CANCÚN.- Alejandro Rocha Laureano, excomandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, implicado en la detención arbitraria y tortura de la periodista Lydia Cacho Ribeiro en 2005, recuperó su libertad después de recibir una sentencia de cinco años y seis meses de prisión, dictada por una autoridad judicial en Quintana Roo.
El exmando policial permanecía recluido desde diciembre de 2018, por lo que el tiempo transcurrido en prisión preventiva superó la condena impuesta. Ante esta circunstancia, la autoridad judicial ordenó su liberación inmediata del penal de Cancún.
La información fue difundida por el periodista Edmundo Velázquez, quien indicó que la defensa de Rocha Laureano descartó emprender acciones legales contra Lydia Cacho, a pesar de que su representado pasó casi ocho años privado de la libertad antes de recibir sentencia.
Rocha Laureano fue detenido en diciembre de 2018 en Puebla por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cuando todavía trabajaba como agente de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con las investigaciones federales, el excomandante participó en la coordinación del operativo contra la periodista y habría ordenado a agentes bajo su mando relevar a los policías encargados de trasladarla después de su detención en Cancún.
El proceso está relacionado con los acontecimientos del 16 de diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Quintana Roo y trasladada por carretera a Puebla, en un recorrido de más de 20 horas durante el cual denunció amenazas de muerte, incomunicación, acoso sexual y actos de tortura física y psicológica.
La detención ocurrió después de la publicación del libro Los demonios del Edén, en el que la periodista investigó una red de pederastia y explotación sexual infantil relacionada con el empresario Jean Succar Kuri, además de señalar presuntos vínculos de protección por parte del empresario textil Kamel Nacif Borge.
Este último había presentado una denuncia por difamación y calumnia contra Cacho en Puebla, que derivó en la intervención de las autoridades policiales de esa entidad.
El caso adquirió relevancia nacional e internacional tras la difusión de conversaciones telefónicas entre Kamel Nacif y el entonces gobernador poblano Mario Marín Torres, conocido como el góber precioso, en las que se hacía referencia al encarcelamiento y castigo de la periodista.
A diferencia de Rocha Laureano, Mario Marín continúa sujeto a proceso judicial y permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, ubicado en el Estado de México.
Aunque el exgobernador obtuvo resoluciones favorables para modificar su medida cautelar a prisión domiciliaria por razones de edad y salud, los recursos promovidos por la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa de Lydia Cacho han impedido que se concrete su salida del centro penitenciario, mientras espera una sentencia definitiva.
En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que el Estado mexicano había vulnerado los derechos de la periodista y exigió medidas de reparación, así como acciones para sancionar a los responsables.
Posteriormente, el Gobierno de México ofreció una disculpa pública a Cacho, quien también ha denunciado amenazas relacionadas con su trabajo periodístico y se ha visto obligada a permanecer fuera del país por motivos de seguridad.