
CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado federal del PAN, Federico Döring, planteó imponer penas de hasta 120 años de prisión a servidores públicos que se coludan con grupos del crimen organizado, como parte de una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La propuesta presentada en la Cámara de Diputados busca endurecer las sanciones contra funcionarios que, desde sus cargos, colaboren o establezcan acuerdos con organizaciones criminales.
Döring sostuvo que este tipo de vínculos debe ser considerado una de las conductas de mayor gravedad, debido a que la participación de autoridades puede facilitar otros delitos.
“Nos parece que es la prioridad del país. Este es el delito que más se debe de castigar”, afirmó en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio.
El legislador argumentó que cuando instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia son utilizadas en beneficio de organizaciones criminales se generan condiciones para la expansión de actividades como extorsión, secuestro, robo de combustible y homicidios.
“Cuando tú le entregas al crimen organizado la fiscalía, la policía del estado, eso origina extorsión, secuestro, huachicol, homicidios dolosos; entonces te vuelves el epicentro delictivo, por eso este castigo debe ser el más severo que pueda haber”, declaró.
Desde su perspectiva, la colaboración de servidores públicos con organizaciones delictivas no debe analizarse como una conducta aislada, sino por las consecuencias que puede generar desde las propias estructuras gubernamentales.
Döring señaló que la iniciativa pretende establecer sanciones que podrían alcanzar hasta 120 años de prisión, cifra que presentó como equivalente en la práctica a una cadena perpetua.
“Estos políticos que se meten a la cama con el crimen organizado son el origen de todo un cáncer, de una metástasis delictiva, y por eso este castigo pues tiene que ser de cadena perpetua equiparado a 120 años”, expresó.
Cuestionado sobre si incrementar las penas sería suficiente ante los niveles de impunidad, el panista sostuvo que la reforma busca proporcionar herramientas legales para que las fiscalías puedan aplicar sanciones más severas cuando logren acreditar este tipo de conductas.
“Si la fiscalía actúa van a tener en México las mismas penas que tienen en otros países”, señaló.
Döring afirmó que su bancada buscará impulsar el endurecimiento de las sanciones contra servidores públicos que establezcan acuerdos con organizaciones criminales.
“El político que se mete a la cama con el narco se tiene que pudrir en la cárcel”, concluyó.