El outsourcing, o subcontratación de servicios, fue en principio una buena forma para que las empresas ahorraran en equipo y manufactura. Poco a poco cobró fuerza hasta que, según estimados, más de 3.5 millones de personas estuvieron subcontratadas en alguna de las dos mil empresas que operaban bajo ese esquema en el país, muchas de las cuales se dedicaron a evadir el pago de impuestos y contribuciones al IMSS e Infonavit. Como siempre, los trabajadores fueron los más afectados, pues al ser registrados con un salario inferior al que realmente recibían no podían solicitar créditos acordes con sus ingresos, además de que constantemente eran cambiados de nómina, por lo que no generaban antigüedad ni recibía pago de utilidades y demás prestaciones de ley. La propuesta para regular el outsourcing e imponer sanciones a quienes incurran en prácticas ilegales encontró rechazo en las cámaras empresariales, pero finalmente fue aprobada. Sin embargo, se realizó sin planeación alguna, dando un plazo de sólo tres meses para que las empresas se regularizaran. Algunas lo consiguieron, pero más de un millón de mexicanos continúan subempleados debido a problemas tanto del lado de la empresa como de las dependencias relacionadas con el sector laboral, por lo que se decidió ampliar el plazo para no generar un daño económico a los empresarios verdaderamente interesados en el nuevo esquema de outsourcing.
Javier Ramírez
Tras la aprobación de la regulación del outsourcing en abril pasado, los senadores dieron una fecha límite para que todas las empresas mexicanas operen bajo un nuevo sistema legal. Sin embargo, conforme pasaron las semanas, se dieron cuenta que se necesita más tiempo para que las compañías concluyan con sus trámites y se eviten las sanciones.
Por este motivo, decidieron aplazar un mes la entrada en vigor de las nuevas disposiciones fiscales. Sin embargo, no se descarta que pueda darse una nueva prórroga, debido a los problemas que muchos están teniendo para contratar directamente a sus empleados.
Después de todo, se estima que aún falten por regularizar a más de un millón de los 3.5 millones de mexicanos que se estima estuvieron subcontratados por las compañías. Esta reforma, promovida irónicamente por un personaje tan polémico como el exlíder sindical Napoleón Gómez Urrutia, es un gran avance para los trabajadores mexicanos y en un verdadero dolor de cabeza para los dirigentes de miles de empresas que acostumbraban a abusar de sus empleados.
¿Prórroga insuficiente?
El pasado 30 de julio, el Senado de la República aprobó con 85 votos a favor y 22 en contra prorrogar hasta el 1 de septiembre próximo la entrada en vigor del nuevo sistema legal de outsourcing, para lo que se necesitó modificar diversos artículos del decreto en materia de subcontratación laboral.
De esta manera, los empresarios tendrán un mes más para concretar todos los trámites para la transferencia de personal a las nóminas centrales, la sustitución patronal, los cambios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, la inscripción en el Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas y así cumplir con todas las nuevas reglas fiscales.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, aseveró que con esta ampliación las empresas deberán poder concluir con el proceso de regularización, mismo que ya ha beneficiado a más de dos millones 300 mil trabajadores con el reconocimiento de sus derechos laborales.
Sin embargo, varios integrantes del Senado, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN), consideran que el tiempo otorgado seguirá siendo insuficiente, por lo que incluso han propuesto ampliar la prórroga hasta el 1 de enero de 2022, aunque esto ha sido rechazado por los legisladores de los partidos afines al Gobierno federal, pues significaría un enorme retraso en perjuicio de los derechos laborales de miles.
Desde luego, la propuesta del PAN cuenta con el apoyo de empresarios, quienes consideran necesario cualquier postergación de la reforma laboral, pues aseguran que el plazo les es insuficiente para ponerse en tiempo y forma con la nueva legislación.
La presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Diamantina Perales, comentó que es importante ampliar el plazo para que no se frene la economía ni se impongan sanciones a las compañías que aún no concluyen con los trámites de inscripción de sus trabajadores.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) apoya por completo llevar hasta el 1 de enero próximo el cumplimiento de la reforma, pues además la misma STPS ha tenido complicaciones para generar el Registro de Prestadores de Servicios Públicos Especializados u Obras Especializadas (Repse), mientras que el Infonavit, el IMSS, el SAT y otras dependencias también presentan retrasos en trámites, sobre todo porque aún no concluye del todo la contingencia sanitaria.
Herramienta para la evasión fiscal
El outsourcing, o el proceso con el cual una empresa contrata a otra empresa para enfocarse en una determinada área, comenzó a utilizarse en México en los años 70, cuando muchas compañías prefirieron contratar a otras que se dedicaran a labores como la limpieza, mantenimiento y vigilancia.
Sin embargo, poco a poco comenzaron a emplearlas para evitar responsabilidades como el pago de utilidades, finiquitos y demás prestaciones de ley, pero sobre todo para la evasión fiscal: el uso de las outsourcings en las empresas provocaba al año una evasión fiscal de al menos 500 mil millones de pesos.
Y el principal afectado fue el trabajador, pues al ser subcontratado no podía cotizar de manera correcta en el IMSS ni obtener créditos acordes con su salario. Además, generaba un círculo vicioso porque el IMSS no recibía las contribuciones adecuadas y no obtenía por lo tanto recursos para medicinas y hospitales. Y lo mismo con el Infonavit.
Por este motivo, en octubre de 2019, el senador Napoleón Gómez Urrutia presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y así eliminar el outsourcing ilegal.
La propuesta estuvo paralizada en el Congreso hasta que el 20 de abril de este año, con el aval casi unánime de todas las fuerzas políticas, se aprobó el paquete de reformas que regularizaría la subcontratación.
Puntos de la reforma
El proyecto aprobado en abril pasado modifica las leyes del Trabajo, de los Trabajadores al Servicio del Estado, del Infonavit, el Código Fiscal, del ISR y del IVA, así como el apartado B del artículo 123 de la Constitución mexicana.
De esta manera las empresas no podrán contratar trabajadores bajo el esquema de outsourcing para realizar tareas permanentes o esenciales, sino únicamente en casos de trabajos especializados y efímeros, que no formen parte de las labores esenciales y permanentes de la compañía.
Quien realice subcontratación, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación, sin contar con registro correspondiente, se hará acreedor a una multa de hasta 4.4 millones de pesos.
Además, se establece que el patrón que no permita la inspección y vigilancia de las autoridades recibirá una multa de entre 22 mil y 448 mil pesos.
Las empresas tendrán tres meses para incorporar a sus trabajadores que están subcontratados como empleados permanentes. El plazo vencía este 1 de agosto.
De acuerdo con la nueva normatividad, la administración pública federal tendrá prohibido subcontratar personal, con excepción de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público.