BACALAR.- El Ejército Mexicano ha desacatado, una vez más, al menos un par de órdenes judiciales que obligan al gobierno a suspender las obras en la Laguna de Bacalar, una de las joyas naturales del sureste del país y un atractivo turístico, y sitio en donde las fuerzas armadas construyen instalaciones de descanso para su personal.
De acuerdo con un video de la organización Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano (DMAS), las obras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las inmediaciones de la laguna de los siete colores continuaron este jueves pese a las suspensiones judiciales, una definitiva y otra provisional.
Vecinos de Bacalar que monitorean constantemente la zona reportan que tras algunos días sin movimiento, desde el miércoles 14 de mayo se observa a trabajadores salir de la obra aproximadamente a las 21 horas. Además, maquinaria realiza trabajo de aplanamiento y compactación del suelo.
Al parecer también están bajando la altura de la barda que ya habían empezado a construir, lo cual fue uno de los compromisos que habían hecho con ciudadanos locales en una reunión realizada hace varias semanas en el palacio municipal de Bacalar.
La obra está tapada por tablas de madera que impiden la visibilidad y acceso a los trabajos, pero desde el miércoles es notoria la presencia nuevamente de obreros y maquinaria
La última de las suspensiones fue promovida por un grupo de infantes que piden no realizar ningún tipo de obra en la laguna y cuyo fallo definitivo podría ocurrir el 26 de mayo tras una audiencia.
Además, los colectivos Proyecto Justicia Común (PROJUC) y DMAS promovieron un amparo que ya cuenta con una suspensión que ordena la suspensión total de las obras.
El Ejército carece de permisos ambientales para construir en la Laguna de Bacalar, además de que no se ha presentado el proyecto que pretenden realizar en esa zona natural.
De acuerdo con GreenPeace México, la construcción, iniciada en enero de este año, fue denunciada por no contar con los permisos ambientales necesarios, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni haber pasado por un proceso de consulta pública a la comunidad.
Fuente: El Financiero/La Jornada