De todos los perdedores en la pasada jornada electoral de junio, la única que continúa empecinada en un presunto fraude es la todavía presidenta municipal de Solidaridad, Laura Esther Beristáin Navarrete. De nada le sirvieron casi tres de años de presumir -al grado de incomodar- ser colaboradora cercana del presidente Andrés Manuel, pues al final dejó mal tanto al mandatario como a su proyecto de Gobierno, al ser la única candidata morenista en ser derrotada en Quintana Roo. Tras conocer los resultados, se ha dedicado a acusar a las autoridades estatales de presuntas amenazas y persecución en su contra por ser mujer y pertenecer a la comunidad lésbico-gay. Sin embargo, ella ha sido la única responsable de la derrota de su partido en la Riviera Maya, pues durante toda su administración se dedicó a otorgar o mantener millonarias concesiones, como los enfocados al levantamiento del sargazo, recoja de la basura y la instalación de parquímetros, además del gasto de 120 millones de pesos en la remodelación de la Quinta Avenida, que, aunque ya fue entregada, sigue presentando graves fallas en su diseño que han hecho enojar a los comerciantes, ciudadanos y turistas. A unos meses de dejar el cargo, sus malas acciones -que comenzaron desde el primer día de su administración, cuando protagonizó un bochornoso espectáculo al abandonar la primera sesión de Cabildo por un pleito con la actual regidora Samaria Angulo Sala- podrían tener consecuencias legales para varios de los actuales funcionarios municipales que han comenzado a ser investigados.
Javier Ramírez
Tras la derrota recibida el pasado 6 de junio en las urnas, la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristáin Navarrete, se ha dedicado a todo menos a gobernar.
Y es que argumentando fraude y amenazas de autoridades estatales, inició una campaña mediática para tratar de revertir el resultado electoral, haciendo constantes viajes a la capital del país para entrevistarse y pedir el apoyo de diversos funcionarios federales, quienes simplemente han pasado de ella.
Mientras tanto, en Playa del Carmen, los ciudadanos y empresarios continúan padeciendo problemas como el sargazo, los encharcamientos a causa de la pésima obra de remodelación de la Quinta Avenida y el incremento en la actividad delictiva.
Por su actitud, corrupción y mal trabajo, Beristáin podría terminar su administración en medio de un juicio político y hasta de denuncias penales, de los cuales nadie de los que presume como amigos podrá salvarla.
Investigaciones y fallos en contra
En las últimas semanas, Laura Beristáin ha recibido varias malas noticias que han echado por tierra sus intentos por posicionarse como la gran alcaldesa, ejemplo de la llamada Cuarta Transformación, que asegura ser.
Para empezar, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició sendas investigaciones en las direcciones de Desarrollo Urbano y Fisonomía y de Obras Públicas del Ayuntamiento solidarense.
Aunque las mismas se han hecho bajo hermetismo, trascendió que el lunes 2 de agosto personal de la Fiscalía ingresó a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano para revisar diversos documentos, luego de que vecinos de la Colonia Hollywood, en Playa del Carmen, denunciaran que fue demolida una casa habitación para construir un edificio de cuatro niveles, obra que no cuenta, o al menos no exhibe, los permisos correspondientes de la Ley de Construcciones.
De acuerdo con la denuncia anónima, la Dirección de Desarrollo Urbano habría dado autorizaciones para rebasar los niveles de altura establecidos en el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) a cambio de dinero para la campaña electoral pasada.
La titular de la dirección, María Eugenia Fernández Bustelo Ríos, quien recibió horas antes un oficio en el que se le indicó que debía ofrecer todas las facilidades al personal de la Fiscalía, dio acceso a las oficinas frente a un notario público. Los agentes revisaron y solicitaron copia de 60 expedientes de autorizaciones de obra de este año, para que los peritos las analicen.
Posteriormente, el 4 de agosto, el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) resolvió el Procedimiento Especial Sancionador PES/073/2021, acreditando que en diversas publicaciones realizadas por la alcaldesa Laura Beristáin y el presidente y la secretaria general del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado y Citlali Hernández, respectivamente, sí existió calumnia electoral en contra del gobernador del Estado Carlos Joaquín González, delito tipificado como grave ordinario.
Y es que como se recordará, desde que perdió las elecciones del 6 de junio, Laura Beristáin ha acusado al gobernador de ejercer “terrorismo en su contra” al grado de temer por su vida y la de sus colaboradores. Aseguró que por órdenes del mandatario estatal ha sido objeto de violencia sistemática incluso por su preferencia sexual.
“Temo por mi vida, por la de mi familia y la de mis colaboradores. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, transgredió las reglas de la política, metiéndose con nuestras familias, agrediendo, acosando y violentándolas. Hoy tocaron mi vida, mi casa, mi familia y es por eso que pido un gran auxilio al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a todo su Gabinete, les vuelvo a pedir auxilio porque en Solidaridad nos quieren asesinar y es el Gobierno estatal”, dijo Beristain Navarrete en conferencia de prensa en la Ciudad de México a mediados del mes pasado.
Asimismo, dijo que Carlos Joaquín intentó imponer a través del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo una Ley Mordaza a Mario Delgado, a Citlalli Hernández y a ella misma, dictando medidas cautelares para que no se mencione que fue él quien orquestó el fraude electoral en el Municipio de Solidaridad.
Aunque el cómputo final de las votaciones arrojó que la abandera de la alianza “Va por Quintana Roo”, Lili Campos, obtuvo la victoria con 26 mil 379 votos, mientras que ella consiguió 22 mil 906, Beristáin decidió acudir a los tribunales para impugnar los resultados.
Finalmente, el 5 de agosto, el Teqroo determinó por mayoría de votos que la regidora del Ayuntamiento solidarense, Samaria Angulo Sala, fue blanco de violencia política por parte de la alcaldesa y otros seis funcionarios de la Comuna, incluidos la tesorera Shelina Alonzo Alamilla y el secretario de Planeación y Evaluación, David Duarte Castilla.
Lo anterior, debido a que la regidora panista ha sido constantemente atacada física y verbalmente por la munícipe y sus colaboradores desde el primer día de la actual administración, cuando Beristáin no permitió que tomara protesta como regidora, generando una trifulca en el Palacio Municipal.
De acuerdo con el Procedimiento Especial Sancionador PES/074/2021, el Teqroo ordenó a la presidenta municipal ofrecer una disculpa pública a Angulo Sala en la próxima sesión del Cabildo, a la que también deberá convocar a los seis funcionarios que resultaron responsables, para que igualmente ofrezcan disculpa pública a la denunciante.
Concesiones ilícitas y obras inútiles
Durante su gestión como alcaldesa, Laura Beristáin ha conseguido mantener a Solidaridad como uno de los Municipios más endeudados del país, gracias a que ha entregado o mantenido millonarias concesiones de servicios como la recoja de sargazo y los parquímetros.
En 2019, determinó que la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (PASA) sea la concesionaria del arrendamiento de los camiones encargados de la recolección de las más de 700 toneladas de basura que a diario se generan en el Municipio, misma a la que cada día se le paga 5 mil pesos por turno de 12 horas de cada uno de los 27 camiones recolectores de basura arrendados. Los solidarenses gastan en total 8 millones de pesos de manera mensual por todas las unidades.
Además, paga 9 millones de pesos a la empresa Grupo Ar.Co. para “realizar barridos mecánicos en la zona de playa y costa de Playa del Carmen”, pese a que en agosto de ese mismo año se dio a conocer que no está utilizando el equipo de alta tecnología prometido.
Beristain también ha permitido la operación de dos servicios que han provocado el enojo de los solidarenses: los parquímetros y el agua potable. Con el primero, al término de los 15 años de la concesión, la empresa se habrá embolsado más o menos 3 mil 650 millones 400 mil pesos, de los cuales el Ayuntamiento apenas recibiría una contraprestación equivalente de apenas uno por ciento, es decir, unos 2 millones 430 mil pesos.
Pero la mayor muestra de corrupción de la alcaldesa es el proyecto de remodelación de la Quinta Avenida, en la que el Cabildo aprobó una inversión de 120 millones de pesos, pues la munícipe y sus cómplices en el Ayuntamiento se encargaron de entregar los contratos a empresas fantasmas, entre ellas Constructora Diqsa S.A. de C.V. y Xoanxum, S.A. de C.V., que habrían recibido de manera directa sendos contratos de más de 38 millones de pesos para trabajar en la obra, siendo la última una compañía creada mediante el robo de identidad.
Los trabajos iniciaron en mayo de 2020 y la munícipe dio un plazo de 150 días para concluirlos, pero una y otra vez se encargó de retrasar su entrega. Tras su inauguración en abril de este año, la Quinta Avenida continúa teniendo desperfectos que siguen corrigiéndose, como problemas de hundimientos, rebosamiento del sistema de drenaje y losetas y adocretos rotos.
David Duarte, secretario de Ordenamiento Territorial Municipal, explicó que las cuatro empresas encargadas de la obra se están encargando de las “correcciones”, aunque omitió mencionar que se les está pagando una cantidad extra, lo que rebasa por completo el presupuesto original.
Ante tal cantidad de irregularidades denunciadas, además de las que puedan salir durante el proceso de entrega-recepción y posteriores auditorías de la administración de Lili Campos, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado está próxima a contar con el dictamen de procedencia de juicio político en contra de Beristáin Navarrete y funcionarios de su Cabildo.
La presidenta de la referida comisión, la diputada Kira Iris, asegura que hay elementos para iniciar acciones legales en contra de la actual munícipe y varios de sus colaboradores, pero que tuvieron que esperar a que concluyeran las elecciones para que los presuntos no usen el tema electoral como pretexto.