El gremio de taxistas de Cancún es, desde hace más de 15 años, uno de los más claros ejemplos de la inseguridad que se vive en el principal punto turístico de la entidad: secuestrado por las mafias (la del “cuello blanco” y la armada), se ha convertido en un espacio desde donde muchos se dedican tanto a la delincuencia como a ejercer el poder político que poco a poco han obtenido de los gobiernos municipales para impedir la entrada de competidores en el rubro del transporte. Así, son constantes los ataques de éstos en contra de conductores de Uber, mototaxis, vanes turísticas, unidades piratas y carritos de golf, que han dejado decenas de lesionados y miles de pesos en daños. Además, incurren cada vez más en prácticas ilegales, como bloqueos carreteros, cierres de avenidas y movilizaciones con los que asustan a ciudadanos y empresarios, con el consecuente daño que ocasiona a la economía de miles. ¿Y las autoridades? Bien, gracias. Debido a que durante las campañas políticas recurren a ellos para buscar el voto y el ‘músculo’ del gremio, cuando el candidato ganador llega al Palacio Municipal tiene que cumplir con los acuerdos pactados con los taxistas, lo que incluye tolerar todos sus desmanes, dándoles, cuando mucho, una llamada de atención para “taparle el ojo al macho”. Hoy, los taxistas cancunenses amenazan con detener el servicio en caso de que no se cumplen sus exigencias de una vez por todas. Y en vista de lo que han ocasionado en los últimos días, todo parece indicar que una vez más habitantes y turistas seguirán siendo rehenes de los chafiretes, ante la incapacidad de Mara Lezama de hacer cumplir la ley.
Javier Ramírez
De nueva cuenta los choferes del sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo” han vuelto a poner contra las rejas a las autoridades (y a los ciudadanos, principalmente) del Municipio de Benito Juárez, donde desde hace varios años sus dirigentes han fortalecido su poder económico y político.
Pretextos para bloquear vías tienen de sobra: organizaciones competidoras, peticiones para incrementar tarifas, presunta detención ilegal de taxistas y muchos otros más son sus favoritos para poner de cabeza a toda la ciudad, con el consecuente daño a la imagen turística.
En la última semana de julio los reclamos paralizaron por completo la zona hotelera y otras importantes avenidas de Cancún, y ahora amenazan con iniciar un paro de servicio. Y las autoridades municipales encabezadas por Mara Lezama simplemente los están dejando actuar a sus anchas, pese a los graves daños que ocasionan a la ya de por sí afectada economía de los cancunenses.
Violaciones a la ley, sin castigos
Las manifestaciones de los integrantes del gremio taxista de Cancún comenzaron el pasado 26 de julio, cuando cerca de las 9 de la noche decenas de unidades se estacionaron en frente de las oficinas de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, ubicadas en la Avenida Xcaret. Ocupando los dos carriles, los taxistas reclamaron la detención de dos de sus compañeros a manos de los agentes policiacos, quienes los habrían encontrado portando armas y equipo táctico.
Tras una hora, las autoridades policiacas decidieron liberar a los dos chafiretes y el bloqueo se detuvo. De acuerdo con el secretario de conflictos del sindicato, Osmán Corona, la pareja de taxistas sólo portaba una navaja y otros artículos, por lo que no habían incurrido en algún delito grave.
Sólo dos días después, más de 500 taxistas y 150 vehículos comenzaron a arremolinarse en las Avenidas Bonampak, Avenida Cobá y Bulevar Kukulcán, las principales vías de entrada a la Zona Hotelera, generando uno de los peores caos viales que se hayan registrado en esa ciudad en años.
Con el pretexto de que necesitaban hablar con el director de la Policía Turística, César Escamilla Pacheco, para detener la operación de los choferes de Uber en la ciudad, durante más de dos horas afectaron a cientos de trabajadores hoteleros y a turistas que se dirigían a sus centros de trabajo y al aeropuerto internacional, respectivamente.
De acuerdo con los quejosos, quienes piden la renuncia de Escamilla Pacheco, son víctimas de extorsión por parte de agentes de la Policía Turística, quienes permiten además trabajar a los mototaxistas y a los conductores de Uber. En sus pancartas, responsabilizaron al jefe policiaco de “cualquier desaparición o muerte” que pudieran sufrir los taxistas.
La molestia de los ciudadanos y turistas fue tanta, que el bloqueo fue noticia nacional, pero ni así la alcaldesa Mara Lezama hizo declaración alguna al respecto o tuvo intenciones de hacer cumplir la ley. Solamente la secretaria del Ayuntamiento, Flor Ruiz Cosío, se acercó a los agremiados para tratar de liberar las avenidas, comprometiendo a ser intermediaria en una futura reunión con las autoridades del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) para hablar sobre el tema. Los taxistas aceptaron el trato.
Taxistas, entre los más ejecutados
Sin embargo, la noche del domingo 1 de agosto los taxistas ignoraron por completo el acuerdo tomado con el Ayuntamiento y bloquearon nuevamente la Avenida Bonampak, ahora por el asesinato de uno de sus compañeros, así como las lesiones que sufrió otro en un ataque a balazos en la Avenida Nichupté.
De enero a julio de este año, se han registrado en Cancún más de 20 ataques en contra de taxistas, que han dejado al menos 10 muertos e igual número de lesionados, alguno de éstos últimos pasajeros que tuvieron la mala fortuna de tomar la unidad incorrecta.
Y es que, al igual que los trabajadores de la construcción, los del volante son los grupos que más involucrados están en las actividades del crimen organizado. Algunos obligados y otros porque simplemente ven en la venta de drogas, el ‘halconeo’ y otras actividades ilícitas, la manera más rápida de obtener dinero.
Los líderes del sindicato “Andrés Quintana Roo” aseguran que mantienen vigilancia en sus agremiados, bloqueando cualquier intento de ingreso de personas con antecedentes criminales, lo que definitivamente no es cierto. Lo peor es que varios agentes del orden son fácilmente sobornados para hacerse de la vista gorda cuando los detectan en algún ilícito. Cuando esto no ocurre y son puestos a disposición de las autoridades, ocurren eventos como los del día 26 del mes pasado.
Gremio taxista, una mafia
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes estima que en Quintana Roo se registran a diario casi 50 denuncias en contra de los taxistas, principalmente en Cancún y Playa del Carmen, pero sólo el dos por ciento son atendidas, ya que el gremio, como una mafia, protege a sus miembros, sean culpables o no de irresponsabilidades y fechorías, ya sea ocultando sus identidades o negando que sean miembros suyos a la hora de los incidentes.
Y el sindicato “Andrés Quintana Roo”, del Municipio de Benito Juárez, que presume de 8 mil 260 socios y más de 16 mil operadores, es una fuente enorme de dinero para sus líderes. En pesos y centavos, dicha cantidad de agremiados supondría 7 millones 278 mil pesos al mes por concepto de aportaciones, es decir, un negocio de 87 millones 336 mil pesos al año, lo que significa que el sindicato cancunense recauda más con las cuotas de sus socios taxistas, que los 65 millones de pesos que el Gobierno del Estado ha intentado obtener con el cobro de un impuesto por “aprovechamiento de la concesión del servicio del transporte público”.
Tal cantidad de unidades rondado por la ciudad y comunidades vecinas representa un blanco perfecto para el crimen organizado, que convence y en algunos casos obliga a los choferes a trabajar para ellos. Al dedicarse a la venta de drogas, transporte de criminales, vigilancia de las fuerzas policiacas y otras actividades, se convierten en blancos de grupos rivales, los cuales nunca han dudado en asesinarlos, ya sea a plena luz del día, en zonas de alto tránsito o incluso si llevan pasajeros inocentes.