Por Francisco Javier Hernández
CIUDAD DE MÉXICO.- Al responder a una pregunta sobre el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a atraer la resolución de uno de los juicios de amparo que ha emprendido Aguakan, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, nuevamente se pronunció en contra de las privatizaciones del servicio de agua potable, como el que se dio en el norte de Quintana Roo.
La primera mandataria afirmó que la gran mayoría de las privatizaciones del servicio de agua potable han tenido muchos problemas, porque no se invierte en la operatividad de los sistemas.
“Se cobra, pero no se invierte, cobran tarifas más altas a la gente y el sistema está abandonado; hay fugas, no se arreglan, cuando supuestamente el objetivo de la privatización era que funcionara el sistema del servicio del agua, en particular, en Cancún, en Benito Juárez”.
“No han cumplido, no funciona bien el servicio, no reparan, y se quieren seguir quedando con la concesión”, expresó tajantemente sobre Aguakan.
Manifestó que por eso el Gobierno del Estado y del municipio han estado pidiendo que el servicio regrese a lo público, y ya ganaron un amparo muy importante, y aunque supuestamente se iba a pronunciar la Corte, que consideró que hubiese sido importante su opinión, determinó no tomar una decisión en el tema.
No obstante, más allá de lo anterior, la presidenta consideró que lo más importante es que los juzgadores que revisan el caso pongan por encima de todo lo público y el bien de la gente, y el agua como derecho humano.
Cabe mencionar que en la pregunta realizada la presidenta de México le mezclaron como si fueran lo mismo los dos juicios de amparo que interpuso Aguakan contra acciones del Gobierno del Estado de Quintana Roo: el primero, el más conocido, es el que perdió en abril en el Juzgado Octavo de Distrito de Cancún, en sentencia que declaró legal el decreto del Congreso del Estado que ordenó la cancelación de la prórroga anticipada de la concesión por otros 30 años; y el segundo, menos conocido, es un amparo en revisión en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México, donde pelea la devolución de una suspensión definitiva que impedía que la concesión y su prórroga por 30 años más fueran retiradas mientras se realiza un arbitraje por sanciones que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) le puso desde el 2022 por incumplimiento de inversiones en infraestructura hidráulica.
Fue en ese segundo caso, el que se tiene en la Ciudad de México, en el que el gobierno del estado de Quintana Roo solicitó a la Primera Sala de la SCJN que atrajera la resolución de la demanda, petición que hizo suya la presidenta de la sala, Loretta Ortiz Ahlf, ministra allegada al Gobierno federal de Morena y que está en campaña por su reelección, pero fue rechazada por la mayoría de sus compañeros de sala a principios de abril, basados en que el gobierno del estado no tiene legitimación legal para pedir la atracción del caso.
Debido a lo anterior, el asunto seguirá en manos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México hasta la resolución sobre si se devuelve o no la vigencia a la suspensión definitiva que pidió Aguakan.
El caso del amparo ganado por el Congreso del Estado en Cancún, todavía está en espera de que se indique el procedimiento de revisión que emprenderá Aguakan y qué tribunal colegiado federal en el estado de Quintana Roo se encargará de atenderlo, pero mientras eso ocurre, la sentencia no se puede ejecutar, y los servicios de agua potable los sigue prestando la empresa privada.