TULUM.- El Ayuntamiento de Tulum dio de baja a 23 servidores públicos de las áreas de Seguridad Ciudadana y Fiscalización por presuntas irregularidades que incluyen cohecho, intentos de extorsión y abuso de autoridad, mientras otros cuatro funcionarios son investigados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El presidente municipal Diego Castañón Trejo informó que las separaciones forman parte de las revisiones internas emprendidas por su administración para detectar conductas irregulares entre los trabajadores municipales.
De los 23 funcionarios dados de baja, 15 pertenecían a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y ocho estaban adscritos al área de Fiscalización Municipal.
De acuerdo con el alcalde, entre las conductas detectadas se encuentran posibles actos de cohecho, intentos de extorsión y abuso de autoridad, los cuales derivaron en la separación de los servidores públicos involucrados.
Castañón Trejo explicó que anteriormente las funciones relacionadas con Fiscalización se encontraban distribuidas en diferentes áreas, particularmente aquellas vinculadas con Desarrollo Urbano, situación que, aseguró, ha comenzado a corregirse mediante una mayor centralización y control administrativo.
“En la parte de Seguridad Pública son 15, del lado de Fiscalización, antes de centralizarle con Desarrollo Urbano estaban dispersos, pero ahora ya tenemos control, hemos dado de baja a ocho”, señaló.
Además de las bajas administrativas, cuatro funcionarios se encuentran bajo investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
En estos últimos casos no se ha determinado responsabilidad penal, por lo que corresponderá a la autoridad ministerial establecer si existen elementos suficientes para proceder en su contra.
El Ayuntamiento señaló que se mantiene la presunción de inocencia de las personas investigadas mientras continúan las indagatorias.
Castañón Trejo aseguró que su administración mantendrá la revisión del desempeño de los servidores públicos y aplicará medidas administrativas cuando sean detectadas conductas contrarias a sus obligaciones.