Signos
Cuando Andrés Manuel cerró la colaboración con las agencias anticrimen estadounidenses (y decidió usar las ‘matanzas militares’ calderonistas como propaganda propia contra la oposición, excluyendo la eficacia de los grupos de Fuerzas Especiales de la Armada surgidos de esa colaboración y la verdad de que esas matanzas no fueron contra civiles indefensos sino contra sicarios, a quienes, ‘por sádicos que fueran, debían respetarse sus derechos humanos’, decía el entonces Presidente) alentó la impresión de una defensa nacionalista que más que eso parecía un escudo de defensa y de impunidad en favor de las muy mexicanas bandas dedicadas a la industria del narcoterror en todas sus derivaciones (extorsión, huachicol, etcétera) y, sobre todo, a sus influyentes socios en el poder político de todos los niveles (municipales, estatales, jurisdiccionales).
Y tal aparente o visible complicidad, donde ningún personaje importante de ese poder político ha sido procesado penalmente pese a todas las evidencias de que en su entorno opera o ha obrado a sus anchas el crimen organizado, no podía sino disparar el interés de Washington en perseguir a algunos de ellos (para empezar la cacería).
Porque ese rechazo a la colaboración bilateral contra el narcoterror era demasiado para ser sólo propaganda nacionalista cuando tanto podía servir para combatir el ‘narco’.
Y ahora las agencias ‘americanas’ anticrimen se cobran la afrenta del pasado presidencial reciente y no hay modo de que el Estado mexicano mantenga su postura absurda frente a las evidencias inequívocas de que donde más libertades ha tenido el crimen organizado para hacer negocios y violentar la vida civil con sus excesos sanguinarios ha sido donde los liderazgo políticos se los han permitido.
Y por ellos van, sabedoras de que al argumento claudista de la defensa soberana de la patria y esas herencias de su antecesor son menos que cuentos chinos.
SM