CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal formalizó la expropiación de más de 51 mil metros cuadrados de terrenos de propiedad privada en cinco estados del sureste del país para la ampliación del Proyecto Tren Maya.
De acuerdo con un decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se autorizó la expropiación de una superficie total de 51 mil 187.83 metros cuadrados, correspondientes a 21 inmuebles ubicados en municipios de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Los inmuebles son uno en el municipio de Palenque, Chiapas; tres en Balancán, Tabasco; uno en Candelaria, tres en Champotón, dos en Campeche y uno en Dzitbalché, estado de Campeche; dos en Izamal, uno en Chocholá y uno en Tinum, Yucatán; así como tres en Benito Juárez, uno en Puerto Morelos, uno en Tulum y uno en Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo.
Los predios serán destinados a la construcción de los tramos 1 al 6 del Tren Maya y pasarán a propiedad de la Federación, a través de la empresa Tren Maya, S.A. de C.V.
En el documento oficial, el Gobierno federal justifica la medida al señalar que el proyecto ferroviario tiene como objetivo impulsar el desarrollo socioeconómico y turístico del sureste de México, fortalecer la conectividad regional y promover la integración de cadenas productivas en la península de Yucatán.
Asimismo, el decreto establece que la Federación deberá cubrir las indemnizaciones correspondientes a los propietarios de los terrenos expropiados, mientras que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) queda facultada para la ocupación inmediata de los predios, con el fin de no interrumpir los trabajos de construcción.
El Gobierno federal también señala que el Tren Maya funcionará como un corredor humanitario para facilitar la entrega de apoyos alimentarios y médicos a comunidades indígenas y poblaciones marginadas del sureste, además de considerarse un elemento estratégico para la protección de costas y zonas fronterizas con Centroamérica.
En cuanto a los impactos ambientales del proyecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó en 2025 que se analizan diversas alternativas para corregir daños ocasionados a cenotes y selvas tropicales de la península de Yucatán.
Entre las medidas evaluadas se encuentran el retiro de vallas instaladas a lo largo de las vías, la creación de nuevas áreas naturales protegidas y la prohibición de nuevas carreteras que conecten el tren con desarrollos turísticos en zonas de difícil acceso dentro de la selva.
Durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados en 2025, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, señaló que el proceso de regularización del Tren Maya contempla la imposición de condicionantes ambientales y acciones de compensación, como programas de reforestación, a cargo de un grupo interinstitucional integrado por la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la empresa Tren Maya.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en octubre pasado que toda obra pública debe cumplir con la presentación de una manifestación de impacto ambiental y aplicar medidas de mitigación para prevenir, reducir o compensar las afectaciones al entorno natural.