El medio de comunicación digital La Silla Rota publicó este lunes las revelaciones de un exverificador sanitario de la Dirección Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Depris), dependiente de la Secretaría de Salud de Quintana Roo (Sesa), sobre la existencia de una red para la extorsión de establecimientos dentro del organismo, y de cuyo diseño responsabilizó al exdirector Miguel Alejandro Pino Murillo, quien renunció al cargo luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) retiró al estado las facultades para verificar laboratorios y establecimientos de servicios médicos.
Dentro del modus operandi de la red se encuentran el uso de credenciales falsas de verificadores, la creación de una página falsa y cobros mensuales no reportados a hoteles, restaurantes bares y laboratorios de pruebas para detección de Covid-19, según lo dicho por Sergio Canto, quien trabajó como verificador sanitario para la Sesa, pero que asegura que renunció al notar que había una red paralela que trabajaba con credenciales falsas, las cuales incluían un código QR que redireccionaba al verificado a una página apócrifa de la Cofepris.
En la entrevista indica que toda esta operación era para cobrar sin reportar fiscalmente esos ingresos, y para sostener sus dichos, entregó al medio de comunicación digital documentos con los que se presentaban los supuestos verificadores a los locales, y en los que los encargados de los negocios checan el código QR, ingresan la página falsa de Cofepris, y al encontrar los nombres de los verificadores, ignorando que es apócrifa, confían y pagan trámites o incluso escuchan ofrecimientos para acelerarlos, a cambio de un cobro que no ingresa a las arcas oficiales.
“Para poder operar, Pino Murillo, quien dice ser cercano al gobernador Carlos Joaquín González, compró un dominio, como cualquiera puede hacerlo, pero era una página falsa, puso los logos de las Secretarías de Salud federal y la del estado, de la Cofepris, y debajo puso fotos de los supuestos verificadores con los nombres completos, él cargó un número de verificador y ponía ´Habilitado´.
Él hacía credenciales falsas, entonces cuando escaneabas el código te mandaba a la página falsa y si no sabes, pues dices ‘ok’ y sale la foto del verificador”, relató en la entrevista.
“Es usurpación de funciones, no están dados de alta en el sistema, no tienen contrato ni estatal ni federal, cualquiera podía ser verificador y Pino Murillo estuvo poniendo a sus primos, cuñados, amigos, a sus vecinos y al final era para extorsión, todos le correspondían con la recaudación. Todos le respondían a él en lo personal, y él no le respondía al gobernador”, agrega.
Además de las credenciales y la página, también duplicaban folios de documentos que llegaban de la federación, dice Sergio Canto.
Los documentos, aunque sí incluyen logos oficiales, deben ser en papel seguridad, pero estaban hechos sobre papel bond.
Entre los clientes de la red están casinos, hoteles, restaurantes, bares, que necesitan hacer 4 trámites ante la Depris, como intermediaria y representante de la Cofepris: aviso de funcionamiento y apertura de cualquier establecimiento; dictamen sanitario, que sirve para temas de hospedaje, para establecimientos que venden bebidas alcohólicas o alimentos; luego se creó una constancia de cumplimiento de protocolos y medidas de prevención Covid-19, y esa constancia decía que si acreditaban cumplir todas las medidas, se la daban, pero en realidad los lugares no se verificaban y se cobraba a discreción.
Además, había una constancia para establecimientos pequeños, por el cual cobraban 3 mil pesos, pero si era un hotel cobraban hasta 50 mil, y esa constancia no está regulada dentro del sistema de gobierno federal, ya que no existe ese concepto, afirma el exempleado de Cofepris.
“Él les decía que, si su establecimiento u hotel incluía bar, spa o restaurante, cada uno debía tenerla”.
A los casinos les cobraban al mes hasta 200 mil pesos mensuales por tener su área de fumadores abierta. También se les impuso una especie de cobro de piso a laboratorios por pruebas rápidas de detección de Covid-19, y por cada prueba que realizan deben pagar 100 pesos y entregarle cada semana el monto.
“Decía que esos 100 pesos eran para el estado, para que no lo molestaran. No sé cómo le hacían”.
Otro negocio eran las tarjetas de salud para que personal encargado de brindar alimentos y bebidas, trabajara certificado en restaurantes y hoteles.Las entregan, porque la red continúa, a cambio de 285 pesos y la hacen renovarse quincenalmente. Es un negocio lucrativo ya que, al tratarse de una zona turística, hay muchas personas que las necesitan, y si no la portan pueden hasta clausurar al negocio.
Canto dice que él formó parte de la Depris en el estado, pero al darse cuenta de la red paralela, renunció.
“Cuando el tema explotó porque la gente no confiaba en Cofepris, me rebelé, dije ya no puedo seguir trabajando, que me mandes a cobrar y se vean los papeles falsos. Él dijo ‘no pasa nada, el gobernador nos respalda”.
Sergio Canto asegura que a los verificadores que no estaban de acuerdo, Pino Murillo los amenazaba telefónicamente, quien además se jactaba de que no le podían hacer nada, porque supuestamente contaba con el respaldo del gobernador, Carlos Joaquín González.
“Aumentó su nivel de vida, cuando inició la administración andaba en auto normal y ahora tiene 6 casas y más de 10 a 12 vehículos, cuatro blindados. Además, trae 3 escoltas armadas”, afirma.
Dice que la red abarca de Tulum a Isla Mujeres y uno de sus presuntos brazos es el coordinador de la Depris de la zona centro, Francisco Javier Toledo Alvarado, quien se mantiene en el cargo y opera en Tulum, Cozumel y Playa del Carmen.
Es el mismo que hace dos meses salió mencionado en dos mantas donde lo acusaban de extorsionar y en la sede de la Depris le dejaron una lengua de res para amenazarlo de que dejara de hacerlo.
Canto recuerda que las credenciales falsas fueron descubiertas cuando un hotel sí cotejó la página, lo cual ocurrió hace unos 4 meses. A finales de octubre de este año, Pino Murillo presentó su renuncia, para lo cual argumentó que fue debido a cuestiones de salud. Sin embargo, de acuerdo con Canto, la estructura que quedó aun trabaja para él.
“Sigue cobrando cuotas a establecimientos, esto no ha parado. Ya cobra pagos mensuales o cuotas incluyendo hoteles, restaurantes y bares”.
Quien quedó como interina en su lugar fue la exencargada de Bienes y Servicios de la Depris, Andira Aracely García Candelario, con quien presuntamente sostiene una relación sentimental.
“Quedó ella hasta este mes, cuando el gobernador designó a otra persona ya no relacionada con Pino Murillo “.
Cuestionado sobre si Cofepris a nivel federal ha hecho algo al respecto, él cree que no tienen la menor idea de lo que pasa.
“No creo que sepan que el gobernador nombró a un director de Cofepris, lo que hizo el anterior y que sacó gente y empezó a meter a sus amigos y familiares. Cofepris ahora es un caos en materia interna, nadie está verificando, no existen órdenes de aprehensión, no hay dictámenes sanitarios, porque García Candelario quería poner órdenes, pero no quería firmar documentos porque tiene miedo. Entonces no están recaudando, pero por fuera siguen cobrando”.
De acuerdo con otra fuente, también Pino Murillo tendría una supuesta participación en la expedición de estos permisos. Además, parte de lo recaudado sería para financiar la campaña oficialista a gobernador, que se celebrará el próximo año.
Cabe recordar que el pasado 21 de octubre, la Cofepris retiró a la Sesa la facultad de supervisar los establecimientos que prestan servicios de salud en Quintana Roo, al detectarse actos de corrupción, extorsiones, mordidas, sobornos y complicidad cometidas por verificadores estatales.
Lo anterior además ameritó abrir una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que también se encuentre en curso una carpeta en la Fiscalía General de la República (FGR).Los verificadores estatales eran de la Dirección Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Sesa, encabezada por Miguel Pino Murillo, pero a los que coloquialmente se identifica como verificadores de la Cofepris, dado que ejercen facultades que corresponden al organismo federal como parte de un convenio de coordinación con el estado.
Luego de que se retiraran parte de estas facultades al estado por las denuncias de corrupción, Miguel Pino Murillo renunció a la dirección de la Depris, alegando motivos de salud y asegurando que no está sometido a investigación federal.