CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que la iniciativa de reforma electoral busque instaurar un “partido de Estado”, como señaló el Partido del Trabajo (PT) en un desplegado reciente. Afirmó que, por el contrario, la propuesta pretende “recuperar la esencia de la democracia” y fortalecer la representación popular.
Durante su conferencia, la mandataria sostuvo que su gobierno no impulsaría un modelo autoritario. Recordó que el concepto de “partido de Estado” corresponde a etapas del pasado político del país y subrayó que la iniciativa mantiene la representación proporcional, pero plantea modificar la forma en que se definen las diputaciones plurinominales.
Explicó que uno de los ejes centrales es que las candidaturas de representación proporcional no sean determinadas por las dirigencias partidistas, sino mediante el voto ciudadano. “La democracia es el poder del pueblo, no de los partidos políticos”, enfatizó.
El segundo punto, agregó, es la reducción de costos del sistema electoral, incluidos los recursos destinados a partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales electorales y a los propios legisladores federales y locales. Señaló que el objetivo es disminuir el gasto de la representación política y de los procesos comiciales.
El posicionamiento presidencial surge luego de que el PT advirtiera que la reforma podría significar un retroceso democrático y afectar el sistema de partidos. En días recientes, también el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha expresado reservas sobre la propuesta.
Asimismo, la presidenta se refirió a otro desplegado firmado por figuras como Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida Ochoa y Carlos Alcocer, a quienes vinculó con el periodo político asociado al expresidente Carlos Salinas de Gortari.
En el contexto del debate legislativo, Sheinbaum indicó que su administración también analiza las fechas para una eventual revocación de mandato y para la elección de integrantes del Poder Judicial, ejercicio que podría realizarse en 2028, dependiendo del avance y aprobación de la reforma en el Congreso.
La viabilidad de la iniciativa dependerá del respaldo de los partidos aliados en el Poder Legislativo, en un escenario donde han surgido diferencias al interior del bloque oficialista.