En medio de las críticas de las que recientemente han sido blanco las autoridades encargadas de organizar y vigilar los procesos electorales en el país, debido a la gran cantidad de recursos que manejan y los pobres resultados que han tenido a la hora de incentivar el voto y hacer cumplir las leyes, ha ocurrido un cisma al interior del máximo órgano en la materia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde cinco de sus siete magistrados votaron por destituir al magistrado presidente, José Luis Vargas Valdez, quien está acusado por presunto enriquecimiento ilícito. El acusado, quien obviamente asegura ser inocente de las acusaciones efectuadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y por sus propios compañeros, se ha negado a entregar el cargo y ha buscado el apoyo del presidente del Poder Judicial de la Federación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien, aunque ha aceptado recibirlo, de plano lo ha invitado a acatar la decisión de sus compañeros magistrados. A este caos se sumó también el enojo que causó en el presidente Andrés Manuel López Obrador el anuncio de la designación de Reyes Rodríguez Mondragón en el lugar de Vargas Valdez -quien, por cierto, en los últimos años ha mostrado tener simpatía por el proyecto de gobierno morenista-, pues en un exabrupto inútil lo acusó de haberle deseado la muerte en un ‘tuit’, lo que acabó siendo desmentido horas después por Jenaro Villamil, uno de los periodistas y funcionarios más férreos defensores del mandatario. Y así, otro surreal episodio inicia en la historia de la política mexicana, aderezado por el cada vez más cansado e imprudente protagonismo presidencial.
Javier Ramírez
Desde febrero de 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Santiago Nieto Castillo, comenzó una investigación en contra del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), José Luis Vargas Valdez, por movimientos en sus cuentas bancarias que superaban los 36 millones de pesos, los cuales no correspondían a los ingresos que ha registrado como funcionario público.
Sin embargo, y como se ha vuelto una constante dentro de la Fiscalía General de la República, al mando de Alejandro Gertz Manero, el Ministerio Público desechó las imputaciones de la UIF y no ejerció acción penal contra Vargas Valdez.
Pero la UIF no claudicó y en julio pasado volvió a presentar una denuncia contra el magistrado, ahora por enriquecimiento ilícito. Ante la gravedad del tema, sus compañeros dentro del Tribunal Electoral optaron por destituirlo, pero éste, empeñado en su inocencia, se ha aferrado al cargo y ahora tendrá que ser el Poder Judicial de la Federación el que resuelva de una vez por todas.
Operaciones irregulares
De acuerdo con la denuncia interpuesta por la UIF, tras una serie de investigaciones se logró detectar que el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdez, gastó 36.7 millones de pesos desde 2013 a la fecha en compras de propiedades en la Ciudad de México, Estado de México y Miami, pese a que en ese mismo periodo declaró un ingresó de sólo 16.7 millones de pesos.
Como parte de las investigaciones, Vargas Valdez declaró en diciembre pasado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en un comunicado aseguró que el origen de su patrimonio y el de su familia es completamente lícito. “Mi conducción como servidor público en el TEPJF y en otras instituciones públicas siempre ha estado apegada a lo que marcan las normas, y he cumplido cabalmente con mis obligaciones”, expresó.
Sin embargo, el 15 de junio de este año la FGR decidió dar ‘carpetazo’ a la investigación al determinar el no ejercicio de la acción penal.
La UIF se inconformó y decidió apelar la decisión del ministerio público, presentando además una denuncia contra seis personas, dos físicas y cuatro morales, al identificarlas como responsables de las operaciones financieras. En una nota, señaló que “José Luis ‘N’, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad”.
“Se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada”, sostuvo. Vargas Valdez respondió a la acusación asegurando que ha demostrado que su patrimonio es legal y sus ingresos están comprobados y declarados.
SCJN, como mediador
El 4 de agosto pasado, en un hecho inédito, cinco de los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF pidieron evaluar la gestión de Vargas Valdez en sesión pública, lo que fue rechazado por éste. “No está en mi intención renunciar’’, dijo antes de mandar a un receso para discutir en privado el asunto.
Pero luego de una hora la sesión se reanudó con la magistrada Janine Otálora al frente y sin la presencia de Vargas Valdez. De esta manera, cinco magistrados votaron por destituir a Vargas Valdez y por designar a Reyes Rodríguez Mondragón como presidente de la Sala Superior.
Explicaron que Vargas Valdez debía ser removido del cargo porque había incumplido con diversas obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, incluidas la discrecionalidad e inconsistencia en el turno de asuntos, diferimiento de las sanciones sin razón justificada, falta de respeto hacia sus compañeros, negativa a someter a discusión el tema de la remoción del Secretario General de Acuerdos y de la Subsecretaria General de Acuerdos, presunta violación forzosa del polígrafo y despido injustificado del personal administrativo.
Vargas Valdez Vargas acusó entonces un golpe de Estado al interior del organismo para destituirlo, y dijo que sus compañeros no tienen la facultad de evaluarlo ni de incluir puntos a discutir de última hora, por lo que pidió que sus quejas las presentarán por escrito y no obstruyan la impartición de justicia.
“Conmino a respetar el orden legal, al diálogo franco y abierto, para honrar la Constitución y lo que ello emana y, sobre todo evitar una crisis constitucional en medio del proceso electoral, es lo menos que le debemos a la sociedad mexicana”, expresó.
Además, solicitó al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, establecer una reunión “para buscar soluciones y acuerdos en beneficio del órgano”.
Arturo Zaldívar dijo estar dispuesto a escuchar a Vargas Valdez, pero lo instó a tomar “una decisión con altura de miras, responsabilidad y realismo. Lo cierto es que no hay condiciones cuando tiene este rechazo de cinco de los integrantes del Tribunal”.
“Yo no tengo atribuciones constitucionales para intervenir en este conflicto, salvo las que se puedan derivar de algún medio de defensa. Ellos pidieron mi intervención para dialogar, para mediar, para que yo trate de ser un instrumento de mediación, que encuentre una salida a esta problemática”, aseveró.
¿Vendido al mejor postor?
Además de las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito, Vargas Valdez tiene en contra varias polémicas durante su carrera. Para empezar, llegó en 2016 al Tribunal al ser nominado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Al cabo de cuatro años, en noviembre de 2020 fue electo magistrado presidente con cuatro votos, mientras que el resto votó por Rodríguez Mondragón.
Desde entonces ha mostrado inclinación hacia el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido al que ha apoyado en casos como el de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, excandidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, a quienes el Instituto Nacional Electoral (INE) les canceló la candidatura por no presentar gastos de precampaña.
Vargas Valdez fue el único de los magistrados que votó a favor de Salgado y Morón, acusando al INE de violar sus derechos político-electorales e incluso sugiriendo que les devuelvan las candidaturas.
Además, fue asignado en el proyecto con el que hace un par de años se le negó el registró a México Libre, partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón, quienes acusaron a Vargas Valdez de haber cedido a presiones externas, puesto que sí apoyó el registro de los partidos que simpatizan con el presidente Andrés Manuel.
Antes de su destitución provocó la molestia de sus compañeros cuando expresó que él no votaba “en manada” los proyectos de sentencia.
Por lo pronto, son los senadores del Morena, del PVEM y del PRD quienes han abogado por llegar a un acuerdo para evitar una “crisis institucional”, principalmente porque aún hay juicios del proceso electoral pasado por atender.
El senador Israel Zamora, del PVEM, aseguró que la destitución de Vargas es inconstitucional y que hay ver si Janine Otálora y los demás magistrados usurparon funciones y realizaron actos indebidos.