CIUDAD DE MÉXICO.– El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum prepara una actualización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que incorporará nuevas herramientas para prevenir daños ambientales, restaurar ecosistemas y fortalecer la participación de las comunidades.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, presentó los 10 principales ejes de la iniciativa durante la conferencia matutina de este miércoles. La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación.
Sheinbaum explicó que la reforma busca fortalecer las capacidades del Estado mexicano para proteger, conservar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales.
La actualización parte de que la legislación vigente fue publicada en 1988 y, desde entonces, México enfrenta nuevos desafíos relacionados con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de océanos y costas.
“Esta nueva ley es una nueva relación entre el desarrollo, el bienestar, la prosperidad y la naturaleza”, afirmó Bárcena.
Uno de los principales cambios será colocar la prevención como eje de la política ambiental, además de incorporar los conceptos de restauración, reparación y remediación de los daños.
“Estamos realmente priorizando la prevención antes que reparar”, explicó la secretaria.
La iniciativa también contempla una evaluación ambiental estratégica para grandes proyectos, con el propósito de identificar posibles afectaciones desde las etapas iniciales.
Esta herramienta permitirá analizar de manera conjunta proyectos relacionados que pudieran ocasionar impactos ambientales acumulativos en una misma zona o región, en lugar de estudiarlos únicamente de manera individual.
“Lo que estamos buscando en esta ley es prevenir estos daños ambientales y también proteger los derechos de las personas y de las comunidades”, señaló Bárcena.
Otro de los componentes será fortalecer la participación de comunidades, pueblos indígenas y afrodescendientes en las decisiones relacionadas con el medio ambiente, así como garantizar un mayor acceso a la información y a mecanismos de justicia ambiental.
La titular de la Semarnat sostuvo que las modificaciones también pretenden brindar mayor certeza jurídica tanto a las comunidades como a las inversiones en regiones donde suelen surgir conflictos socioambientales.
Además, se plantea incorporar los avances científicos y tecnológicos a la política ambiental sin dejar de lado los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios.
“No podemos hacer ciencia sin reconocer la sabiduría que tienen nuestros pueblos indígenas”, expresó.
Entre las nuevas herramientas se encuentra la creación de un programa de restauración ecológica, así como disposiciones para impulsar la economía circular, disminuir la generación de residuos y aumentar el reciclaje.
La propuesta contempla además el saneamiento de ríos, la protección de costas y manglares, el ordenamiento territorial y la recuperación de ecosistemas.
También incluye medidas dirigidas a enfrentar los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, así como acciones para la conservación de especies como el lobo mexicano, el cóndor, la ballena azul y los delfines.
La iniciativa incorporará además un capítulo específico para la protección de las personas defensoras del medio ambiente y de los bienes públicos.
Bárcena explicó que la nueva legislación estará sustentada en 10 principios, entre ellos reconocer al patrimonio natural como fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar; vincular la justicia social con la ambiental; privilegiar la prevención; conservar y restaurar los ecosistemas, y aprovechar el conocimiento científico.
También considera la gestión territorial con participación ciudadana, la cultura ambiental, la economía circular, la protección de defensores ambientales y la conservación del patrimonio biocultural.
“Más que sanciones, más que ser punitivos, lo que queremos en esta ley es ser propositivos”, afirmó la funcionaria.
Con la reforma, el Gobierno federal pretende que los impactos de los grandes proyectos sean evaluados desde su planeación y no solamente cuando los daños ambientales ya se hayan producido.