CIUDAD DE MÉXICO.- En un acuerdo estratégico orientado a la eficiencia presupuestaria, la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han pactado una reducción sustancial a la denominada “burocracia dorada” del máximo ente fiscalizador del país. El plan contempla un recorte del 10% en los salarios de mandos medios y superiores, así como una modificación integral al organigrama interno que busca compactar direcciones generales para optimizar los recursos públicos.
Para este ejercicio 2026, la ASF opera con un presupuesto de dos mil 822 millones de pesos, donde las percepciones mensuales netas alcanzan los 151 mil 869 pesos para el Auditor Superior y escalas superiores a los 117 mil pesos para directores generales y secretarios técnicos. De acuerdo con la minuta de una reunión privada entre la Comisión de Vigilancia y el equipo del nuevo auditor, Aureliano Hernández Palacios Cardel, el ahorro generado por estos ajustes salariales se destinará a equilibrar las percepciones del personal operativo y evitar la existencia de “funcionarios de primera y de segunda”.
El objetivo central de esta reestructura es que las fiscalizaciones dejen de ser simples observaciones sin consecuencias legales. “El objetivo es que las sanciones no sean llamados a misa, se recuperen los recursos observados en las auditorías y haya denuncias y castigos penales”, señala el documento al que se tuvo acceso, subrayando la urgencia de fortalecer los equipos técnico-operativos para garantizar que el dinero público desviado retorne al erario.
El plan de acción, que el auditor Palacios Cardel proyecta ejecutar en un plazo de 100 días, incluye la creación de una nueva Secretaría General y la habilitación de seis auditorías especializadas. Esta reingeniería prevé cambios profundos en áreas críticas como la Auditoría Especial de Desempeño, la Unidad Técnica, la Dirección Jurídica y la de Enlace Legislativo, buscando una alineación total con los principios de austeridad y eficiencia operativa.
Finalmente, la estrategia de fiscalización se extenderá a nivel local mediante la firma de convenios con auditorías estatales para establecer un sistema de vigilancia mutua. Esta medida busca erradicar omisiones o malas prácticas en las entidades federativas, otorgando una prioridad sin precedentes a la fiscalización de los municipios más pequeños, con el fin de asegurar que la transparencia llegue a todos los niveles de la administración pública.