CIUDAD DE MÉXICO.- En un movimiento jurídico de alta relevancia para el estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza la posibilidad de atraer el incidente de suspensión relacionado con el juicio de amparo indirecto 1323/2023, instrumento legal mediante el cual la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan) mantiene vigente su concesión para el servicio de agua potable y alcantarillado en diversos municipios de Quintana Roo.
La solicitud, que ha quedado registrada bajo el número de expediente 229/2026, fue promovida formalmente por la ministra Loretta Ortiz Ahlf. La propuesta plantea que el máximo tribunal del país ejerza su facultad de atracción para revisar el recurso derivado de un fallo previo emitido por un juzgado de distrito en la entidad, el cual ha blindado la operación de la empresa frente a los intentos de revocación por parte del Poder Legislativo local.
Dicho recurso legal permitió a la concesionaria obtener y mantener una suspensión definitiva contra el Decreto 195, aprobado por el Congreso de Quintana Roo. Este decreto busca cancelar formalmente el contrato de operación de Aguakan en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad (Playa del Carmen), basándose en los resultados de la consulta popular y diversas revisiones al cumplimiento del contrato.
De concretarse la atracción por parte de la SCJN, el análisis de los ministros se centraría exclusivamente en la medida cautelar de la suspensión, sin entrar por el momento al fondo del conflicto legal que enfrenta al Gobierno del Estado con la empresa privada. Bajo esta premisa, la intervención del alto tribunal se limitaría a determinar si la suspensión otorgada a la empresa debe prevalecer mientras se resuelve el juicio principal.
Este escenario jurídico guarda similitud con el reciente caso de Grupo Xcaret, donde la Suprema Corte resolvió sobre un aspecto específico de suspensión sin intervenir en la totalidad del litigio. De igual forma, la eventual intervención del máximo tribunal en el caso Aguakan podría definir el rumbo inmediato de la prestación del servicio concesionado, aunque la batalla legal de fondo continuará su curso en las instancias correspondientes del Poder Judicial de la Federación.