminadas. “Fueron casi 42 millones de pesos los que fueron gastados por la Comuna en este concepto, pero como no tenemos ningún documento o dato para auditar las obras, no podemos saber cuánto fue desviado”, señaló en aquel entonces.
El año pasado, los excomisarios ejidales Román Guzmán Rosales y Juan Manuel Herrera acusaron a Zetina Aguiluz de haber amasado una fortuna de 15 millones de pesos durante sus dos periodos al frente del Ayuntamiento, con inmuebles que registró a nombre de familiares y/o prestanombres.
Mencionaron que Zetina otorgó contratos directos, sin licitación, a personas como Adriel Hu Deceano, a quien le otorgó 8 millones 232 mil 906 pesos para la pavimentación de calles, y a empresas como “Aceros y Perfiles del Caribe, S.A. de C.V.” y “Sack Construcciones y Maquinarias, S.A. de C.V.”, a las cuales encargó la remodelación de varios domos por la cantidad de 6.7 millones de pesos.
La corrupción de Zetina Aguiluz llegó a tal grado que la organización Antorcha Campesina, que durante años ha lucrado con la necesidad de la gente, principalmente con la invasión y compra de terrenos a ejidos, con los que ha obtenido ganancias de hasta 100 millones de pesos en la entidad, lo exhibió por no cumplir sus promesas de brindar los servicios públicos a los asentamientos Antorchistas.
Mientras tanto, el alcalde tiene ya entre su patrimonio dos hoteles, una casa con valor de dos millones de pesos, autos de lujo, una escuela privada y hasta un minisúper.
La denuncia
Sin embargo, pese a todas las acusaciones, no es sino hasta que está a unos meses de concluir su segundo mandato que Alexander Zetina por fin enfrentaría a la justicia, pues con base en una denuncia promovida por el regidor Juan Pablo García Ibarra, identificada en la carpeta administrativa 182/2021, ha sido imputado junto con el tesorero Juan Borges y la síndico Sandra Peraza por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.
Según la denuncia, los tres han hecho uso irregular de los recursos públicos, licitación y adjudicación ilegal de obras con el fin de enriquecerse.
Durante la última sesión de Cabildo, agentes de la Policía Ministerial de Investigación realizaron un operativo para buscar documentos y evidencias que relacionen a los tres con el delito imputado.
Zetina, Borges y Peraza estaban citados para una primera audiencia en el Juzgado Primero de Distrito Judicial de Chetumal, a las 13:00 horas de este 23 de agosto, pero los últimos dos llevan días sin aparecerse en el Ayuntamiento. Borges se reportó enfermo y Peraza tiene semanas sin acudir a las sesiones del Cabildo.