CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera emitió una notificación dirigida a instituciones financieras del país para ordenar el bloqueo inmediato de cuentas bancarias relacionadas con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázares; familiares del mandatario estatal y otros funcionarios señalados en investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico en una Corte de Nueva York.
La medida fue emitida mediante el Acuerdo 156/2026, fechado el pasado 6 de mayo, y difundida al sistema financiero nacional a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
De acuerdo con la información difundida, el bloqueo implica la suspensión total de operaciones bancarias y el congelamiento de activos financieros dentro del sistema mexicano.
El acuerdo habría sido notificado mediante el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI), utilizado para comunicar alertas relacionadas con prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a oficiales de cumplimiento de entidades financieras.
Según el procedimiento, las instituciones bancarias cuentan con un plazo de hasta 10 días hábiles para ejecutar el bloqueo y cancelar cualquier operación relacionada con las personas incluidas en la lista.
El congelamiento financiero ocurre en medio de investigaciones y acusaciones presentadas en Estados Unidos, donde fiscales federales solicitaron órdenes de detención con fines de extradición contra diversos funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados de presuntamente colaborar con el grupo criminal conocido como “Los Chapitos”.
Las acusaciones apuntan a una supuesta red de protección política, financiera y policial que habría facilitado operaciones de narcotráfico y tráfico de armas desde Sinaloa hacia territorio estadounidense.
Entre las personas mencionadas en las investigaciones se encuentran mandos policiales, funcionarios estatales y municipales, además de familiares de Rubén Rocha Moya.
Hasta el momento, el Gobierno de México no ha confirmado públicamente órdenes de captura contra los señalados. Sin embargo, la administración de Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que cualquier procedimiento relacionado con extradiciones deberá apegarse al marco legal mexicano y a los tratados de cooperación bilateral vigentes con Estados Unidos.
En días recientes, la presidenta sostuvo que no se protegerá a ningún funcionario si existen pruebas suficientes para acreditar la comisión de delitos, aunque insistió en que cualquier proceso debe sustentarse jurídicamente y respetar el debido proceso.