MIAMI.- Una jueza de Miami emitió una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta participación en una conspiración para cometer asesinato en primer grado, relacionada con el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. Cuatro personas murieron en el ataque.
Según documentos judiciales obtenidos por Miami Herald y Tampa Bay Times, la orden fue firmada el viernes y aprobada por Ariana Fajardo Orshan, jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, tras una investigación del Departamento de Aplicación de la Ley del estado.
La acción estatal contra el exmandatario, de 95 años, se suma a la acusación federal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 20 de mayo de 2026 contra Castro y otros cinco hombres por su presunta responsabilidad en la muerte de los ocupantes, la destrucción de las aeronaves y una conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.
La declaración jurada que respalda la orden sostiene que existen motivos fundados para considerar que Raúl Modesto Castro Ruz acordó con otras personas cometer asesinato en primer grado contra los ocupantes de las avionetas.
Para sustentar su jurisdicción, la investigación de Florida señala que dos presuntos espías cubanos operaban en Miami y Cayo Hueso, donde se habrían infiltrado en Hermanos al Rescate. Esta organización civil, con sede en Miami, realizaba vuelos de búsqueda y asistencia a cubanos que abandonaban la isla.
De acuerdo con los documentos, los infiltrados habrían obtenido información sobre los vuelos y la transmitieron a las autoridades cubanas. Semanas antes del ataque, también habrían reportado datos sobre la estación aeronaval de Cayo Hueso.
La declaración jurada indica que la red de espionaje instruyó a sus integrantes para que no volaran con Hermanos al Rescate entre el 24 y el 27 de febrero de 1996. Uno de ellos salió de Florida el día 23 y regresó a Cuba.
Al día siguiente, aeronaves de la Fuerza Aérea cubana derribaron las dos avionetas. La investigación estadounidense sostiene que los datos recabados por los presuntos espías contribuyeron a la conspiración investigada.
En el ataque fallecieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Según el Departamento de Justicia, tres eran ciudadanos estadounidenses y uno contaba con residencia permanente legal en Estados Unidos.
El gobierno cubano afirmó entonces que las aeronaves habían entrado en su espacio aéreo. Estados Unidos y una investigación de Naciones Unidas, sin embargo, concluyeron que el derribo ocurrió sobre aguas internacionales.
Tanto la ubicación del ataque como la presunta intervención de una red de espionaje en Florida forman parte de los elementos centrales del expediente estatal, integrado mediante una investigación independiente de la causa federal.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tenía previsto ofrecer una conferencia de prensa en Miami este lunes para explicar la orden y los siguientes pasos de las autoridades. Las imputaciones deberán resolverse mediante el procedimiento judicial correspondiente; la orden de arresto no constituye una sentencia condenatoria.