CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga un presunto desfalco millonario cometido en 2017 en SuperISSSTE –tiendas de autoservicio del ISSSTE–, que en 2015 entró en una severa crisis, al cerrar 224 tiendas y desde entonces dejar de cumplir el precepto constitucional que obtuvo hace 65 años.
La investigación que había prescrito tiene un nuevo curso debido a la denuncia de Gerardo Lozano Dubernard, exauditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reactivada por la FGR el 3 de junio de 2024. Está basada en la auditoría 260-DS realizada por la ASF.
La litis del caso es que hubo una simulación en la compra-venta de distintos productos y que gran parte de éstos, como útiles de oficina, herramientas menores, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, materiales y artículos de construcción, mobiliario, blancos y ropa hospitalaria, ropa quirúrgica e imprenta, comercializados supuestamente entre el SuperISSSTE con el ISSSTE, pero no se entregaron.
Originalmente la cantidad relacionada con el presunto desfalco ascendía a mil millones de pesos. El monto señalado en la investigación en curso desde 2024 por la denuncia de Lozano Dubernard es de 478 millones 351 mil 655 pesos. Se estima, de acuerdo a las investigaciones y aclaraciones por parte de SuperISSSTE, que el daño al erario público ronda los 61 millones de pesos.
Esta investigación dejó al descubierto que desde hace 30 años el SuperISSSTE no cumple con su objetivo constitucional de “tiendas económicas en beneficio de los trabajadores y sus familias”, que establece el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso e de la Carta Magna.
Al cierre del Ejercicio Fiscal 2019, los ingresos del SuperISSSTE fueron de 917 millones de pesos, lo que equivale a un decremento de 45.1 por ciento respecto a 2018, según el Informe Financiero y Actuarial (IFA) de 2020.
El momento de la mayor crisis para SuperISSSTE ocurrió entre 2013 y 2019 –tiempo del desfalco que investiga la FGR–, los ingresos de Super-ISSSTE reportaron un decremento promedio anual de 27.4 por ciento. El principal motivo fue que en 2015 cerraron 224 tiendas, de las 294 existentes entonces, según el Acuerdo SUP.CDSE.II.766.2015 donde el Consejo Directivo de SuperISSSTE autorizó este hecho.
Estos cierres provocaron la disminución del volumen de venta en las 68 tiendas que quedaron en servicio al público. Actualmente operan 61 tiendas a nivel nacional; en 2022 se cerraron otras 7 tiendas.
Más del 80% de los ingresos de SuperISSSTE son producto de “operaciones irregulares”. Sus principales clientes son dependencias de gobierno y es utilizado “como intermediario” de empresas privadas para saltarse normas de adquisiciones, según la auditoría 260-DS de la ASF.
Entre los principales motivos por los que SuperISSTE dejó de ser rentable fue la competencia de los grandes almacenes de autoservicio, ya que al comprar en grandes cantidades los precios de los productos que se ofrecen son más bajos, que los que pueden alcanzar estas tiendas gubernamentales.
En una carpeta de investigación de la FGR de 2021, producto de la denuncia de la ASF, donde los señalados como responsables de uso indebido de atribuciones y facultades son Minerva Castillo Rodríguez, directora de administración del ISSSTE de septiembre de 2015 a enero de 2018; Francisco Javier Ortiz Villanueva, subdirector de Administración, Recursos Materiales y Servicios; y José Remedios López Sánchez, jefe del Departamento de Adquisición de Bienes de Consumo.
En la nueva indagatoria del 3 de junio de 2024, la exdiputada priista Minerva Castillo Rodríguez ha sido deslindada de responsabilidades, ya que su nombre no figura en la lista contra quienes Blanca Flor Ramón Peralta, fiscal especial de la Fiscalía en Combate a la Corrupción, solicitó el ejercicio de la acción penal y vinculación a proceso como presuntos responsables de los hechos constitutivos de delito.
En cambio, la fiscal Ramón Peralta imputó a tres exfuncionarios del ISSSTE, que originalmente no estaban implicados en el caso, se trata de Raúl Cerón, subdirector de Abasto de SuperISSSTE entre enero de 2013 y enero de 2016; Juan Nazario Ahuactzin Ponce, director de Administración entre 2013 y 2015, y José Castañeda Murillo, sobrino del exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam, quien sustituyó a Raúl Cerón hasta 2018.
La investigación del caso tiene que ver con hechos ocurridos en 2017, cuando el ISSSTE adquirió de Super-
ISSSTE diversos productos por una cifra cercana a los mil millones de pesos.
En la auditoría 260-DS realizada por ASF de la Cuenta Pública 2017 se detectaron diversas irregularidades en el proceso de entrega. La ASF concluyó que se efectuó una simulación y gran parte de los productos no se entregaron.
En marzo de 2021 la ASF presentó una denuncia de hechos por un presumible daño al erario público por más de 61 millones, en la que originalmente se imputaba responsabilidad a Castillo Rodríguez, que era la directora de administración del ISSSTE entre octubre de 2015 y enero de 2018, periodo durante el cual se cometieron y se detectaron las irregularidades; Francisco Javier Ortiz Villanueva, y José Remedios López Sánchez.
Castillo Rodríguez fue quien firmó, en enero de 2017, un adendum a unas bases de colaboración suscritas entre ISSSTE y SuperISSSTE de 2014, mismo que modificaba sustancialmente el objeto de las bases del 2014.
No obstante, ello, cuando la Fiscalía Especializada solicitó el ejercicio de la acción penal y vinculación a proceso de varias personas como presuntos responsables de los hechos constitutivos de delito, inexplicable e injustificadamente no se incluyó a Minerva Castillo, y hasta la fecha no se ha hecho algo al respecto.
El Ministerio Público federal ya solicitó que se programe fecha y hora para la audiencia inicial de imputación para cinco exfuncionarios federales, señalados, salvo la exdirectora de administración del ISSSTE, Castillo Rodríguez, que llegó a la dependencia junto con el exgobernador de Chihuahua Francisco Reyes Baeza.
Fuente: Excélsior