Cuando Emilio Lozoya Austin reveló ante las autoridades mexicanas cómo se concretó la aprobación de la Reforma Energética de Peña Nieto en la Cámara de Senadores, así como la corrupción por el caso Odebrecht, los nombres de varios presuntos involucrados saltaron a la vista. Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, José Antonio Meade Kuribreña, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya Cortés, entre otros, fueron nombrados en la denuncia que el exdirector de Pemex interpuso ante la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, para alcanzar el estatus de testigo colaborador, evitando así pisar la cárcel. Hoy, uno de esos acusados, el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, recibió la prisión preventiva, en lo que el juez determina si se le vincula o no a proceso. Se trata del primer avance en meses desde que Lozoya dio santo y seña de la manera en la que el Gobierno de Peña Nieto y legisladores del PRI y del PAN fueron corrompidos por empresas extranjeras, mismas que con las reformas aprobadas durante el sexenio pasado se vieron favorecidas con millonarios negocios que la administración de López Obrador pretende detener de una vez por todas para que el Estado recupere el control de sus recursos. Pero queda por ver si la inoperante FGR, del inoperante Gertz Manero, también y de una vez por todas puede hacer que los tribunales pongan tras las rejas, y por cargos mayores, a todos los delincuentes, también mayores, que han hecho del Estado su particular y monumental industria del negocio sucio. Porque por anuncios justicieros la opinión pública y el fanatismo aplaudidor no para. Si el alud de denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera contra los criminales que han desfalcado al país se castigaran, en efecto, como delitos reales, esta no seguiría siendo la tierra de las maravillas de la demagogia y la impunidad de casi el cien por ciento que no deja de ser, sino el de la mínima justicia que debería de ser, para que su democracia tuviese, también, el mínimo valor.
Javier Ramírez
Este 9 de abril, un juez impuso prisión preventiva al exsenador por Campeche, Jorge Luis Lavalle Maury, hombre que según el exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, el también campechano Rafael Caraveo Opengo, le encomendó recoger las maletas con las que los senadores panistas fueron sobornados para la aprobación de la reforma energética, entre 2013 y 2014.
Gracias a las declaraciones de Lozoya, ambos personajes son ahora piezas clave dentro de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, y aunque Caraveo confirmó los hechos y fue exhibido en un video, Lavalle Maury es el único de todos los presuntos involucrados que ha recibido, al menos, prisión preventiva.
Modus operandi
Cuando en julio del año pasado declaró ante la FGR, Lozoya Austin mencionó directamente al menos a 15 sujetos que estuvieron involucrados en los sobornos de Odebrecht. Acusó a exsecretarios y exsenadores, aunque sin dar más mayores pruebas. Sin embargo, entregó un video –que había sido filtrado antes- en el que se puede ver al entonces secretario de la Comisión de Administración de la Cámara alta, Rafael Caraveo Oropengo, con otra persona identificada como Guillermo Gutiérrez Badillo, extrabajador del Senado y que hoy es secretario privado del gobernador queretano Francisco Domínguez Servién, contando varios fajos de billetes de diversas denominaciones sacados de bolsas de plástico y maletas.
En septiembre, Caraveo acudió ante la FGR para rendir su declaración sobre los hechos y aceptó que recibió 15 maletas con dinero en efectivo por órdenes del entonces senador panista Lavalle Maury.
Señaló que las tres entregas fueron realizadas entre 2013 y 2014 en el edificio del corporativo Capital Media, ubicado en Montes Urales, en la Ciudad de México -que también fue usado como sede alterna de Petróleos Mexicanos-, así como en otro lugar cercano al Senado y en el estacionamiento de una plaza comercial. Identificó a Francisco Olascoaga, exjefe del Departamento Administrativo de la Dirección General de Pemex y uno de los hombres de más confianza de Lozoya, como el hombre que se encargaba de realizar la entrega de los sobornos.
Aseguró haber expresado su incomodidad a Lavalle Maury, pero este le reiteró que no se trataba de algo ilegal.
Lozoya, enlace de Odebrecht
Previamente, Lozoya relató que la empresa brasileña Odebrecht le entregó 4 millones de dólares, dinero que fue usado para el pago de asesores extranjeros para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, mismos que fueron contratados por Luis Videgaray Caso, su coordinador de campaña y posterior secretario de Hacienda y Crédito Público.
Ya con Peña en la Presidencia, la compañía pagó otros 6 millones de dólares a su Gobierno para que la beneficiara con contratos y se aprobara la reforma energética, sobornando antes a los senadores y diputados, la mayoría panistas y priistas, siendo el enlace de éstos últimos David Penchyna Grub, quien era presidente de la Comisión de Energía del Senado.
Según Lozoya, Videgaray Caso le solicitó enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya, quien era presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cuando se discutió la reforma energética. Dicho dinero habría sido entregado el 8 de agosto de 2014 a una persona cuya identidad no ha sido precisada.
Además, entre el 11 de diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014 envió a un grupo de legisladores panistas un total de 52 millones 380 mil pesos, entre ellos a los senadores Ernesto Cordero Arroyo y Salvador Vega Casillas, y los hoy gobernadores Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente.
Para evitar la cárcel, Lozoya acordó con el Gobierno federal difundir al menos 12 videos con 16 horas de grabación para comprobar el pago de sobornos a dirigentes y legisladores de partidos opositores.
Tres acusaciones en contra
Jorge Luis Lavalle Maury participó en una audiencia que inició la mañana del 8 de abril y que culminó la madrugada del día siguiente, para luego trasladarse desde Querétaro al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde escuchó la resolución del juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia, quien concluyó que sí existe riesgo de que el exsenador pueda darse a la fuga, debido a que no cuenta con domicilio fijo, no es reconocido por sus vecinos, y cuenta con los medios suficientes para viajar al extranjero.
Tras esto fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, donde permanecerá por lo menos hasta las 10:00 horas del lunes 12 de abril, fecha en la que continuará la audiencia y se definirá su situación jurídica.
La Fiscalía espera imputarle tres delitos: cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, todo por el caso Odebrecht, tras las acusaciones en su contra hechas por Lozoya Austin en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020.