CIUDAD DE MÉXICO.- El delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC (Amotac) en Puebla, Andy Rossini Martínez, denunció que diversas empresas intentan trasladar al autotransporte las pérdidas ocasionadas por los narcobloqueos del pasado domingo mediante penalizaciones por retrasos y cobros por carga robada.
En entrevista con La Jornada de Oriente, afirmó que estas prácticas se han vuelto “intolerables” para el gremio y adelantó que la organización prepara acciones a nivel nacional para exigir mayores condiciones de seguridad y un trato justo para los operadores.
Explicó que algunas compañías se niegan a pagar viajes completos —con montos que rondan los 10 mil pesos— o buscan que los transportistas absorban el costo total de la mercancía cuando las unidades son robadas o quedan varadas por bloqueos vinculados al crimen organizado. También reportó casos en los que se pretende cobrar hasta mil pesos por cada hora de retraso, aun cuando las demoras obedecen a hechos de violencia en carretera.
“Hoy en día las empresas quieren que uno les pague las cargas, ya quieren que les paguemos hasta por trabajar con ellas”, reclamó Rossini Martínez. Añadió que, en algunos casos, las firmas aprovechan la coyuntura para retener pagos pendientes por servicios previamente prestados a crédito.
El dirigente señaló que el sector continúa operando en números rojos tras la pandemia y que ahora enfrenta un nuevo impacto por la inseguridad. A las pérdidas por robos, incendios de unidades y cargas siniestradas se suman viajes que no se liquidan y sanciones por no entregar mercancía “en tiempo y forma”.
Como ejemplo, la organización documentó el caso de un transportista radicado en la frontera entre Puebla y Tlaxcala, cuya unidad fue robada, recuperada, sustraída nuevamente y finalmente incendiada durante los recientes hechos de violencia.
Rossini Martínez sostuvo que las empresas están “haciendo leña del árbol caído” y minimizan el impacto real que la inseguridad tiene en los costos y el ingreso de los operadores.