CAMPECHE.- La bancada de Morena en el Congreso de Campeche se fracturó luego de que 10 de sus 16 integrantes rompieron políticamente con la gobernadora Layda Sansores, a quien acusaron de ejercer persecución política en su contra. En ese contexto, y ante el temor de ser detenidos, los legisladores promovieron y aprobaron la restauración del fuero constitucional, figura que había sido abrogada en 2016.
El domingo, tras la sesión para instalar el periodo ordinario de sesiones de la 65 Legislatura estatal, los alrededores del Palacio Legislativo fueron cercados por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE). Trascendió que existían órdenes de aprehensión contra al menos dos diputados, entre ellos el coordinador parlamentario de Morena, José Antonio Jiménez.
Durante la sesión, Jiménez denunció públicamente ser víctima de persecución política. Afirmó que “la dignidad no se negocia ni se administra, incluso cuando hacerlo cuesta y duele”, y sostuvo que “la transformación no puede construirse con imposiciones y persecuciones”. En respuesta a publicaciones de medios afines a la gobernadora, que lo calificaron como traidor, el legislador replicó que “resistir no es traicionar, sino legislar con el pueblo en el corazón”.
El conflicto entre el grupo parlamentario y la mandataria estatal se intensificó desde mediados de diciembre pasado, cuando el Congreso recibió la iniciativa de Ley de Ingresos 2026, que contemplaba la contratación de deuda pública por mil millones de pesos. Jiménez señaló entonces que la propuesta sería analizada a fondo y que se buscarían alternativas para evitar endeudar al estado.
Estas declaraciones molestaron a Layda Sansores, quien acusó a Jiménez de traicionar la confianza de quienes lo llevaron al cargo en noviembre de 2023, tras la destitución del anterior coordinador de la bancada, Alejandro Gómez, con quien la gobernadora también mantuvo diferencias y quien falleció posteriormente a causa de una enfermedad terminal.
Aunque el Congreso aprobó la contratación de deuda, imponiendo candados a su ejercicio, las tensiones no se disiparon. Incluso el dirigente estatal de Morena, Érick Reyes, calificó a Jiménez Gutiérrez como traidor y lo responsabilizó de dividir a la bancada.
El rompimiento se confirmó el sábado previo, durante la sesión para elegir a la mesa directiva del actual periodo ordinario. Diputados morenistas afines a la gobernadora se aliaron con Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PT y PVEM para imponer como presidente de la mesa directiva al legislador emecista Paul Arce. Jiménez y los nueve diputados que lo respaldan votaron en contra.
Pese a que la FGE negó que el despliegue de agentes ministeriales alrededor del Palacio Legislativo tuviera como objetivo detener al coordinador de Morena, Jiménez optó por no abandonar el recinto. Permaneció en sus oficinas y pernoctó ahí acompañado por legisladores de su grupo.
En ese contexto, el bloque afín a Jiménez sesionó para destituir como vicecoordinadores parlamentarios a Jorge Pérez y Verónica Roca, identificados con la gobernadora, y designó en su lugar a Omar Talango e Ismael López.
Además, en sesión reservada, los diputados aprobaron reformas a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para restituir el fuero constitucional. Ningún legislador confirmó oficialmente la aprobación de dichas reformas, argumentando que la ley les impide revelar lo discutido en sesiones privadas.
La restitución del fuero beneficia directamente a por lo menos tres diputados locales, entre ellos José Antonio Jiménez, quien es investigado por la Fiscalía Estatal Anticorrupción por presunto desvío de recursos, sin que hasta ahora se haya informado el monto del daño patrimonial que se le imputa.
También resulta favorecido el diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Alfredo Arce, actual presidente de la mesa directiva, quien fue vinculado a proceso por un juez federal por presuntos desvíos cometidos cuando fue presidente municipal de Campeche en 2021. Aunque se habría liberado una orden de aprehensión en su contra, ésta no ha sido ejecutada.
Otro caso es el del diputado morenista Gaspar Nah, quien enfrenta denuncias penales de su ex esposa y de sus hijos por presunto incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. Tras alinearse con el grupo de Jiménez, las carpetas de investigación en su contra fueron reactivadas.
Con la aprobación de la reforma que devuelve el fuero y una vez que el decreto sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, los legisladores no podrán ser detenidos sin que previamente se lleve a cabo el procedimiento de desafuero. La otra vía es que la gobernadora Layda Sansores ejerza su derecho de veto, lo que impediría la entrada en vigor de la reforma.