Pese a no tener la misma ‘fama’ que Javier Duarte, Tomás Yarrington, César Duarte o Roberto Borge, durante el tiempo que gobernó a los nayaritas el también exmandatario priista Roberto Sandoval Castañeda incurrió en actividades propias del crimen organizado que le permitieron amasar una fortuna. Con el apoyo de su entonces fiscal Édgar Veytia, no sólo se dedicó a los despojos y desvíos de recursos, sino también permitió que varias organizaciones criminales operaran a sus anchas en Nayarit, entre ellas los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de los Beltrán Leyva. Como sucedió con los exgobernadores anteriormente mencionados, su impunidad terminó con la llegada de la alternancia a Nayarit. El panista Antonio Echevarría García y una ‘comisión de la verdad’ iniciaron una serie de investigaciones que culminaron con el aseguramiento de varias de sus propiedades. Sin embargo, consiguió evitar que se consignaran otras averiguaciones previas en su contra. El Partido Revolucionario Institucional, entonces dirigido por Enrique Ochoa Reza, terminó deslindándose de las acciones de Sandoval para desviar recursos a las campañas del tricolor y en 2018 el Congreso local logró inhabilitarlo por 12 años para ejercer algún cargo público. El exgobernador continúa impune en México, pero el Gobierno de Estados Unidos sí consiguió bloquear sus activos en ese país y, finalmente, prohibirle la entrada a él y a su familia por sus vínculos con bandas de narcotraficantes.
Javier Ramírez
Presumiendo su origen humilde como tablajero e inmigrante ilegal en los Estados Unidos, Roberto Sandoval Castañeda, quien pasó de ser director del rastro municipal a convertirse en diputado local y alcalde de su natal Tepic, consiguió en 2011 ganar la gubernatura de Nayarit con el apoyo de la alianza PRI-PVEM-Panal.
Una vez en el poder, rápidamente se olvidó del mote del ‘candidato del pueblo’ para dedicarse a la compra de terrenos y ganado. Con su rancho de 300 hectáreas llamado La Resolana, se ganó la amistad del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez y de personalidades del mundo del espectáculo y el deporte, como Raúl ‘Canelo’ Álvarez, a quien haría su socio en una fundación que sirvió de fachada para la compra de caballos finos.
Sin embargo, fueron sus vínculos con los cárteles de la droga, así como el despojo de terrenos y hasta el secuestro, lo que terminó por enriquecerlo.
Fortuna incuantificable
En su declaración patrimonial realizada en 2009, cuando todavía era alcalde de Tepic, Roberto Sandoval apenas reportó la compra de una casa en Guadalajara mediante un préstamo bancario de 2 millones de pesos, así como dos automóviles que aún no terminaba de pagar, un terreno en Nayarit valorado en 220 mil pesos y una inversión no especificada de ganado.
Sin embargo, en 2015, cuatro años después de llegar a la gubernatura, realizó otra declaración patrimonial ante instancias estatales que nunca la hizo pública, pero para entonces ya era un secreto a voces que había comprado varias caballerizas y que su rancho La Resolana contaba con 300 hectáreas.
Dos años después dejó la gubernatura sin haber presentado su declaración patrimonial, de interés y fiscal en la plataforma ciudadana 3de3 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Protección al narco
Antes de que dejara la gubernatura en 2017, Roberto Sandoval ya era blanco de las críticas y de peticiones de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) de que dejara la gubernatura para ser investigado por su nexo con su fiscal, Édgar Veytia.
Veytia había desarrollado su trayectoria a la par de la de Sandoval, quien siendo alcalde de Tepic lo nombró primero director de Tránsito y Vialidad, y posteriormente secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
Una vez que Sandoval llegó a la gubernatura, lo hizo subprocurador y luego fiscal, cargo que lo acercó al crimen organizado, pactando con poderosos narcotraficantes como Alfredo Beltrán Guzmán y Juan Francisco Patrón Sánchez. De esta manera, Veytia dio luz verde a una serie de “levantones”, secuestros, despojos y extorsiones, haciendo que Nayarit se convirtiera en centro de operaciones del Cártel de los Beltrán Leyva, con el apoyo de la Policía de Nayarit como su brazo armado.
Veytia quedó en la mira de las autoridades estadounidenses, quienes lo detuvieron en marzo de 2017 acusado de conspiración internacional por importar, fabricar y distribuir heroína, metanfetaminas, mariguana y cocaína.
Investigado por la PGR
En agosto de 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó que había comenzado una investigación en Nayarit y que había solicitado información al entonces nuevo gobernador, Antonio Echevarría García.
De acuerdo con la investigación federal, Sandoval tenía 10 asociados a quienes había beneficiado con inmuebles, ganados, caballos y contratos de obra pública, incluyendo un desvío de recursos públicos que involucraba al exmandatario de Chihuahua, César Duarte Jáquez, para quien habría importado tres mil cabezas de ganado procedentes de Nueva Zelanda, una parte de los cuales se quedó Sandoval por medio de prestanombres.
Se informó también que su sobrino Hugo Ismael Sánchez, quien fue ejecutado en septiembre de 2017, era uno de sus operadores, encargado de recaudar una cuota de 20 por ciento en las dependencias estatales.
Las actividades de Sandoval no se limitaron a la delincuencia organizada, sino también creó una fundación -teniendo como presidenta a su hija mayor y como socio a Raúl ‘Canelo’ Álvarez- dedicada brindar sesiones de equinoterapia, que no era más que una fachada para encubrir la compra de ejemplares finos.
Sandoval se defendió comentando que no tiene nada de malo tener una casa o contar con ganado, ya que antes de ser funcionario público, se dedicaba a la actividad ganadera. “Ahorita es muy fácil investigar la procedencia de cada una de las propiedades que tiene un servidor público, ya no es como antes”, destacó.
Y aseguró que “de mi parte, Roberto Sandoval, como gobernador, ni un solo peso yo desvié de mi responsabilidad”.
Aseguramientos y protección judicial
La Fiscalía General de Nayarit puso manos a la obra y no sólo le aseguró cinco propiedades -incluida la sede de la Fundación Ríe- como parte de las investigaciones iniciadas por el presunto enriquecimiento ilícito, sino también puso bajo resguardo 13 ranchos que presuntamente pertenecen al magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa local, Raymundo García Chávez, exsecretario particular de Sandoval cuando fungía como gobernador. Las fincas no estaban a nombre de García Chávez, sino de su madre, quien actuó como prestanombres.
Sin embargo, a finales de marzo de 2018 obtuvo una suspensión provisional, concedida por el juez primero de Distrito en materia penal, para que no pueda ser detenido por acciones derivadas de la investigación de enriquecimiento ilícito por parte de la Fiscalía nayarita. Además, un juez de Jalisco le otorgó una suspensión definitiva para que no pueda ser detenido o afectado en sus bienes por señalamientos penales en su contra.
Aun así, el 13 de septiembre de ese mismo año el Congreso de Nayarit lo sometió a juicio político, determinando imponerle una inhabilitación de 12 años, 10 meses y 15 días para ocupar cualquier cargo público, por haber violado la ley electoral al entrometerse en las elecciones locales de 2017, utilizando programas sociales para la compra de votos, además de haber entregado una Notaría Pública a Roy Rubio Salazar, quien en ese entonces era titular de la Auditoría Superior de ese Estado.
Vetado en EU
Pero a diferencia de otros de narcogobernadores, quienes apenas dejaron el cargo se dieron a la fuga, Roberto Sandoval continuó con su vida en su natal Estado, jactándose de haber quedado limpio.
Y así fue, hasta que el pasado 28 de febrero el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dio a conocer que Sandoval Castañeda había ingresado a una lista que lo excluye de recibir visa para entrar a los Estados Unidos.
De acuerdo con el funcionario estadounidense, durante su periodo como gobernador de Nayarit, Sandoval Castañeda malversó bienes del Estado y recibió sobornos de organizaciones narcotraficantes, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación, a cambio de información y protección, lo que lo hace inelegible para ingresa a territorio norteamericano.
Además del ex gobernador, el Departamento de Estado designó públicamente a su esposa, Ana Lilia López Torres; a su hija, Lidy Alejandra Sandoval López; y a su hijo, Pablo Roberto Sandoval López, como inelegibles para recibir visas estadounidenses.
No se puede descartar que el Gobierno de aquel país inicie alguna investigación que pudiera por fin llevarlo ante la justicia por primera vez, toda vez que en México las autoridades no parecen tener intención alguna de hacerlo.