CHETUMAL.- La separación de trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) podría afectar el acceso a la justicia de personas de bajos recursos al limitar la elaboración de estudios socioeconómicos utilizados como prueba en diversos procesos judiciales, advirtió la asesora jurídica del organismo, Carmina Gutiérrez Mena.
La especialista informó que más de 40 analistas especializadas en trabajo social, una por cada entidad federativa, recibieron la notificación de conclusión de su nombramiento, incluida la profesionista adscrita al estado de Quintana Roo.
Explicó que estos dictámenes permiten acreditar la situación económica de las personas usuarias y son fundamentales para solicitar diversos beneficios ante las autoridades judiciales.
Entre ellos mencionó la reducción de multas, la exención de pagos, la cancelación de costos por publicación de edictos y otras medidas que pueden facilitar el desarrollo de un procedimiento legal.
“La realidad es que a quien más sale afectado aquí, yo considero que es la población. Hay muchas personas que a lo mejor estaban en espera de algún dictamen para una reducción de alguna multa, cancelación del pago de algún edicto para que prospere su juicio o alguna situación en un juicio”, manifestó.
Gutiérrez Mena señaló que las trabajadoras sociales también desempeñaban funciones de atención directa a la ciudadanía, promovían los servicios que ofrece la Defensoría Pública y colaboraban en distintos programas institucionales.
A su juicio, la decisión no solo repercute en las condiciones laborales del personal separado, sino que también reducirá la capacidad operativa del Instituto para atender a quienes requieren asistencia jurídica gratuita.
Agregó que numerosas personas dependen de estos estudios para demostrar que carecen de recursos suficientes y, con ello, acceder a apoyos que les permitan continuar sus procesos legales.
La asesora jurídica indicó que la terminación de los nombramientos fue comunicada como una instrucción emitida por la titularidad del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Finalmente, señaló que cada una de las trabajadoras determinará de manera individual si emprende acciones legales para defender sus derechos laborales, mientras persiste la preocupación por las consecuencias que esta medida podría tener para la población en condición de vulnerabilidad.