Una vez más el añejo conflicto limítrofe entre los Estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, ha vuelto a tomar relevancia. Y es que en víspera de que inicie el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía este 2 de marzo, del que dependerá el reparto de recursos federales durante los próximos años, ningún Gobierno pretende ceder un solo centímetro de lo que considera es su territorio. El asunto lleva muchos años atorado en la única instancia que puede dar una solución al problema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, alcaldes de Municipios de Campeche -que hasta no mucho habían tenido una actitud pasiva sobre el caso- solicitaron al gobernador interino de esa entidad, Carlos Miguel Aysa González, tomar medidas de presión para impedir que algunas comunidades de Calakmul queden como parte del territorio quintanarroense. El mandatario aseguró estar decidido “a ofrendar” su vida si es necesario, para conseguir que se respete la voluntad de su pueblo. Y el dirigente nacional del PRI, el gobernador con licencia de la referida entidad, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, quien hasta el momento ha tenido un gris desempeño al frente de su partido, no ha dudado en sacar raja política del asunto para tratar de refrendar su posición de líder. La respuesta del PRI quintanarroense, encabezado por Candy Ayuso, fue por demás tibia ante la amenaza de incluso evitar la construcción del Tren Maya, por lo que el partido quedó mal parado ante los ciudadanos quintanarroenses, a quienes busca reconquistar luego de la derrota propinada en 2018.
Javier Ramírez
En noviembre de 1902 el entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, decretó la creación del territorio federal de Quintana Roo, región ocupada por el pueblo maya, con la finalidad de controlar política y económicamente la frontera con el vecino país de Belice.
Sin embargo, sus límites geográficos nunca fueron establecidos de manera precisa, lo que dio pie a que los Estados vecinos, Campeche y Yucatán, acusaran el presunto robo de sus respectivos territorios.
Durante décadas, los Gobiernos de los tres Estados han interpuestos controversias y efectuado reformas a su respectiva Constitución Política para no ceder ni un solo centímetro de sus tierras, pero hasta el momento ni el Congreso de la Unión ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación han intentado dar un punto final al conflicto, que una vez más ha vuelto a tomar relevancia, ante el amago de las autoridades campechanas de iniciar próximamente bloqueos carreteros como medida de presión.
Añejo reclamo
Fue en mayo del año pasado cuando el conflicto limítrofe revivió, luego de que el pleno de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó una nueva reforma constitucional para reclamar territorio que había sido restado al Estado (aproximadamente 10 mil kilómetros cuadrados), exhortando al Congreso de la Unión a utilizar el mapa oficial de la entidad.
Y es que cuando el entonces Territorio Federal fue creado, se tomó como límite el vértice del ángulo formado por las líneas divisorias de los Estados de Yucatán y Campeche, donde se estableció el llamado punto Put (Punto de unión territorial).
Durante casi nueve décadas el problema para definir los límites se mantuvo en un segundo plano por parte de las autoridades de las tres entidades, hasta que en 1996 el Congreso de Campeche aprobó la creación del Municipio de Calakmul, el cual le restó una gran franja de territorio a Quintana Roo.
Las autoridades quintanarroenses de ese entonces promovieron al año siguiente dos controversias constitucionales, primero ante el Congreso de la Unión, donde el Senado se deslindó del asunto, y luego ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde estuvo guardada durante casi 16 años, hasta que determinó que no le correspondía pronunciarse sobre el conflicto.
Revés para Quintana Roo
Tras la reforma aprobada en 2019 por los diputados quintanarroenses, la Mesa Directiva del Congreso de Yucatán señaló que con ella se vería afectado el territorio yucateco, en los Municipios de Peto, Tekax y Chemax, por lo que junto con los poderes Ejecutivo y Judicial presentó una controversia constitucional ante la SCJN.
En agosto de ese mismo año la Suprema Corte emitió una medida favorable para Yucatán, concediendo la suspensión inmediata de la determinación del Congreso de Quintana Roo.
Para entonces, el Institucional de Estadística y Geografía (INEGI) ya había comenzado los preparativos para llevar a cabo el Censo de Población y Vivienda 2020, mismo que ayudará a la Federación a conocer el número de habitantes de cada entidad y así poder distribuir de manera equitativa los recursos durante los próximos años.
Entrevistado al respecto, el coordinador estatal del INEGI en Quintana Roo, Carlos Fernando Novelo, confirmó que no se usaría la cartografía que el Congreso local había aprobado meses antes, aclarando que la dependencia utiliza datos geoestadísticos que no necesariamente coinciden con los límites político-administrativos de los Estados.
Oportunismo del PRI
Campeche, que hasta unos años se había mostrado indiferente del tema -en parte porque la mayor parte de sus comunidades en disputa ha expresado preferencia por quedarse del lado de Quintana Roo-, finalmente decidió fijar su postura.
De acuerdo con el gobernador interino de esa entidad, Carlos Aysa González, estaría dispuesto a solicitar licencia al cargo y “ofrendar su vida” para acompañar a varios alcaldes en la lucha por defender el territorio campechano.
En ese sentido, consideró iniciar un bloqueo de la carretera que conecta a Quintana Roo, al tiempo que llamó a los yucatecos a sumarse a la causa para que tampoco mutilen su territorio.
No recibió respuesta de las autoridades de Yucatán, pero sí del gobernador con licencia y actual presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, quien ofreció su “respaldo absoluto” a su amigo Aysa González “en su lucha por el territorio estatal”.
Tras la declaración de ‘Alito, a quien se le recuerda más por ser admirador declarado de Enrique Peña Nieto y haber sido investigado por la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito, la presidenta del PRI en Quintana Roo, Candy Ayuso Achach salió a tratar de minimizar los dichos de su líder, asegurando que “se trata de una opinión a título personal, en su carácter de ciudadano campechano”, y que de ninguna manera debe entenderse como un posicionamiento partidista.
Señaló que “como quintanarroense, estoy plenamente convencida de la razón histórica que asiste a nuestro Estado, sin embargo, no podemos perder de vista que, de igual forma, los campechanos, consideran fundadas sus pretensiones, las cuales, aún y cuando no las compartamos, merecen todo nuestro respeto”.
Con ello no hizo más que empeorar la situación para el priismo quintanarroense, por lo que varios militantes decidieron de inmediato marcar su distancia para no verse involucrados, entre ellos el mismo secretario general, José Alberto Alonso Ovando, sobre todo ahora que se acerca la selección de los futuros candidatos a las elecciones de 2021.