Entre el grupo de exgobernadores priistas que en los últimos años han sido detenidos y/o acusados por las autoridades mexicanas y estadounidenses de lavado de dinero, asociación delictiva y otros delitos, destacan los hermanos Humberto y Rubén Moreira Valdés, quienes con el apoyo del interino Jorge Torres López provocaron -mediante una red de empresas fantasma- un quebranto al erario de Coahuila de 146 millones de dólares. Además, los tres habrían recibido varios millones de los Zetas, cártel al que protegieron a lo largo de dos sexenios. Y aunque Humberto sería el principal beneficiario de la corrupción que imperó en esas gestiones, al grado de que la Revista Forbes lo ubicó en 2013 en el número 7 de las personas más corruptas en México, el Gobierno de Enrique Peña Nieto no sólo nunca actuó contra él, sino que también lo ayudó en 2015 cuando fue detenido en España acusado de transferir dinero ilegalmente a ese país. Ahora los hermanos Moreira siguen libres y activos en la política mexicana, mientras que Jorge Torres y Héctor Javier Villarreal son quienes están pagando los platos rotos ante las autoridades de EU, acusados de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2.7 millones de dólares.
Javier Ramírez
El pasado 31 de octubre, el exgobernador de Coahuila durante el periodo 2005-2011, Humberto Moreira Valdés, presumió en un comunicado que la Audiencia Nacional de España determinó suspender el proceso penal que mantenía en su contra, tras ser acusado, detenido y posteriormente liberado en aquel país por blanqueo de dinero, cohecho y asociación criminal, entre otros delitos.
Humberto, junto con su hermano Rubén y el gobernador interino Jorge Torre López, provocaron en Coahuila no sólo un daño económico sino también social, al dejar el Estado en manos del Cártel de Los Zetas, acción que habría costado la vida de José Moreira, hijo de Humberto, quien fue asesinado en una presunta venganza por la ejecución del sobrino del ‘Z-40’.
El exgobernador y exlíder nacional del PRI se lamenta ahora de que “las acusaciones en su contra afectaran a su familia” -victimización que aprovechó el año pasado para denunciar al periodista Sergio Aguayo por presunto daño moral, exigiéndole el pago de 10 millones de pesos-, mientras su colaborador y cómplice, Jorge Torres, vio postergada por segunda vez la audiencia en la que las autoridades estadounidenses le dictarán sentencia por lavado de dinero.
Detención y liberación
Según el comunicado presentado por Humberto Moreira, el pasado 26 de octubre la Sección IV de la Audiencia Nacional de España dejó sin efecto el juicio en su contra, luego de confirmó el sobreseimiento acordado el 31 de agosto pasado por el Juzgado Central de Instrucción número 1, desestimando el recurso de reforma y subsidiario de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, por falta de pruebas.
Moreira Valdés expresó su satisfacción por la resolución a su inocencia, y “lamentó el enorme sufrimiento que su esposa, hijos y allegados han padecido a causa de las acusaciones de los que, desde hace años, no cesan su empeño en ligarle a hechos de toda índole”.
Fue en enero de 2016 cuando Humberto Moreira fue detenido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España, por blanqueo de dinero, cohecho y asociación criminal, entre otros delitos, luego de que la Fiscalía Anticorrupción de ese país inició una investigación contra el exgobernador a petición judicial de Estados Unidos, centrado en delitos de malversación durante el tiempo que encabezó al Gobierno de Coahuila, debido a que en 2013 había hecho transferencias de dinero a España por unos 200 mil dólares.
Moreira había comenzado a radicar en Barcelona para comenzar a estudiar. A pesar de que llevaba una vida de lujos, en una residencia de seis habitaciones, seis baños y piscina, el exmandatario aseguró que vivía de una beca del sindicato de maestros y de sus ahorros.
La detención de Moreira suponía un gran avance en un proceso que seguía en contra de sus cómplices en Estados Unidos, pero a los pocos días salió en libertad negando los delitos de los que se le acusó y regresó a México. Un juez español lo había dejado libre luego de que los abogados de éste presentaron documentos que acreditaron las transferencias bancarias de México a España.
Y es que el Gobierno del entonces presidente Peña Nieto había puesto a disposición de Moreira toda la maquinaria diplomática y legal para conseguir su libertad lo más pronto posible, como quedó en evidencia al comprobarse que la entonces procuradora general de la República, Arely Gómez González, habían entablado comunicación con su homóloga española, la fiscal general Consuelo Madrigal, para conocer la posición de los fiscales españoles.
Dos años después, un juez español reabrió el caso tras las declaraciones de dos testigos a la Fiscalía Anticorrupción, y se relacionó a Humberto con los hermanos Raúl y Rolando González Treviño, considerados como “blanqueadores” de dinero para el Cártel de los Zetas.
Deuda y narcotráfico
Cuando Humberto llegó en 2005 a la gubernatura de Coahuila, la entidad tenía una deuda de unos 300 millones de pesos. Al finalizar su gestión en enero de 2011 para buscar la presidencia nacional del PRI, la deuda había rebasado los 30 mil millones de pesos. Por esa razón, en agosto de ese año, el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra quien resultara responsable de la adquisición del millonario adeudo.
Sin embargo, Humberto sólo alcanzó a dirigir al partido entre marzo y diciembre de ese año, pues cuando la Auditoría Superior de Coahuila dio a conocer que los 30 mil millones de pesos se adquirieron en 2008, renunció para enfrentar las denuncias.
Pero en noviembre de 2012 la PGR lo absolvió al no encontrar evidencias suficientes para acusarlo formalmente de desvío de recursos, pese a que en ese mismo mes se difundió un video en el que Moreira y el exadministrador general de políticas públicas del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, Sergio Ricardo Fuentes, discutían sobre créditos irregulares con los bancos Santander y BanBajío por mil millones de pesos.
Humberto nunca fue investigado por su relación con el Cártel de los Zetas, grupo del que habría recibido sobornos para dejarlo “trabajar” libremente -aunque dicha complicidad se rompió en 2012, cuando en una aparente venganza por la ejecución de Alejandro Treviño Chávez, sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’, líder de los Zetas, éstos asesinaron al hijo del entonces mandatario, José Eduardo Moreira Rodríguez-.
Jorge Torres, principal chivo expiatorio
Tras la licencia de Humberto Moreira, el Congreso del Estado designó en enero de 2011 a Jorge Juan Torres López como gobernador interino. Torres López concluyó su gestión en noviembre de ese mismo año para pasar la estafeta a Rubén Moreira, hermano de Humberto, quien dejó a la entidad como la sexta más endeudada del país, al pagar durante su gestión 21 mil millones de pesos a los bancos de puros intereses, sin bajar ni un centavo el adeudo.
Sobre Rubén pesaron señalamientos por no haber investigado ni a Humberto ni a Torres López por la mega deuda del Estado, ni por los nexos que habría tenido el primero con los Zetas.
En 2016, la bancada del PAN en el Senado acusó a Rubén ante la PGR por el presunto desvío de 160 millones de pesos de las arcas estatales a empresas fantasma que no aparecían en el padrón de proveedores del Gobierno de Coahuila. Además un integrante de los Zetas, identificado como Adolfo Efrén Tavira, declaró ante una corte federal de San Antonio, Texas, que el gobernador recibió en 2012 una camioneta llena de dinero proveniente del referido grupo criminal.
Por su parte, Torres López fue capturado en febrero de 2019 en Puerto Vallarta, Jalisco, y de inmediato fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Tras finalizar los trámites, fue extraditado en octubre de ese año a los Estados Unidos, acusado de los delitos de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2.7 millones de dólares.
En junio pasado, el exgobernador interino se declaró culpable de haber participado en un esquema de lavado de dinero, tras haber aceptado que efectuó transacciones bancarias en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de obras en Coahuila.
La juez de Distrito fijó el 10 de septiembre pasado como fecha de sentencia, pero reprogramó la audiencia para el 27 de octubre. Finalmente, las autoridades aplazaron nuevamente la audiencia, ahora para el próximo 13 de enero de 2021.
Torres López podría recibir hasta 20 años en prisión y una multa de 500 mil dólares.
Cuando Humberto Moreira y Jorge Torres fueron aprehendidos, representantes del entonces Gobierno federal afirmaron que se desencadenaría un ‘efecto domino’ que podría llevar a la detención de más exfuncionarios involucrados en el desvío de recursos registrado en Coahuila, pero sólo Torres López y el subsecretario de Programa y Presupuesto en el periodo de Humberto, Héctor Javier Villarreal-Hernández, pagaron los platos rotos. Villarreal fue detenido primero en 2011 en Coahuila, pero quedó libre tras pagar 10 millones de pesos de fianza. En septiembre de 2014 fue declarado culpable en las cortes de Texas de los cargos de conspiración para lavado de dinero y transporte de dinero ilícito a aquel país, pero se le concedió libertad condicional tras entregar 6.5 millones de dólares que le habían sido confiscados.