Signos
No sólo se trataría, para servir de algo, de la simplificación absoluta del financiamiento público a los partidos y la suspensión definitiva del uso discrecional y cupular del mismo en ellos, cuya corrupción, además del enriquecimiento ilegal de sus élites dirigentes, incluye el condicionamiento de candidaturas y negociaciones de interés que se convierten en enemigas contundentes y filosas de la representación popular y de la legitimidad democrática.
No sólo de la eliminación de curules ‘plurinominales’ o de la llamada ‘representación proporcional’, que en lugar de representar minorías y equilibrios parlamentarios favorecen el negocio de propietarios de franquicias partidistas que negocian sus cuotas pírricas -de militantes, sufragios y legisladores títeres ganados en la feria de la democracia bufa de esa representación proporcional- como ‘partidos bisagra’ que hacen la diferencia en favor de uno u otro de los grandes bandos ‘ideológicos’ en pugna, y en cuya bisutería decisiva construyen su lucrativa industria de la usurpación de la ‘voluntad mayoritaria’ consiguiéndose participaciones crecientes del erario pero, sobre todo, alianzas tan depredadoras -como las que ha fincado el Verde con el PRI o con el PAN o con lo que fue el PRD y ahora con el partido obradorista de la regeneración moral, Morena, nacido de aquel, donde, si le conviene a su dueño y patriarca, el Niño Verde, infiltra y disfraza de morenistas guindas a sus mercenarios verdes para hacerlos candidatos y Alcaldes o Legisladores o Gobernadores- que convierten Estados completos, como los de Quintana Roo y San Luis Potosí, en territorios de inversión y vastas ganancias particulares, y donde participan, mafias que son, en los negocios del crimen organizado, imponiendo, del mismo modo que Presidentes y Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscales que controlan policías estatales y municipales que bien pueden ser sicarios o garantizar la impunidad que estos y otros afanadores del narcoterror y el tráfico ilegal de combustibles y de las demás empresas criminales en que operan, como el trasiego de indocumentados y la trata de mujeres, requieren para el cumplimiento de sus cometidos.
No sólo de todo eso se trataría, para servir de algo, la tal reforma. Sino, sobre todo, del fin del ‘financiamiento negro’ de candidaturas y campañas electorales; de una barredora terminal contra la cuantiosa desviación ilícita de recursos presupuestarios federales, estatales y municipales para el fondeo proselitista de los elegidos por gobernantes y grupos empresariales y dirigentes partidistas como candidatos defensores de sus intereses en los miles de posiciones y cargos de representación popular y de elección que se disputan en los comicios del país; del desmantelamiento de ese desvío criminal de dinero y bienes públicos, en efecto, tan propio de la tradición política y de la cultura de la imbatible corrupción nacional, para hacer ganar elecciones y llevar a los lugares de decisión más importantes de cada demarcación republicana y en nombre de las mayorías populares, a quienes de ese modo legitiman, dentro del orden constitucional, su reprobable naturaleza delictiva de falsos representantes populares.
Es decir: supondría la devastación total de ese ‘financiamiento negro’ robado del erario, sí, y con el que no ha podido institucionalidad electoral ni anticorrupción ni jurisdiccional ni autoridad ninguna.
Pero más, todavía, que la eliminación de ese financiamiento público negro por parte de la barredora de la reforma electoral, implicaría la derogación del otro financiamiento: el que aportan los grupos sintetizados de la delincuencia política y del crimen organizado que participan cada vez más y de manera también más conocida y tolerada -porque las estructuras políticas y electorales y de los sistemas de Seguridad y de Justicia que debieran impedirlo están, asimismo, más contaminadas por esa criminalidad- en los procesos electorales, y donde hacen ganar o eliminan, con plata o plomo, a los candidatos inconvenientes, y por lo que las autoridades y las representaciones públicas han terminado por configurar un perfecto narcoEstado de derecho.
Porque el dato de especialistas electorales reconocidos establece un aproximado superior a las dos terceras partes del costo de las elecciones mexicanas el que se financia con ese llamado ‘dinero negro’. Un crimen atroz, si ya de por sí los comicios mexicanos están, en términos de gasto legal, entre los más costosos del mundo.
Del tamaño de todo eso es, entonces, el reto de la reforma electoral, o del cumplimiento de la utopía en el financiamiento de los comicios y la supresión de la oscuridad económica de la que emergen casi todos los llamados representantes populares y las autoridades responsables de combatir la violencia, la ilegalidad y la inseguridad.
Porque si ha de culminar en un mamarracho similar al de la reforma judicial y cuyos resultados impongan un totalitarismo reformado y constitucionalizado pero con los mismos vicios que el de los viejos tiempos tricolores, se habrá cerrado el ciclo de la transformación nacional revolucionaria, el iniciado por el ‘Jefe Máximo’ tras la muerte de Obregón (claro, con las formas modernas de pueblos democráticos inciviles como el de El Salvador: las formas del mal menor de un régimen absolutista pero que garantiza mayores bienes sociales, por lo menos en el principio, que los anteriores consagrados sólo a la corrupción, y por tanto de suprema popularidad, aunque, a diferencia de El Salvador donde el Presidente Nayib Bukele sólo es él y su circunstancia libre de competidores para enfrentar el crimen sin rendirle cuentas a nadie y seguir con sus bártulos dictatoriales hasta donde se tope con otro poder igual, en México el grupo obradorista hegemónico al frente del Estado se parte en flancos de guerra facciosa donde los roedores de la regeneración moral, libres de su jefe máximo, carcomen y desgajan los pilares de polvo de su prédica de propaganda, si bien los fieles masivos de la misma y sus beneficiarios del reparto directo de los dineros del Bienestar hacen oídos sordos a esa confrontación intestina y siguen adelante con el oxígeno presupuestario y constitucionalizado del Bienestar, haciendo fuerte en las encuestas la figura sucesoria del ‘bastón de mando’ de Andrés Manuel, bajo el acoso intervencionista, arancelario, migratorio y anticrimen de Donald Trump.)
SM