El Presidente (y todo lo demás) en el alambre

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La pandemia pone en la superficie mucho de lo peor del mundo que hemos asumido casi como inevitable.

Desde el hundimiento de la Unión Soviética, por ejemplo, ha dominado la idea de que las leyes del mercado son absolutas, y que no hay vida económica ni justicia social posible más allá de la plena simplificación del Estado, de la empresa privada como fuente esencial del bienestar (ingreso, innovación, prosperidad), de la privatización integral de toda actividad rentable, y de la desigualdad derivada –en términos proporcionales- de la concentración de la riqueza y del lucro infinito asociado a la libertad desregulada y sin fronteras de la capacidad de capitalización y de especulación financiera de los propietarios de lo existente, y para cuyo servicio y por el bien de todos, el Estado debía existir.

Todo lo que no fuera democracia liberal y economía de mercado, condicionados por el patrimonialismo financiero y la dinámica bursátil, era ilegítimo, totalitario, enemigo del espíritu humano, y anacronismo imperdonable y extinguible como el más grande de los fracasos del comunismo marxista en el planeta Tierra.

El Consenso de Washington fue religión. La unipolaridad se creyó eterna. El Estado social se había rendido al Estado privatizador. La inversión y los bienes públicos eran dispendiosos y prohibitivos. ¿Economía mixta; participación estatal en sectores con posibilidad de remanentes más allá de lo que no fuese de utilidad para el sector privado? Anatema.Era invocar paternalismo y dádivas populistas con cargo a un pecaminoso, censurable y muy antidemocrático déficit fiscal.

En Estados Unidos y entre las grandes potencias occidentales no era ninguna novedad la concentración privada de casi todo. Su genética y su cultura estaban uncidas a un poder económico cifrado en una larga historia de conquista y de saqueo colonialista, y en una subsidiaria y cómoda desigualdad del ingreso, garantizada en estructuras institucionales poco tocadas por la corrupción (porque la calidad de vida se recicla en la calidad educativa, y la conciencia del éxito y el ascenso social se fincan más en el mérito que en el abuso y la ilegalidad). El ejercicio electoral inclusivo y abierto a la diversidad racial e ideológica, procedía de la evolución ética de las formas constitucionales, el progreso de los derechos civiles, y la aparente redención del violento pasado imperial –que a menudo y en tiempos de crisis reaparece en neofascismos y mandatos supremacistas y de consistencia totalitaria- a partir de nuevos y ejemplares códigos de conducta en torno del respeto a los derechos humanos. Pero en pueblos inciviles, saqueados por sus conquistadores, primero, y sus oligarquías criollas, después, la privatización neoliberal hegemónica, como el nuevo orden alternativo, fue más rapaz que toda su vieja historia de élites carroñeras y despojos nacionales. Pero como ni la educación escolar ni sus productos manifiestos en la civilidad política, la cultura legal y los valores ciudadanos y democráticos prosperaron nunca –y jamás remontaron el promedio de la modernización de otras naciones independizadas e incorporadas a los novedosos procesos de la globalización del llamado ‘mundo en desarrollo’ de los ochenta y noventa-, la brutalidad del hurto descomunal de los bienes públicos, propinado con las reformas privatizadoras del salinismo ochentero, no fue concebida como tal. Entre la opinión pública favorable, esas reformas fueron la gran revolución económica que incorporó al país a los beneficios de la integración comercial. Sólo que la opinión pública -desde que el Estado obró la monopolización empresarial mediática en favor del monopolio del partido de Estado y de la propaganda de su grupo de poder, y en su etapa privatizadora y salinista ese partido y su régimen presidencial reforzaron dichos monopolios entregando más concesiones y cediendo sus propias instituciones de comunicación social a empresarios ‘amigos’ o socios del poder, que además las convirtieron en trituradoras de conciencias y de la educación informal- estaba secuestrada por los voceros del régimen, y la verdad histórica diría, a la postre, que el reformismo privatizador, continuado durante más de tres décadas, produjo una casta de magnates de los más ricos del mundo, contra una de las comunidades más extensas y también más pobres del orbe. Sólo durante los seis años de Carlos Salinas, esa casta se hizo de casi quinientas empresas públicas estratégicas –incluidos bancos e industrias de sobrada rentabilidad para el Estado, como las mineras, del acero, de comunicaciones, de seguros, alimentarias y otras, transferidas a precios de remate pero a cambio de sustanciales porcentajes para la élite dirigente que operó tan colosal robo del Estado mexicano y que convertiría, por eso, al entonces presidente Salinas, en el hombre más rico del mundo de todos los tiempos-.

Y el caso, y por la tradición del sincretismo de la corrupción histórica entre los grupos empresariales y del poder político, es que sigue pareciendo inconcebible, entre amplios sectores de opinión pública, que el nuevo liderazgo presidencial se resista a mantener –antes, durante y después de la crisis de la pandemia- a los grandes grupos económicos como los primeros que deben ser subvencionados por el Gobierno para salvar al país de las pestes sanitaria y económica en curso. Han sido ellos, y su sucia historia de turbiedades y complicidades con las élites gobernantes, los que han envilecido la vida nacional y han producido la mayor desigualdad social en pueblo alguno del mundo. La descomunal pobreza y la mayor desigualdad social obrada entre los sectores público y privado de México, es lo que hace la diferencia con otras naciones, y por lo que no es ni ético ni práctico ni pertinente, ni en esta crisis ni en ninguna otra, acudir a las mismas recetas de salvación del sector privado, desde el sector público, que sólo han terminado por profundizar y ampliar la brecha entre los más ricos y los más pobres del país.

Hasta principios del setenta, la economía de México era robusta y sostenible. Y en lugar de la reivindicación democrática que debió suceder a la represión de los movimientos sociales de finales de los sesenta –como el estudiantil del 68-, se impuso la corrupción populista, estatista y demagoga que devastó al país en un endeudamiento y una crisis fiscal sin precedentes, y cuyo remedio neoliberal y privatizador fue peor que la enfermedad.El éxito económico del ‘desarrollo estabilizador’ de los cincuenta y los sesenta fue roto por el derroche desmedido del autoritarismo, por su viciado paternalismo –de infinitos subsidios mediatizados por una burocracia pervertida e insaciable- y por el saqueo complementario de banqueros e inversionistas que se financiaban del Estado sólo para incrementar sus capitales y rentabilizarlos en el exterior. Sin embargo, la ruina populista fue una caricatura comparada con la neoliberal. Pero el perfil empresarial de la era populista y de la privatizadora no cambió, sólo se globalizó. Los magnates se tornaron príncipes bursátiles, algunos de ellos herederos de las glorias empresariales cultivadas por sus padres en la peste de las concesiones del poder político de su tiempo. Y en medio siglo, uno de los países más extensos y más ricos se ha convertido –de ser una potencia alimentaria y una economía ejemplar y de mayor crecimiento en América Latina y en buena parte del mundo- en uno de los más desiguales y con mayores índices de pobreza extrema –y de pequeños empresarios pobres y de pobres que viven al día-, y eso lo hace diferente a la hora de la toma de decisiones frente a una emergencia global como la de la actual pandemia y frente al gremio empresarial más poderoso del país, y al que pertenece uno de los grupos más favorecidos por el Estado y por eso más ricos y depredadores del planeta.

Es una extravagancia –por decirlo así- cómo a algunos comentaristas financieros, de la generación de la cultura económica del salinismo y cuya escuela carece de otros referentes, asocian la economía mixta al populismo, y la resistencia al rescate público de las grandes firmas corporativas a un escenario inevitable de absoluta quiebra nacional -que vislumbran como agoreros inequívocos de la catástrofe venidera-, y como si en el pasado esas conversiones de quiebras corporativas en deudas públicas hubiesen convertido a los capitanes del sector privado en los grandes héroes impulsores del desarrollo, la equidad y el bienestar sociales, gracias a sus grandes contribuciones fiscales, y a sus resarcimientos y gratificaciones al Estado, en virtud de haber sido salvados por éste –y por sus erarios, de propiedad social-, en las peores horas de las crisis.

Sobre el modelo de la economía mixta creció como nunca el país en su mejor época económica y de justicia social. Y sobre ese mismo modelo estatista le hubiera ido muy bien si la corrupción populista no la hubiera devastado, y si sobre el pretexto de esa corrupción populista no se hubiera alzado, como cancerígeno remedio vanguardista, el de la corrupción neoliberal (a partir de cuyas recetas fallidas de financiamiento público quieren los especialistas bursátiles que se rescate a los grandes corporativos empresariales y, con ellos, aseguran, al país, aunque en el discurso se escudan en la defensa de los más pequeños empresarios, los de la clase media, de quienes los separa una enorme distancia de intereses y de clase). Sobre el modelo de la economía mixta, el liderazgo de Putin reconstruyó a Rusia y se proyectó a sí mismo como el dirigente global más productivo y servicial de su tiempo y de esta coyuntura crítica en particular. Y sobre ese mismo modelode inversión pública competitiva y estratégica, Evo hizo de Bolivia un país con los mayores índices regionales de bienestar social y con una de las gestiones financieras y fiscales más ejemplares y productivas del orbe. (Y nunca como ahora, por cierto, viene a cuento Evo Morales. Porque si las Fuerzas Armadas mexicanas tuvieran la veta de las bolivianas y de otras latinoamericanas de genealogía golpista –que hicieron la historia de sangre en el Caribe, y en Centro y Suramérica, cuando en México mejor se estaba-, los caceroleros del entorno oligárquico agraviado por la circunstancia estarían clamando por un derrocamiento sanitario.)

Hoy día, la alternativa de la inversión pública, la economía mixta y los programas sociales es, para los especialistas mediáticos de negocios, un perfecto despropósito y es más letal que la crisis sanitaria misma. Es un anacronismo populista, dicen. No importa si por todas partes revientan las evidencias de que las potencias democráticas occidentales y sus sistemas financieros no atan ni desatan los nudos económicos que complican los contagiosos enredos de la pandemia, ni que a todas horas se sepa de las disputas, los antagonismos y las disposiciones equivocas que advierten la disfuncionalidad existente entre esas democracias y sistemas regidos por las leyes del mercado y los márgenes del lucro empresarial, y la naturaleza solidaria y humanitaria de las soluciones que precisa la peste mortífera que enferma a todos por igual. No importa que la concentración financiera y el libertinaje bursátil demuestren la fragilidad del sistema de capitalización especulativa y desregulada -que pone al Estado social en segundo plano y a la inflexible rectoría bancaria y a las calificadoras crediticias por encima de todo-, ni que los procesos disciplinarios y cada vez más frecuentes de la recuperación económica impongan más desempleo, pobreza, desigualdad, migración, violencia y vulnerabilidad humana –ahora no sólo de los más pobres, sino también de los más ricos, ante flagelos como el de esta primera pandemia global de todos los tiempos, presagio de otras peores porque el mundo ya no puede escapar de su angostura y de sus contagios vecinales de un confín a otro, comunicados ya como de un vecindario a otro-; no importa nada de eso: En las recetas para la recuperación tras la quiebra económica más grande de todos los tiempos, que se advierte por el impacto de la furia pandémica también más grande de todos los tiempos, los especialistas de negocios siguen fieles al credo del fortalecimiento público de los mercados, sin renunciar a la contradicción bíblica de que el Estado debe hacerse a un lado para que los inversores lucren hasta la obscenidad en tiempos de vacas gordas, y debe intervenir en tiempos de secas para socorrerlos, además de que debe hacerlo endeudándose más, porque para salvar a los principales salvadores del empleo y el bienestar –los grandes inversores, claro está- debe hacerlo mediante privilegios y concesiones fiscales, es decir: las mismas de todas las crisis, y por cuyos déficits siempre hay menos recursos públicos para satisfacer las cada vez mayores demandas, en ciclos cada vez más cortos y de mayor rezago, de mayor pobreza, de mayor concentración de la riqueza, y de mayor desigualdad, injusticia social, e indefensión humana frente a las crisis globales de procedencia climática o biológica (debidas también, en gran medida, a la naturaleza depredadora del orden económico utilitario y hegemónico por el que se sigue apostando, a pesar de todo).

Puede ser que el proyecto de inversión pública y social de López Obrador no sea una solución frente a las atrocidades económicas que se vaticinan –a menudo de manera festiva por los que prefieren cualquier descalabro nacional si eso supone la caída del liderazgo presidencial-. Pero hoy día, no son las potencias democráticas y sus modelos de mercado y sus Estados nacionales al servicio del poder financiero los que tienen las mejores respuestas sociales en medio de la pandemia. China y Rusia están siendo más solidarias con el mundo enfermo, y más competentes en sus reacciones políticas y de control de daños. El modelo privatizador y sus dogmas han sido parte de los males mayores del país, no de sus soluciones. Si en lugar de populismo y corrupción, hubiese prevalecido el estatismo prudente y la economía mixta justa y de equilibrios necesarios entre la propiedad estatal y la privada –a partir de una gestión de criterios institucionales éticos y debidamente regulados y sancionados-, los mandatos presidenciales de Luis Echeverría y José López Portillo hubieran sido continuadores de los buenos tiempos del ‘desarrollo estabilizador’ y no hubieran sido factores del envenenado remedio salinista, de sus fiebres monopólicas, y de sus soluciones felices de fortalecimiento oligárquico y desbordada miseria popular, como en ninguna otra nación de la Tierra.

México se ha acostumbrado a ese ritual político y económico de disposiciones financieras que sólo producen más hambre y desigualdad. Está curtido en esa lógica generacional y parece atrapado en ella, de modo que las afirmaciones infalibles de los especialistas del modernismo financiero dan por hecho que toda iniciativa de inversión pública y economía mixta es populista, cavernícola y está sentenciada al desastre. Así, lo nuevo tiene que ser lo que ha conducido siempre a la redundancia del fracaso desde los tiempos del saqueo sustentado en el reformismo del Consenso de Washington: deuda, apalancamiento financiero y fiscal de los grandes agentes económicos, etcétera; es decir: lo mismode las potencias democráticas y económicas occidentales, aunque ese camino, empedrado en México por la corrupción nacional más grande del mundo, haya conducido a la más veloz emergencia de algunas de las fortunas más grandes del mundo, y, al mismo tiempo, de comunidades de la miseria y el hambre también de las más voluminosas del mundo.

La peste del virus está enseñando en México que las medidas contra un tipo de crisis como ésa no pueden ser iguales a las de naciones que no fueron condenadas por sus grupos de poder a condiciones de desigualdad tan miserables.

En Quintana Roo debiera aprenderse, también, que el modelo unilateral de inversión turística puede ser letal para las mayorías populares frente a catástrofes como la de la pandemia. Se ha forjado una cultura de lo ordinario y lo convencional entre la rentabilidad astronómica de los inversores y la economía de subsistencia de los vastos y crecientes sectores urbanos dependientes de la prosperidad turística.Se le ha llamado ‘progreso’ a esa dinámica del extremismo del lucro y la masiva y expansiva marginalidad. Se ha invocado como ‘desarrollo’ a la oportunidad del infinito pobrerío inmigrante de no morirse de hambre gracias al éxito de los grandes hoteleros y los constructores inmobiliarios. Se ha hecho un modo de ser de ese destino de la polarización social, de la exclusión, de la inequidad. El hacinamiento y las patologías humanas de la indigencia y la degradación social y moral, por ejemplo –para no hablar de la ruina urbana y ambiental- se han admitido como condiciones irreversibles y secuelas propias del tipo de desarrollo que no hay más remedio que aceptar y con el que se tiene que convivir.Jamás se han consignado alternativas, políticas poblacionales; iniciativas ciertas, eficaces y duraderas de ordenamiento de las variables del ingreso y el bienestar. La frivolidad ha sido el hábitat de todas las especies de la corrupción que han medrado durante medio siglo con el caos y la ganancia del río revuelto de las inversiones, las complicidades y los beneficios del poder. Y la riqueza y la pobreza extremas sólo han sido factores de una misma historia. Sólo que la realidad de la primera peste universal de todos los tiempos está poniendo en perspectiva que si ese entorno ha de seguir siendo lo que se ha dejado que sea, de antemano puede darse por sentado, con acta de defunción anticipada, que no habrá porvenir.

SM

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