Signos
En México, un voto le cuesta al erario quince dólares. En Inglaterra cuesta tres.
Tanto el sistema electoral permanente como el número de candidatos a elegir representan cinco veces más el costo legal (si bien la población mexicana es casi dos veces más numerosa que la inglesa).
No importaría, si en términos de calidad el sufragio produjese representantes populares auténticos y del valor de lo que cuestan.
Pero el sistema mexicano fue diseñado desde un presidencialismo que primero produjo franquicias partidistas y propietarios de las mismas que han traficado sufragios y conveniencias de poder con los partidos mayores, del oficialismo y la oposición, y un desmesurado aparato administrativo y de Justicia electoral pretendidamente autónomo pero controlado (sobre todo en sus réplicas locales) por los grupos políticos en el poder, y que pese a toda su vasta trama de gestión es incapaz de eliminar el mayor de los impedimentos para el ejercicio verdadero y crítico de la voluntad del electorado en las urnas: el financiamiento ilegal de los procesos electorales y de las candidaturas, que estudios especializados indican que supera en tres a uno al constitucional, lo que hace de las elecciones un gran fraude legalizado por una institucionalidad fallida y construida a modo por los grandes poderes fácticos y sus decisivas mayorías espurias.
¿Que Andrés Manuel López Obrador pudo vencerla e imponerse en el mando presidencial y dominar la mayoría de posiciones de elección del Estado Nacional gracias a la masividad de electores convencidos de su causa ideológica?
No. O no sólo por cuenta propia y con cargo a su innegable popularidad carismática y arropada en las emotividades e idolatrías del guadalupanismo identitario mexicano, las que siguen sirviendo para que su elegida a sucederlo, y tantos otros gobernantes y líderes políticos con la marca de su partido y de sus alianzas partidistas sigan manteniendo -por más representativos de lo repudiable que sean- altos índices de aprobación, con el favor que significan los beneficios del Banco del Bienestar, legados por él y a él reconocidos en la aceptación a ciegas de sus herederos, por siniestros que, en efecto, sean.
Negoció con toda suerte de liderazgos oportunistas y grupos políticos y económicos de la peor especie que lavaron imagen y dinero negro en la causa falaz de la regeneración moral y la ‘cuarta transformación’, entre ellos expriistas de la misma procedencia suya, expanistas del mismo pudor, Gobernadores y Alcaldes similares, y cúpulas partidistas de sobra condenables como las del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, organizaciones que fueron incubadas como falsa oposición ambientalista y de izquierda por el salinismo usurpador de la Presidencia de la República (como antes lo fueron el Partido Popular Socialista o el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PPS y PARM, satélites del PRI) para encubrir el fraude electoral del 88, y para cuya legitimación constitucional de esa idiosincrasia delictiva del poder político envuelta en iniciativas de transparencia democrática es que fue forjado el muy oneroso sistema electoral mexicano, el más caro del mundo, donde el costo real del sufragio, más allá del oficial, supera en quince veces el inglés, gracias al dinero desviado del presupuesto por los gobernantes elegidos por la misma vía del financiamiento ilegal -esos recursos desviados del erario más los aportados por los grupos delictivos empresariales y del crimen organizado para hacer ganar a sus gobernantes y a sus demás ‘representantes populares’-, por lo cual la democracia mexicana y su costoso sistema electoral y de partidos seguirá siendo, con el complemento de un sistema educativo de los peores del mundo, también una de las más iletradas e inciviles del mundo.
Un ejemplo por demás ilustrativo es que la fuerza de la regeneración moral obradorista procede de la izquierda priista, tanto como del neoliberalismo privatizador que la expulsó del PRI proceden -porque el entonces Presidente, Carlos Salinas de Gortari, los procreó- los imprescindibles aliados sin escrúpulos del verde ambientalismo y del proletariado petista sin los cuales no podría reformar el país desde su izquierdismo moralizador.
¿Puede creerse, entonces, que sea capaz de ocurrir una verdadera regeneración nacional y una democracia de valor donde la desvergüenza partidista no deje de imponer sus condiciones en un mayoriteo reformador para tal regeneración, donde la moral es el principio por excelencia anunciado y defendido por el partido presidencialista de la llamada ‘cuarta transformación’, y donde la Presidenta misma de la República y su partido son incapaces de combatir con eficacia los privilegios de las mafias políticas que han sido sus aliadas, que gobiernan en nombre del partido presidencial una Entidad Federativa como la quintanarroense -la que no solo gobierna el Verde, sino que domina de manera absoluta y arbitraria en todos sus Poderes republicanos-, y con las que tienen que negociar de maneras muy delicadas y sutiles sus candidaturas en entornos como el del Estado caribe para evitar rupturas y conflictos mayores rumbo a los comicios del año venidero?
Mantener el estercolero representativo sin tocar los financiamientos ni reestructurar a fondo el elefante organizacional de los comicios y el sistema partidista legado por el salinismo y el zedillismo para defender la corrupción electoral de siempre disfrazada de democracia, y donde la ralea política y el oportunismo ideológico pueden seguir ganando en las urnas con la prédica de la regeneración moral y los programas socioelectorales del Bienestar, eso supone el plan b, o la bisutería constitucional a que se ha reducido la ya de por sí pobre y doblegada reforma electoral de la Presidenta de la República.
Porque sin educación, sin estética política ni civilidad ciudadana y democrática, México seguirá siendo el país de la palabrería moral y el reformismo inútil.
SM