Signos
La legislación electoral mexicana parece concebida de idiotas para idiotas.
Toda declaración pública, desde las investiduras del Estado y relativa a los comicios en tiempos de comicios, es censurable propaganda delictiva.
¿Dónde la libertad de expresión de esos liderazgos políticos es tal cosa y dónde la vigilancia democrática institucional lo es y no se confunde con escarnio inquisitorial confabulado o con un arbitrario juego de sentencias subjetivas repartidas por la incongruencia, la inseguridad, la necedad y todo cuanto puede producir la torpeza, la ocurrencia, la veleidad y todas las insuficiencias parlamentarias propias de las negociaciones y los mayoriteos del interés partidista?
Se legislan contrasentidos inaplicables y mayoriteados en contra de la claridad y los equilibrios que deben favorecer la objetividad relativa de la ley, y se convierten en veredictos absurdos que tienen que ejecutarse aunque lesionen los derechos básicos inalienables.
Y así, los Poderes representativos y las instituciones electorales especializadas se convierten en los peores enemigos de lo que deberían defender: la transparencia y la libertad de las ideas.
No se sabe legislar, y mucho menos ejercer el arbitraje superior sin formalismos y con verdadero sentido de relativa justicia y equidad, o con simple sentido común y lo más lejos posible de influyentismos y politiquerías.
El Presidente de Estados Unidos hace campaña a su favor y de los candidatos de su partido pero a este se le restringen los fondos oficiales en consecuencia.
En México su Presidente no debe hablar de nada que parezca que favorece a su causa electoral; se le silencia y ya, porque no hay la mínima coherencia para reglamentar una alternativa aplicable contra el abuso posible del Presidente que tampoco favorezca a sus adversarios, ¿por qué?, pues porque ni hay calidad legislativa ni pertinencia arbitral.
Se legislan contrasentidos y se aplican contrasentidos desde los órganos electorales más costosos y nocivos de toda democracia liberal.
SM