En medio de la pandemia en México, el Gobierno federal decidió llevar a cabo otra consulta popular, ahora para determinar el futuro de una planta cervecera de la empresa estadounidense Constellation Brands en la ciudad de Mexicali, Baja California, misma que, de acuerdo con denuncias de agricultores de esa entidad, acabaría con las reservas de agua de la zona. Durante dos días, más de 30 mil personas hicieron caso omiso de las autoridades de salud de no acudir a eventos masivos y salieron a votar en alguna de las 27 casillas instaladas en la referida capital. Con el sufragio de menos del 4 por ciento del padrón electoral de esa ciudad, la Secretaría de Gobernación validó echar para atrás la operación de la planta, lo que provocó la caída de las acciones de la empresa y la molestia de las diversas cámaras empresariales del país, las cuales acusaron al presidente de violar el marco legal y poner en duda futuras inversiones por parte de empresas tanto extranjeras como mexicanas. La política del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando los proyectos de inversión u otro tipo de iniciativas ajenas le parecen contrarias a los intereses del país o a su proyecto de mandato, es someterlos a una ‘consulta pública’ que bien sabe que será favorable a lo que él quiere. Y si bien es un modo de hacer las cosas con un criterio menos frívolo y autoritario que el de algunos de sus antecesores que obraban con las más absolutas arbitrariedad e impunidad en decisiones de la mayor importancia nacional, no deja de ser un modo legalmente artificioso de decidir también por cuenta propia sobre asuntos de la mayor relevancia para la sociedad y el Estado mexicanos. Así lo hizo con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México cuyas obras en Texcoco fueron cancelada tras una consulta a modo en octubre de 2018, aunque de una manera menos autocrática y voluntariosa que la de su antecesor, quien había autorizado el proyecto sin consultarlo con nadie. Sin embargo, meter reversa a proyectos que tienen meses o años en construcción (casi cuatro en el caso de la planta cervecera de Mexicali) sí generan la pérdida tanto de recursos como de empleos, además de la confianza de los inversionistas, de la que dependen en gran medida los factores del crecimiento económico. En la planta de Constellation Brands ya habían sido invertidos mil 500 millones de dólares, y su cancelación costaría al país el doble, si bien el Gobierno federal ya considera la posibilidad de que el proyecto se despliegue en otro sitio.
Javier Ramírez
De nueva cuenta una consulta popular mete al Gobierno mexicano en camisa de once varas.
Siguiendo la práctica –a menudo tramposa- del presidente de la República de tomar en cuenta la decisión de la gente para determinar si van o no los proyectos de infraestructura que afectan el entorno ecológico, económico y social de los mexicanos, los habitantes de Mexicali, Baja California, votaron en contra de continuar con la construcción de una planta cervecera de la empresa Constellation Brands, que tenía un avance de más del 60 por ciento, lo que provocó el enojo del sector empresarial mexicano, que asegura que con esta decisión México se está ganando una mala imagen ante los inversionistas extranjeros, que observan como el Gobierno puede tumbarles sus proyectos mediante meras consultas ‘patito’.
Los directivos de Constellation Brands tratan ahora de dialogar con las autoridades federales, las cuales no descartan la posibilidad de permitirles abrir otra planta en otra zona donde no se afecte a los ciudadanos. Pero las pérdidas que esto ocasionaría superarían los tres mil millones de dólares.
Pelea por el agua
En 2016, la compañía Constellation Brands, la tercera cervecera más grande de Estados Unidos y dueña de las marcas de la empresa mexicana Grupo Modelo en ese país, anunció su proyecto para construir en la ciudad de Mexicali una planta cervecera mediante una inversión de mil 500 millones de dólares.
La planta estaría ubicada en el kilómetro 10.5 de la carretera Mexicali-San Felipe, y tras su conclusión en cuatro o cinco años permitiría abastecer la demanda en California, Estados Unidos.
Sin embargo, un año después, los agricultores de la región denunciaron que la empresa no contaba con el permiso de uso de suelo y que la planta consumiría 20 millones de metros cúbicos al año de una reserva de agua que pertenece a los habitantes del Valle de Mexicali.
En medio de protestas y bloqueos, los quejosos aseguraron que Constellation Brands había construido un ducto de 47 kilómetros para llevar agua del Río Colorado hasta el sur de Mexicali, lo que provocaría escasez de agua en las ciudades y poblados rurales.
A comienzos de este año, autoridades ambientales del Gobierno federal se reunieron con autoridades de esa entidad, con legisladores, científicos, técnicos y las partes involucradas para conocer la situación hídrica de la zona.
La directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, informó que el Valle de Mexicali enfrentaba un problema serio debido a que se estaba extrayendo más agua de la que se recarga, por lo que se requería invertir en infraestructura que ayude a disminuir la sobreexplotación del acuífero.
A esto, los ejecutivos de Constellation Brands afirmaron que la operación de la planta no afectaría los recursos hídricos, pues sólo se limitarían a extraer 8.5 millones de metros cúbicos de agua, de los 82 millones que el Valle tiene disponibles al año.
El 3 de marzo pasado, el presidente Andrés Manuel, luego de expresar que en los anteriores Gobiernos se permitía a los empresarios extranjeros hacer lo que quisieran a costa de los recursos de los mexicanos, anunció que se llevaría a cabo una consulta para determinar el futuro de la planta cervecera.
Voto en contra
La consulta se llevó a cabo los días 21 y 22 de marzo mediante 27 casillas instaladas en las zonas urbana y agrícola de Mexicali. En total votaron 36 mil 781 personas.
El lunes 23, la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, dio a conocer los resultados: ocho mil 547 personas dieron su voto a favor de continuar la planta, mientras que 27 mil 963 votaron en contra de la misma. 261 votos fueron anulados.
De acuerdo con cifras dadas a conocer por el portal Expansión Política, con corte al 10 de abril de 2019, el electorado de Mexicali está compuesto por 796 mil 447 ciudadanos, por lo que apenas el 3.51 por ciento de ellos decidió dar marcha atrás al proyecto de Constellation Brands.
Álvarez Maury informó que, tras los resultados, la Conagua ya no dará los permisos correspondientes que faltaban para que la planta entrara en operaciones, y que el Gobierno federal se pondría en contacto con los empresarios para buscar opciones y subsanar los daños.
En ese sentido, el mandatario comentó que de ser necesario hablaría con los dueños de Constellation Brands para buscar la forma de que tengan las facilidades de establecer la planta en otra región donde haya agua. “Ayudarlos es nuestro deseo y al mismo tiempo respetar la voluntad del pueblo”, expresó.
Molestia empresarial
Tras los resultados, Constellation Brands emitió un comunicado en el que expuso haber tomado nota de los mensajes del presidente Andrés Manuel y la subsecretaria Diana Álvarez, por lo que está listo para iniciar las conversaciones necesarias y trabajar en un plan de acción que considere los grandes retos actuales y futuros que enfrenta México en lo económico y lo social.
Sin embargo, reiteró que su proyecto en Mexicali cumple y ha cumplido con todos los requisitos marcados por la ley, priorizando el cuidado y la disponibilidad de agua para todos.
La empresa finalizó su mensaje recordando que México es muy importante para la firma, debido a que han mantenido una relación positiva y mutuamente beneficiosa por más de 30 años, por lo que tiene la confianza de que ésta continuará.
Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial se lanzó en contra de la decisión, al asegurar que realizar una consulta ciudadana para determinar la viabilidad de un proyecto que cuenta con todos los permisos es violatoria del marco legal vigente y genera un entorno de incertidumbre jurídica en el país, al establecer una grave señal negativa para la inversión tanto nacional como extranjera.
“Un puñado de personas no puede decidir el futuro de una inversión de miles de millones de dólares. De lo contrario seguiremos cayendo en los índices de confianza de inversión extranjera directa, como el de AT Kearney, en el que descendimos ocho lugares, colocándonos en el último lugar”, destacó por su parte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en un comunicado.
De acuerdo con el expresidente del Colegio de Economistas de Mexicali, Enrique Rovirosa Miramontes, la salida de Constellation Brands costará al menos tres mil 500 millones de dólares al país. Aun si la empresa decide mudarse a otro Estado, tendrá que esperar al menos otros cuatro años para echar a andar otra planta, eso sin contar con la pérdida de empleos en Mexicali.
Con la cancelación de la planta se perdieron cuatro mil empleos directos en construcción y las 750 plazas de trabajo que tendría para iniciar la producción.