Signos
Acaso haya tantos o más delincuentes políticos y con cargos públicos que jefes de bandas criminales.
Y quizá en las Fiscalías y los recintos policiales haya, inscritos en sus nóminas, tantos o más sicarios, extorsionadores, secuestradores, criminales y enemigos de la ley y de la seguridad que los que cobran en las organizaciones delictivas propiamente dichas.
En ciertas ciudades de entidades y Municipios cuyas autoridades eran socias o estaban controladas por los cárteles, como en Tamaulipas, era normal que no pocas patrullas arregladas como de la Policía fuesen propiedad de grupos como el de Los Zetas y anduvieran por ciudades como Reynosa y Matamoros conducidas por sicarios, sobre todo en tiempos de Gobernadores como Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. Era normal que los grupos criminales pagaran una especie de franquicia para hacerse cargo de ciertos cuerpos policiacos municipales y estatales de su interés, como los de la franja fronteriza tamaulipeca.
Es normal que los policías locales sepan que tales o cuales edificios ahora abandonados fueron despojados a sus dueños por tales y cuales representantes del grupo criminal que controlaba la zona, como el vecino de la frutería sabe de sobra quién le revisa al dueño las facturas y le impone cuotas fijas y en los ranchos se sabe de igual modo quiénes pasan a cobrar cuando hay buenas cosechas.
En definitiva: el crimen organizado ha podido y puede hacer las cosas más siniestras en cualquier parte de México porque casi toda la autoridad en donde opera ha sido y es de su misma catadura, haya sido o sea de la corrupción priista o panista o perredista, o de la regeneración moral obradorista y verdemorenista.
Era imposible depurar los cuerpos policiacos y mucho más crear y formar otros que fueran de elementos éticos, aptos, bien pagados y bien armados en sus entidades para enfrentar la fuerza armada y de coacción del ‘narco’, solían argumentar los Gobernadores en las reuniones del Sistema Nacional de Seguridad donde solicitaban el envío de efectivos militares al entonces Presidente panista Felipe Calderón. (‘Ni que pudiéramos aspirar a Policías como las suizas’, se burló un día el Gobernador perredista Ángel Aguirre, de Guerrero.) Las bandas criminales los rebasaban y la tropa, sin competencias policiales, optaba más por ejecutar que por detener sicarios sobre la lógica simple de que, del mismo modo que las Policías eran inservibles, procesar multihomicidas y torturadores era perder el tiempo en un sistema de Justicia inoperante y corrompido. El régimen federal panista no tenía control sobre los gobernantes locales de su partido ni influencia alguna sobre el enjambre opositor del PRI y el PRD. Y en el caos de la fragmentación y la ingobernabilidad y la vulnerabilidad política del país creció la industria del crimen organizado, cuyas bandas también se dividieron y se distribuyeron autoridades y territorios. Tras el desmantelamiento del totalitarismo priista con el advenimiento de la pluralidad y la democracia de la alternancia partidista en los Poderes representativos, la Federación se dispersó en feudos cuya autonomía, pues, fortaleció políticamente a sus grupos de poder pero hizo vulnerable su seguridad pública frente a las organizaciones criminales, con las que sus autoridades no tuvieron más remedio que negociar para seguir ‘gobernando’ (por así decirlo).
Y de ahí p’al real…
SM