CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, un nuevo marco jurídico que homologa el tipo penal en todo el país, endurece las sanciones para delincuentes y funcionarios, protege a las víctimas e impone reglas precisas para impedir que en los reclusorios se utilicen celulares y otros dispositivos electrónicos.
El dictamen, aprobado con 110 votos a favor y cero en contra, se devolvió a la Cámara de Diputados, con 21 cambios a 15 artículos más la inclusión de un transitorio.
El documento se discutió ayer en una sesión vespertina en que el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, destacó que “la extorsión no solamente afecta el patrimonio, (sino) despoja a las personas de su tranquilidad, dignidad y sentido de comunidad”.
De ahí que, resaltó, la reforma “da a las instituciones del Estado mexicano y dentro de ellas al Senado de la República, la oportunidad de demostrar, sin ambages, que México no tolerará ese delito en ninguna de sus formas”.
A su vez, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, sostuvo: “No hay duda, hoy se consolida un mejor instrumento al servicio del pueblo mexicano, para cerrarle todas las rendijas a los extorsionadores y acotar la impunidad de este lacerante delito, el tercero de mayor incidencia en el país”.
Explicó que se cambió el tipo penal básico establecido por los diputados porque, “de mantener la sanción de seis años a 15 años abriría las puertas para que las personas sancionadas por esa conducta pudieran solicitar la libertad anticipada aprovechando la aplicación retroactiva en su beneficio”. Por esa razón, “consideramos aumentar la penalidad mínima a 15 años y la máxima a 25 años”.
Se establece un marco jurídico uniforme que permita combatir eficazmente el delito de extorsión en todo el territorio nacional, al configurar una definición que integre todos los elementos del tipo penal a la luz de la evolución de esta conducta ilícita, recalcó Inzunza.
La pena de 25 años se elevará de acuerdo con el daño que se cause y puede llegar hasta a 42 años si la extorsión la lleva a cabo un delincuente preso, se utilice la violencia, participe algún miembro de la delincuencia organizada y en los casos de los denominados montachoques y montadeudas.
Las extorsiones por vía digital alcanzan hasta 37 años, según se establece en el artículo 14, cuya redacción se modificó ayer, a través de una reserva presentada por el senador de Morena Ignacio Mier, para cambiar la expresión “utilización de medios de comunicación” por la de “utilización de dispositivos, servicios o plataformas y cualquier otro medio electrónico”.
Mier expuso que “las plataformas y las telecomunicaciones son los medios más directos para extorsionar con impunidad, suplantar identidad e incluso un delincuente puede cometer el delito desde su celda”.
Plazo para inhibir llamadas
Por ello, los centros de readaptación tendrán un plazo de seis meses, luego de promulgada la ley, para establecer los procedimientos y tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen.
Además, habrá prisión de seis a 12 años para los reos a quienes se encuentre un celular u otros dispositivos electrónicos en los penales. Igual sanción se aplicará a los funcionarios y demás personal de los centros carcelarios que permitan la entrada de los mismos.
Otro cambio que los senadores hicieron a la minuta fue para establecer de 10 a 20 años de prisión a funcionarios del Ministerio Público, policías y empleados de reclusorios que no denuncien delitos de extorsión. En San Lázaro se había bajado de cinco a 12 años.
La oposición votó a favor de la ley, aunque en la discusión panistas y priístas sostuvieron que la legislación llega tarde y advirtieron que no hay un presupuesto específico para echarla a andar.
Fuente: La Jornada