El Bestiario
Llevo cuarenta años en el mundo del periodismo, tras acabar mi licenciatura en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco. Paradójicamente nuestra Facultad de Lejona dependía de la Universidad de Barcelona, por órdenes de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencia de la Dictadura de Francisco Franco. Muerto el ‘Generalísimo’ la Transición Democrática de 1978 logró que Euskadi tuviese su autonomía universitaria en el área del periodismo. Muchas veces siento que no prestamos suficiente atención a las noticias aparentemente ‘colaterales’, que esconden, sin embargo, a poco que uno se pare a pensar en ellas, claves de asuntos determinantes en la política nacional e internacional. Desde hace años y más en los últimos meses, semanas y días estamos ‘mareados’ con tantas noticias y columnas que nos llegan desde España, relacionadas con el denominado ‘El Procés’ de Catalunya, un proceso de sedición protagonizado por las propias autoridades autonómicas, quienes han dejado a los catalanes sin su bandera tradicional, la senyera, sustituyéndola por la nacionalista estelada, sin Estatuto de Autonomía y sin Constitución Española. Esperemos que ahora no les dé por hacer sus ‘procés’ a los franquistas de toda la vida, a los que sueñan con un paraíso bolivariano, a los que no entienden todavía como desapareció la Unión Soviética…
Me imagino que los ‘exiliados’ del cava catalán como Codorniú y Freixenet, y los ‘edulcadores’ infantiles de Cola Cao y Nocilla, para salvar la próxima campaña navideña en España y la Unión Europea, con permiso del Covid-19, querrán montar su puesta en escena con sus ‘golpes de estado’ propios para regresar a la “Help Catalonia”, como si fuera una película del mejor surrealismo ‘Celtiberia Show’ del valenciano Luis García Berlanga o del aragonés Luis Buñuel… Voy a referirme a dos titulares periodísticos sobre Catalunya en catalán y Catalonha, en aranés. El aranés es el glotónimo que recibe la variedad de la lengua occitana hablada en la comarca española del Valle de Arán (Lérida): “Los votantes más ricos, con una media de 2,190 euros de ingresos familiares netos, votan a la CUP” y “El 25 de mayo de 2014 se convocó en 130 municipios de Cataluña un referéndum sobre diferentes cuestiones sociales, que fue prohibido por la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo porque se solapaba con las elecciones europeas; ese día los Mossos d’Esquadra, enviados por la Generalitat de Artur Mas, paralizaron el referéndum y requisaron urnas, hubo 500 ciudadanos identificados y 10 denunciados por desobediencia”. ¿Adivinan ustedes a qué partido político apoyan los votantes más ricos del espectro social catalán, según un estudio reciente del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat? ¿Y a qué partido votan los segundos votantes más ricos? ¿Y los más pobres? Los votantes más ricos, con una media de 2,190 euros de ingresos familiares netos, votan a la CUP -el partido anticapitalista e independentista que sostiene al Gobierno-; los segundos más ricos, con 2,175 euros, a Junts pel Sí -la coalición para la independencia formada por Esquerra Republicana y PdCat, la antigua Convergència-, y los más pobres, con 1,490 euros, al PP (los segundos más pobres votan al PSC-PSOE: 1,682 euros).
Como todos, estos datos toleran muchas interpretaciones, pero dos de ellas me parecen inapelables. Una: en España, igual que en casi todas partes, son los ricos los que quieren separarse de los pobres, no los pobres los que quieren separarse de los ricos: “los ricos catalanes queremos separarnos de los pobres extremeños y andaluces, que no dan golpe y gastan mucho (y no queremos separarnos de los pobres catalanes porque no podemos, al menos de momento)”; esto es absolutamente natural, aunque sea absolutamente injusto (y si es de izquierdas yo soy arzobispo de Canterbury). Dos: contra lo que se dice a menudo, los votantes de la CUP no son herederos de la vieja y fortísima tradición anarquista catalana: los seguidores de Durruti eran proletarios utópicos, desheredados sin remedio, esclavos en busca de emancipación, y por eso eran peligrosos para el poder; los votantes de la CUP son, con harta frecuencia, gente acomodada, coqueta y volátil, que no está dispuesta a correr ningún riesgo y no representa un peligro real para nadie. Son ‘antisistema’ pero con Seguridad Social de la Unión Europea, con los ‘delicatessen’ de la ‘Izquierda Caviar’. Esa era la primera noticia casi escondida a que aludía. La segunda la recordaba hace poco el señor Antonio Sanz en una carta al director de varios medios españoles que hace años el ‘padre’ de los independentistas del 2017 reprimió una consulta popular sobre diferentes cuestiones sociales, requisando urnas… Para el lector Antonio Sanz, este hecho es la demostración del cinismo del llamado derecho a decidir, “que sólo se aplica a lo que interesa a los dirigentes catalanes (…) Para que la gente exprese su opinión sobre cuestiones sociales, no se pueden poner urnas; pero, para que la clase dirigente catalana tenga un estadito donde lo controlen todo y el 3% de ‘impuesto independentista’ aplicado por el president de Catalunya durante la Transición Democrática Española, Jordi Pujol, a todo empresario que quisiera llevarse un contrato de su Gobierno autonómico, pueda quedar impune, sí”. A ese cinismo que acompaña a la traición se añade otro, quizá más sangrante, y es que los dirigentes independentistas fingen no saber que la democracia no consiste únicamente en votar, que votar es una condición necesaria pero no suficiente para la democracia, y que un referéndum no es en sí mismo un instrumento democrático: si lo fuera, Adolfo Hitler y Francisco Franco serían demócratas, porque ambos convocaron y ganaron referendos; pero los dirigentes independentistas fingen muy bien esa ignorancia, y de ahí que mucha buena gente crea en Cataluña que un referéndum antidemocrático es el colmo de la democracia. Dos noticias laterales, ya digo, pero, si de lo que se trata es de saber qué pasa en Cataluña, yo las hubiera colocado en primera página.
Santiago J. Santamaría Gurtubay
‘Andorra embarga 76.5 millones de euros al abogado de Enrique Peña Nieto y le investiga por blanqueo’, titulaba El País antes de la llegada de la pandemia, un trabajo de investigación periodística dirigida por José María de Irujo… “La justicia de Andorra ha ordenado embargar 76.5 millones de euros (83.1 millones de dólares) a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El letrado está siendo investigado en el país pirenaico por asociación ilícita y blanqueo de capitales, según un auto judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS. Collado, que es conocido en México como el abogado del poder por defender a autoridades y políticos, fue detenido el 9 de julio del 2019. Y, desde entonces, se encuentra en una prisión mexicana acusado de varios delitos. La alarma de los investigadores del país pirenaico se activó después de que el letrado transfiriera 10.5 millones de euros (11.6 millones de dólares) desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser arrestado en México. La fortuna de este letrado en el principado, depositada en la Banca Privada d’Andorra (BPA), había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos de Collado por un supuesto delito de blanqueo de capitales. La investigación andorrana se archivó de forma provisional en 2018 después de que la fiscalía mexicana, entonces bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpaba a Collado. ‘Se desprende que (Collado) obtiene ingresos lícitos. No procede el ejercicio de la acción penal ‘, afirmó entonces la representante del Ministerio Público mexicano Anahí Marcela Mendoza. La respuesta de México obligó a la justicia del principado a sobreseer provisionalmente el caso. El motivo: no se puede condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito del dinero…”.
La detención en México de Collado por blanqueo de capitales dio un vuelco al caso y reactivado su investigación en Andorra. La fiscalía del principado pidió la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los 76,540,582 euros que se encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas del abogado. El Ministerio Público esgrimió que la detención del letrado se basaba en hechos nuevos que las autoridades andorranas “todavía no conocían”, por lo que no se puede esgrimir que se trata de “cosa ya juzgada” en México. El escrito del fiscal lo explica así: “Esta situación comporta renovar una sospecha lógica y razonable sobre los activos que se encuentran depositados en Andorra a nombre de Collado o de sociedades que representa: tienen un origen delictivo. Hay un riesgo de que estos activos sean transferidos al extranjero antes de esclarecerse los hechos”. Y para abonar esta sospecha, el Ministerio Público destaca que el 3 de julio del pasado año, seis días antes de su detención en México, Collado transfirió 10,5 millones de euros de Andorra a una cuenta en Madrid del BBVA. “De la misma manera podrían ser transferidos todos los activos si no se toman medidas urgentes de inmediato”, alertaba la fiscalía.
Collado, el abogado del expresidente mexicano, tiene como clientes principales a personas vinculadas a los grandes carteles de la droga
La juez andorrana Maria Àngels Moreno ha aceptado la petición urgente de la Fiscalía y ha acordado dejar sin efecto los autos de sobreseimiento provisional de la causa contra Collado dictados en octubre de 2018 y mayo de 2019. En un auto fechado el pasado 1 de agosto del 2019 acuerda embargar cautelarmente 76.5 millones de euros a nombre del letrado y de las cuatro sociedades instrumentales holandesas e investigar a Collado como presunto autor de los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Asimismo, la magistrada ha remitido una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) a México requiriendo toda la información sobre su reciente detención y su vinculación con actividades criminales. Además de Collado, la magistrada pide que se investigue por la misma causa a Cristina Lozano, ex directora general adjunta de negocio de BPA, y Joan Marc Masson, exempleado del banco. Una investigación desveló las maniobras de la Fiscalía mexicana, bajo el Gobierno de Peña Nieto, para lograr liberar el dinero de Collado y que se archivara la causa en Andorra. Cuando se embargó la fortuna del letrado, el propio Collado pidió formalmente a la Fiscalía de su país que se investigara la procedencia de su dinero y esta abrió una denominada carpeta de investigación y decretó “el no ejercicio de la acción penal”. De esta forma, el caso ya estaba juzgado y no podía volver a ser investigado. La justicia andorrana esgrime ahora que la detención de Collado arroja hechos que antes no se conocían.
La figura del no ejercicio de la acción penal fue la misma que las autoridades de México utilizaron con varios influyentes clientes mexicanos de la BPA. Entre ellos, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, cuya cuenta de 1.5 millones de euros abierta en 2012 fue desvelada por este diario. Este, también, logró desbloquear sus fondos y el archivo de su caso. El arresto de Collado en México provocó malestar entre las autoridades de Andorra. Los responsables de la investigación judicial y policial del país pirenaico se sintieron engañados tras la detención del letrado. El abogado de Peña Nieto movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares a través de una constelación de 24 cuentas en la BPA de Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario. El escrito en el que la fiscalía andorrana pedía el embargo de la fortuna de Collado destaca que el letrado es un penalista “conocido por su intervención en la defensa de personajes públicos involucrados en asuntos relevantes”. Y añade que el abogado ha defendido casos “tanto de tráfico de drogas a gran escala como de blanqueo o del ámbito de la corrupción, teniendo como clientes principales a personas vinculadas a los grandes carteles de la droga”.
Collado justificó en su declaración ante la juez andorrana Canòlic Mingorance en julio de 2016 que el dinero que depositó en el país pirenaico procedía de su actividad empresarial. Afirmó que pilotaba un bufete de abogados que empleaba a 40 profesionales y tenía como clientes a 10 entidades públicas y al sindicato de Pemex. Y que su despacho había generado unos beneficios de 45 millones de euros en 14 años. Otra fuente de ingresos -expuso Collado- fue la empresa de microcréditos en la modalidad de empeño fundada por su padre en los años noventa. La firma, indicó, tejió una red de 66 sucursales y 500 empleados y registró unos ingresos de 84 millones de euros en 14 años.
Las actas secretas del banco andorrano de los Pujol, políticos internacionales y altos funcionarios movieron en la BPA 2,000 millones
La secuencia se desarrolla el dos de diciembre de 2014. Un alto ejecutivo de la Banca Privada d’Andorra (BPA) expone ante el consejo de administración que, tras analizar la mitad de las cuentas, la institución acumula 662 clientes “de riesgo”. Y que sus depósitos suman 2,000 millones de euros. La etiqueta “de riesgo” refiere a un paraguas que cubre a políticos, ex dirigentes, altos funcionarios, procesados judiciales y clientes con más de un millón. Y lleva al directivo de esta entidad elegida por el clan Pujol, promotores de la política separatista de Cataluña de España, para ocultar entre 2006 y 2015 más de cinco millones a poner sobre la mesa una idea: el peligro de abrir cuentas a personalidades bajo sospecha. Tres meses después de la advertencia, el Gobierno del Principado pirenaico interviene el banco por un presunto delito de blanqueo de capitales. La revelación del alto directivo figura en las actas confidenciales del consejo de administración de la BPA. Más de 1,600 celdas de Excel que desgranan las deliberaciones del máximo órgano de gobierno de la institución financiera entre 2005 y 2015. Préstamos, nombramientos, cuentas cifradas, creación de sociedades en Suiza y Panamá,…
La figura de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), una etiqueta que identifica a cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción, protagonizó algunas de las sesiones del consejo de administración. Los documentos reflejan numerosos casos donde se analizan operaciones millonarias de clientes de diferentes perfiles y nacionalidades. Las actas desvelan como un alto ejecutivo del banco reportó a la cúpula que la entidad tenía en julio de 2013 un total de 4,945 clientes españoles cuyos depósitos sumaban 786 millones. Y que solo 215 de ellos (85 millones) habían regularizado sus fondos en España cuatro meses antes de que acabara el plazo de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en abril de 2012. El mecanismo del Ejecutivo del PP permitió a particulares y empresas blanquear dinero negro a cambio del pago del 10 %, una tasa muy inferior a los impuestos no abonados en su día. El consejero delegado, Joan Pau Miquel, informó en julio de 2013 que 30 millones regularizados por los clientes habían aflorado a raíz de investigaciones judiciales. Y puso como ejemplo los depósitos abiertos en la BPA por la trama del caso Emperador, la presunta red de pilotada por el asiático Gao Ping.
Sustitución del representante legal en México de la Banca Privada d’Andorra (BPA) por un escándalo de cobro de comisiones ilegales
Miquel, el hombre que reportaba al consejo estas informaciones, encargó en junio de 2012 un informe al bufete de abogados catalán Molins y Silva. El trabajo costó 82,000 euros y abordó los eventuales riesgos penales a los que se asomaban el propio Miquel y los miembros de los órganos de gobierno de la BPA y su filial en España, Banco Madrid. Hoy, el ejecutivo está procesado por ayudar supuestamente a ocultar el botín de otro grupo de “clientes de riesgo”: la trama de ex ministros de Hugo Chávez, hoy muchos afincados en Miami y enemigos acérrimos del actual mandatario Nicolás Maduro, que expolió 2.000 millones de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Y ocultó su botín a través de una intrincada telaraña de cuentas. Las actas son una radiografía certera de la actividad del banco. Así lo muestra una de estas reseñas de junio de 2013, donde se menciona que ese mes se abrieron 240 cuentas, que 27 clientes fueron catalogados de “alto riesgo” y que una auditoría interna reveló que no existía “ningún control” de visitas a las cajas de seguridad para la prevención del fraude y el blanqueo de capitales. Otra acta indica que la BPA contrató un informe a una consultora para rastrear el origen de la filtración periodística de las cuentas de unos de sus clientes más célebres: el ‘clan’ Pujol.
El primer documento que rellenan los clientes cuando desembarcan en la BPA, el know your customer (conozca a su cliente, en inglés), una suerte de tercer grado de la institución financiera para determinar el origen de los fondos, el beneficiario real de la cuenta o la identidad de sus representantes, fue objeto de controversia en julio de 2013. Un informe de la comisión de auditoría de la entidad recogió entonces que el 57 % de estos formularios tenían irregularidades. Y que la mayoría de estas incidencias (78 %) estaban relacionadas con la falta de información sobre los titulares o representantes reales de las cuentas. Además, según el acta, los empleados del banco no evaluaban bien el potencial riesgo de sus clientes en el 9% de los casos. Las conductas irregulares de la plantilla de este banco que en marzo de 2013 empleaba a 574 trabajadores centraron parte de las preocupaciones del consejo. Un acta de septiembre de 2007 recoge la sustitución del entonces representante legal de la oficina en México tras verse envuelto en un escándalo de cobro de comisiones ilegales. Otra reseña indica que otro trabajador de esta delegación ha “causado baja” por “conducta inapropiada”. Y en otra acta de noviembre de 2011 se aborda la “infidelidad” de un tercer empleado.
Transacciones del banco con clientes de Venezuela, EE UU, México, Panamá, Uruguay, y también las cuentas del clan Pujol
Las 1,600 actas del consejo de administración de la BPA entre 2005 y 2015 han sido objeto de un exhaustivo análisis por parte de la Policía de Andorra. Los investigadores han puesto el foco en las sociedades y países mencionados en el informe del Financial Crime Enforcement Networks (FinCEN). El documento de este organismo del Tesoro de EE UU, que resultó clave para intervenir el banco en marzo de 2015, acusaba a la entidad de favorecer el blanqueo de capitales procedente del crimen organizado. El informe policial, de abril de 2016, rastrea las transacciones del banco con clientes de Venezuela, EE UU, México, Panamá, Uruguay. Y también las cuentas relacionadas con las investigaciones judiciales del clan Pujol, PDVSA, Gao Ping o el caso Clotilde, que se saldó en 2015 con una condena de nueve años de inhabilitación para el exalcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo (CiU) por aceptar sobornos de la mafia rusa.
La familia del expresidente catalán Jordi Pujol desembarcó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) sin demostrar el origen de los más de cinco millones de euros que ocultó entre 2006 y 2015 en esta entidad. Y, por este motivo, el clan nunca debió ser cliente de la institución financiera, según una auditoría de la consultora PwC. El informe forma parte de la investigación por blanqueo que desarrolla un juzgado de Andorra sobre seis miembros de la familia Pujol. Y concluye que la saga del dirigente que pilotó Cataluña 23 años no justificó en el país pirenaico la procedencia de su fortuna. O, lo que es lo mismo, que no acreditó la supuesta herencia que Jordi Pujol recibió de su padre, Florenci, un banquero fallecido en 1980 que hizo fortuna con el contrabando de divisas. Los Pujol debieron ser calificados como “no aptos” en la BPA. Utilizaron un entramado de “ocultación”. Y tejieron una estructura sobre una madeja de diez cuentas numeradas y fundaciones panameñas, según la auditoría. El trabajo de PwC fue encargado por la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), el homólogo del FROB español que Andorra creó tras la intervención de la BPA, en 2015. El texto desgrana las transacciones en este banco de la esposa del expresidente, Marta Ferrusola, y cuatro de sus siete hijos: Marta, Mireia, Pere y Josep. Estas son sus claves…
La matriarca del clan, Marta Ferrusola, desembarcó en el banco en diciembre de 2010 por la puerta grande. El contrato de apertura de su cuenta numerada llevó estampada la firma del entonces director general y consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel. A sus 83 años, la esposa del expresidente de la Generalitat catalana se escudó tras una coraza financiera -cuenta cifrada y sociedad panameña con testaferro- para blindar los 868.000 euros que manejó entre 2010 y 2014. Marta Ferrusola también recurrió a fundaciones para mover los beneficios de sus inversiones, cartera de preferentes de Repsol incluida. Cuando el clan Pujol desembarcó en la Banca Privada d’Andorra (BPA), se enfrentó al cuestionario de rigor. Un cortafuegos para impedir que se cuelen en la entidad fortunas de dudosa procedencia. Cinco de los siete hijos del ex presidente catalán respondieron “no” a la pregunta “¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?”. Un término que define a cargos públicos, ex cargos y familiares que deben ser sometidos a una monitorización especial para prevenir el blanqueo, según la recomendación de 2012 del Grupo de Acción Financiera (Gafi), un organismo creado en 1989 por el G-7.
Frente al criterio de sus descendientes, la matriarca Marta Ferrusola, escribió en el formulario que sí era una Persona Expuesta Políticamente
¿A qué responde esta contradicción? Pese a las recomendaciones del Gafi, Andorra tiene su propia legislación sobre los perfiles de riesgo. Y, con la ley del país pirenaico en la mano, ninguno de los miembros del clan Pujol era un cliente sospechoso cuando abrió sus cuentas en la BPA. Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Pere y Mireia aterrizaron en la BPA en diciembre de 2010. Entonces, en el Principado regía un decreto de 2009 sobre los PEP’s que liberaba de este calificativo a los parientes directos de políticos un año después de que su allegado hubiera abandonado el cargo. Y Jordi Pujol dejó la presidencia de la Generalitat en 2003. Con la ley andorrana en la mano, tampoco Josep Pujol, que aterrizó en la BPA en 2006, sería PEP. Fuentes próximas a la familia Pujol explican así la contradicción de Marta Ferrusola al calificarse de Persona Expuesta Políticamente. “Los cuestionarios no los rellenaban los clientes, sino los empleados de la BPA”. El informe menciona también los vínculos de la matriarca con otro tipo de fundaciones: “Durante el tiempo que su marido ejerció como político, asumió cargos simbólicos en fundaciones y entidades de carácter benéfico”.
Marta Pujol Ferrusola era para la BPA la “hija de una importante familia catalana”. Sin más. Y así figuró en los archivos internos del banco. La descendiente de los Pujol-Ferrusola se presentó como arquitecta ante la institución financiera, donde movió 700,000 euros entre 2010 y 2014. La auditoría de PwC es tajante con ella: “No dispone de ningún tipo de documento para acreditar el origen de sus fondos”. Cuando la fisioterapeuta Mireia Pujol Ferrusola abrió una cuenta en la BPA, definió así las razones para elegir esta entidad: “ahorro y seguridad”. Lo dejó escrito en el documento interno que debe rellenar el cliente que toca a la puerta de un banco en el Principado, el Know your customer (conozca a su cliente, en inglés). La hija del factótum convergente manejó en Andorra el segundo patrimonio más importante de su familia: 1,2 millones de euros.
Pere Pujol Ferrusola aterrizó en la BPA “presentado por un tercero”. Ingeniero agrónomo de profesión, este hijo de Jordi Pujol depositó 650,000 euros en la entidad entre 2010 y 2014. Y, según los empleados del banco, no preveía sacar sus fondos. “No tiene necesidad de dinero”, dejaron escrito los trabajadores. Como el resto de sus hermanos, no justificó el origen de su fortuna, según PwC. La cuenta en la BPA de Josep Pujol Ferrusola, que movió 2,1 millones, fue la más activa del clan. La auditoría de PwC cuestiona transacciones como un ingreso en efectivo de 800,000 euros en febrero de 2010. El tercer hijo de la familia vinculó la procedencia de este dinero al cobro de un préstamo. “Se duda de la existencia del préstamo, entendiéndose como un vehículo para el blanqueo de capitales”, sentencia la consultora. Fuentes próximas a la familia Pujol se muestran muy críticas con la auditoría de PwC. “No hay en el informe ningún hecho que demuestre que el dinero de Andorra tuvo un origen irregular”, sostienen. “Es fácil verlo todo así cuando ya han ocurrido los hechos”, añaden.
El juez de la Audiencia Nacional investiga al expresidente catalán, su esposa y sus siete hijos por blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental
En paralelo a las pesquisas en Andorra, el clan Pujol se encuentra bajo el foco en España. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga al expresidente catalán, su esposa y sus siete hijos por blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental. A través de una madeja de cuentas, la familia ocultó presuntamente 30 millones en Andorra, Estados Unidos, Paraguay, México y Argentina. Andorra, de 78,000 habitantes, permaneció blindada por el secreto bancario hasta el pasado año. Y la BPA fue intervenida por las autoridades de este país pirenaico en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo. Los dueños de esta entidad, que llegó a tener 9,000 clientes y 8,000 millones de volumen de negocio, niegan estas acusaciones.
El benjamín del clan Pujol, Oleguer Pujol Ferrusola, no reparo en reconocer el pasado diciembre en un juzgado de Andorra que ocultó su patrimonio en el país pirenaico mediante un alambicado entramado de fundaciones. ¿El objetivo? Evitar “un Falciani”. O, lo que es lo mismo, que un trabajador de la institución financiera filtrara su nombre. Aludía así al escándalo desatado en 2009 por el informático Helvé Falciani, que afloró el fraude fiscal de más de 100,000 clientes de su antigua empresa, el banco HSBC. “Me propusieron crear un producto financiero dentro de la BPA, una fundación con el objetivo principal de evitar que nos hicieran un Falciani”, confesó Oleguer Pujol. El pequeño de la familia declaró ante la titular del juzgado número dos de Andorra. La jueza le citó en calidad de inculpado –término de la ley andorrana que sustituye al investigado- por un presunto delito de blanqueo. Oleguer Pujol pasa por ser un experto en finanzas. Como prueba: Le dijo a la magistrada que trabajó entre 1997 y 2002 como representante de fondos inmobiliarios en España y Portugal del banco de inversión estadounidense Morgan Stanley. El benjamín de los Pujol-Ferrusola manejó entre 2012 y 2014 una cuenta en la BPA donde figuró como titular la fundación panameña Kamala Foundation, que llegó a acumular un saldo de 812,770 euros.
Marta Ferrusola, la esposa de Jordi Pujol, apeló al “riesgo” del sistema español para ocultar su fortuna en Andorra
Cuando Marta Ferrusola, esposa del expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol, tocó a la puerta de la Banca Privada d’Andorra (BPA), en diciembre de 2010, para abrir una cuenta, se enfrentó al cuestionario de rigor. Una suerte de tercer grado donde el cliente debe desnudarse financieramente. El objetivo: evitar que en este Principado –donde hasta el pasado año regía el secreto bancario- anidaran fondos de origen inconfesable. La matriarca del clan explicó así la razón que le empujó a abrir una cuenta en la BPA: “[Soy una] persona muy sensibilizada por el riesgo del sistema financiero español”, escribió en el documento interno conocido como Know your customer (conozca a su cliente, en inglés). El País ha tenido acceso a los formularios confidenciales que rellenaron entre 2006 y 2015 Ferrusola y cinco de sus siete hijos para justificar la fortuna que depositaron en la BPA. El clan movió más de cinco millones en esta entidad del país pirenaico a través de –al menos- una madeja de diez cuentas y tres fundaciones panameñas creadas por el propio banco, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) de diciembre de 2017.
El análisis de los expedientes confidenciales de la saga revela que el banco, pese a cuestionar las explicaciones de la familia sobre el origen de su fortuna, abrió las cuentas. Y las blindó, además, mediante una sociedad instrumental de la BPA para ocultar la identidad de los ilustres clientes frente a los trabajadores del banco. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga al expresidente catalán, su esposa y sus siete hijos por blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental. El clan Pujol ocultó presuntamente 30 millones de euros al fisco mediante una madeja societaria y de cuentas en Estados Unidos, Paraguay, México y Argentina. Marta Ferrusola -que manejó 1,1 millones en una cuenta numerada entre 2010 y 2012- se presentó a la BPA como “jubilada”. Justificó que su cuenta se nutriría de una transferencia de un millón de euros del Andbank, donde hasta 2010 permaneció supuestamente la herencia de su suegro, Florenci Pujol, un banquero fallecido en 1980 que hizo fortuna con el contrabando de divisas. Aunque la esposa del expresidente de la Generalitat precisó en el formulario que preveía hacer “pequeños reintegros” desde su cuenta, no cumplió sus planes. Y vació 1,1 millones mediante cuatro retiradas en efectivo entre 2011 y 2012.
Uno de los documentos que rellenó Marta Ferrusola para sacar 30,000 euros en efectivo de su cuenta en la BPA llevó la firma de su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, que el pasado diciembre abandonó la prisión madrileña de Soto del Real tras depositar 500,000 euros de fianza. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata le investiga por fraude, blanqueo y falsedad y por controlar supuestamente las cuentas del resto de la familia. A la pregunta de “motivos para abrir una cuenta”, la esposa del expresidente de la Generalitat respondió “ahorro y seguridad”. Y añadió que desconocía a otros clientes de la entidad. Obvió así que su hijo Josep controlaba desde 2006 una cuenta numerada en el mismo banco con 1.3 millones. Y pasó por alto que, cuando la matriarca desembarcó en la institución financiera -diciembre de 2010-, sus vástagos Pere, Marta y Mireia se hicieron también clientes.
Los dueños del banco, que llegó a tener 9,000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan blanqueo de dinero
La BPA puso en entredicho el relato de “la herencia” esgrimido por Marta Ferrusola. “No se observa ninguna documentación y soporte de la misma [herencia] en el expediente del cliente”. Y tampoco dio credibilidad a los argumentos de Pere, Marta y Mireia Pujol Ferrusola. “No tenemos ningún KYK (Know your customer, conozca a su cliente, en inglés) actualizado que acredite la actividad ni en relación con los fondos depositados”, precisaron los responsables de la entidad de prevención de blanqueo. En el caso del benjamín de la saga, Oleguer Pujol, la BPA le abrió una cuenta en noviembre de 2012, pese a calificarlo de cliente de “riesgo alto”. Como su madre, Oleguer fue tildado de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que es como se denomina en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por haber ocupado un cargo público o tener proximidad familiar a una autoridad, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo. El tercer hijo del matrimonio, el economista Josep Pujol, no tuvo reparos en reconocer que eligió la BPA por “seguridad y discreción”. Tras estallar el escándalo, Josep Pujol reconocería en una entrevista en el diario Ara en mayo de 2017 que su familia decidió en 2010 transferir sus fondos desde Andbank a BPA ante la negativa de la primera entidad de mantener el dinero del clan.
Los Pujol regularizaron su fortuna el mismo día -25 de julio de 2014- que el patriarca y expresidente de la Generalitat confesó a través de una carta que ocultó durante tres décadas dinero en el extranjero. Los fondos, dijo, procedían de la herencia de su padre, Florenci Pujol. Andorra intervino en marzo de 2015 la BPA por un presunto delito de blanqueo. Los dueños del banco, que llegó a tener 9,000 clientes y un volumen de negocio de 8,000 millones de euros, niegan estas acusaciones. Los Pujol encontraron en la Banca Privada d’Andorra (BPA) la entidad idónea para blindarse, según declararon los exejecutivos de este banco ante la juez de Andorra que indaga a la cúpula de esta entidad por blanqueo. El banco andorrano puso a disposición de la familia del exmandatario un sistema de fundaciones panameñas para blindar la identidad del clan frente a las miradas indiscretas de los trabajadores.
El que fuera director adjunto de control de la BPA entre 2010 y 2015, Santiago Rosselló, reconoció ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número dos de Andorra este sistema de salvaguarda. “Queríamos otorgar más confidencialidad a los titulares de las cuentas. Así era más difícil de manera interna (empleados) identificaran al propietario de los fondos. Por esa época, varias entidades bancarias europeas habían tenido problemas de personal que revelaba información”, indicó el exdirectivo. La exdirectora de la filial del banco andorrano BPA Serveis Cristina Lozano declaró ante la jueza el pasado septiembre que la familia “tenía miedo que se filtrara a algún medio de comunicación [sus cuentas en Andorra]”. Junto al análisis de las actas, los clientes de la BPA fueron desnudados financieramente tras la intervención del banco. La consultora PwC concluyó un año después de la caída de la entidad que 923 de los 29,000 clientes (3 % del total) de la institución financiera podían haber cometido blanqueo de capitales. El saldo de los clientes bajo sospecha sumaba entonces 1,000 millones, según PwC.
¿Por quién doblan las campanas, este fin de semana en los pueblos de Cataluña, For Whom the Bell Tolls, Ernest Hemingway?
El hispanista norteamericano Stanley G. Payne considera que no hay ninguna solución fácil sobre Cataluña y teme que, en definitiva, “no haya solución” y atribuye la situación que se vive en la actualidad en España a “un exceso de descentralización”. La situación única que se vive en estas horas en relación con Cataluña a una suma de factores como la educación, la actuación política y la tergiversación de la Historia. Aunque el nacionalismo es una tendencia que existe en otros países del mundo, lo que hace diferente a lo que se vive en España es la cierta contundencia y el exceso con la que se produce: No son en sí diferentes sino por la forma de expresión. Stanley G. Payne, que obtuvo el premio Espasa por su obra “En defensa de España: desmontando mitos y leyendas negras” asegura en su obra que “España es el único país occidental, y probablemente del mundo, en el que una parte considerable de sus escritores, políticos y activistas niegan la existencia misma del país, declarando que la nación española sencillamente no existe”. “No hay mucho sentido activo de patriotismo. La utilización de algunos elementos históricos, ya sean falsos o ciertos, es más exagerada que en otras partes, al tiempo que las distorsiones, sobre todo de su Historia contemporánea, son más profundas”. Para el hispanista, “la de España es una historia que a menudo se ha distorsionado y, sin duda, es la más distorsionada de Occidente”. Así, cree que las dos polémicas más importantes del presente en España, como son la relativa a la nación y la que se centra en la Guerra Civil y el franquismo, quizá no tengan una solución inmediata.
Muchos desencuentros son más políticos que historiográficos y pervivirán durante bastante tiempo. La Historia de España, especialmente de los últimos 40 años, debe ser analizada de forma mucho más objetiva. Respecto a una reforma constitucional, Payne cree que será “enormemente complicada”, pues ante “excesos” como el régimen fiscal del País Vasco, que ha supuesto una excepción, es difícil “dar marcha atrás”. En su opinión, en España ya existe el federalismo “pero es asimétrico”, y eso, dice, conduce a muchas dificultades. Hay todavía en el mundo quienes se resisten a relegar esa imagen exótica de la Península Ibérica. España ha cambiado sustancialmente en los últimos años, pero mantiene esa tendencia al extremismo. Eso explica su marcada participación en la cultura contemporánea de la deconstrucción y de la negación del pasado y de la historia. La exageración o la tergiversación de la historia ocurren en otros países pero, dice, en algunas comunidades autónomas se encuentran algunas de las distorsiones más graves de la historia que se enseñan en las escuelas, con eufemismos que se remontan a la Reconquista. ¿Por quién doblan las campanas, este fin de semana en los pueblos de Cataluña, For Whom the Bell Tolls, Ernest Hemingway?
El Tribunal Supremo de España considera que los condenados no pretendían lograr la independencia, pulverizaron el pacto constitucional
Fue una “aventura”, una “mera ensoñación”, un “artificio engañoso”. ‘El Procés’ fue, según el Tribunal Supremo, solo un trampantojo que logró arrastrar a miles de ciudadanos. Un “señuelo” para multiplicar la presión sobre el Gobierno. La conclusión del tribunal es que, en realidad, los acusados no pretendían lograr la independencia -porque sabían que eso era una “quimera”- sino crear un clima de tensión máxima que forzara al Estado a una “ulterior negociación” sobre un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Pese al “despliegue retórico”, dice el Supremo, la “inviabilidad” del objetivo fue siempre manifiesta. Pero eso no significa que la farsa no implicara un delito. Implicó varios, y muy graves. “Los acusados propiciaron un entramado jurídico paralelo al vigente, desplazando el ordenamiento constitucional y estatutario”; pulverizando, dice el fallo, el pacto constitucional.
Este es el relato de ‘El Procés’ que trazan los magistrados, concretado en las 35 páginas de hechos probados y salpicado por las casi 500 que conforman la sentencia. Es la historia de una traición… “El 30 de marzo de 2015, Convergència y ERC formalizan la ‘hoja de ruta’: un ‘concierto de actuación ilegal’ que implicaba no solo a las instituciones catalanas sino también a las organizaciones independentistas: ANC, Òmnium y la Asociación de Municipios por la Independencia. El Parlament aprueba la resolución de ‘inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente’, que instaba a la Cámara y al Govern a desobedecer al resto de instituciones españolas, empezando por el Tribunal Constitucional. Todo lo que vino después fue una desobediencia en cascada, con sucesivas resoluciones que desarrollaban aquella. Carme Forcadell, entonces presidenta del Parlament, ‘desoyó las múltiples advertencias’ del Tribunal Constitucional y ‘abrió la posibilidad de que se incumplieran las normas constitucionales, estatutarias y legales, así como las resoluciones judiciales que pretendían restaurar la legalidad’. El 4 de julio de 2017 se presentó en el Teatro Nacional de Cataluña, ‘como acontecimiento social y político’, la Ley del Referéndum. Jordi Turull, nombrado días después consejero de Presidencia, ‘incluyó en su intervención una referencia a los mecanismos previstos para eludir las resoluciones y actuaciones de los diversos organismos del Estado’.
Los grupos separatistas, y la presidenta Forcadell, ignoraron las sentencias del Constitucional, las advertencias de los letrados del Parlament y las súplicas de los grupos de oposición, “lo que evidencia un propósito decisivo de sacar adelante el esqueleto normativo que formalmente amparara un proceso de inobservancia de las leyes”. “Y así, en las maratonianas jornadas de los días 6, 7 y 8 de septiembre [de 2017], con el destacado y apasionado impulso de quien ostentaba su presidencia”, subraya el Supremo, el Parlament aprobó la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Ese prólogo parlamentario sería fundamental para lo que se produciría días después en las calles de Cataluña: “De lo que se trataba era de crear una aparente cobertura jurídica que permitiera hacer creer a la ciudadanía que cuando depositara su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de la República iIndependiente de Cataluña”.
“Las actuaciones de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 estuvieron lejos de una pacífica y legítima manifestación de protesta”
“Momentos más tensos en el pleno del Parlament durante el debate de la ley del referéndum. Aquellas sesiones en la Cámara autónoma colocada fuera de la ley dieron lugar a la creación de una legalidad paralela carente de validez pero inspiradora para miles de personas dispuestas a apoyarse en ella a fin de empujar hacia la hipotética secesión. Un proceso de creación normativa que, pese a su más que evidente insuficiencia jurídica, sirvió de ilusoria referencia para una ciudadanía que iba a ser movilizada como instrumento de presión al Gobierno del Estado. El 20-S: el tumulto. No fue solo -aunque sí principalment- la concentración de 40,000 personas frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre para tratar de impedir el trabajo de la comitiva judicial. Fueron también los miles de personas convocadas al día siguiente ante al Tribunal Superior de Justicia; las concentraciones hostiles a las puertas del cuartel de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia, donde los detenidos estaban custodiados, y ante los cuarteles de Manresa, Canovelles, Vilanova o Ripoll; el momento en el que fue rodeado el cuartel de Sant Andreu de la Barca; los manifestantes que increpaban a los policías alojados en hoteles… El Supremo detalla los incidentes del 20 al 22 de septiembre como ejemplo de los tumultos que sustentan el delito de sedición y de la voluntad de los acusados de servirse de la movilización en la calle para presionar al Gobierno”.
“En la Consejería de Economía -añade el Tribunal Supremo en su fallo- no se estableció el perímetro de seguridad que la comisión judicial reclamó; siete vehículos de las fuerzas de seguridad terminaron con importantes destrozos y la letrada de la Administración de justicia tuvo que salir a medianoche infiltrándola entre los espectadores que abandonaban el teatro sito en el inmueble colindante, al que hubo que acceder desde la azotea de los edificios. La hostilidad desplegada hizo inviable que los funcionarios dieran cumplimiento con normalidad a las órdenes del Juzgado, ocasionando miedo real. Estos actos fueron promovidos, dirigidos y queridos por los señores Sànchez y Cuixart, que mantuvieron la convocatoria hasta la medianoche, “llamando entonces a la manifestación permanente”. Acabaron subidos a los coches de la Guardia Civil, donde Cuixart proclamó que todos estaban alzados para luchar por su libertad y que ni el Tribunal Constitucional, ni Rajoy, ni la Guardia Civil, ni nadie lograría impedirlo.
“Y, junto a los Jordis, el Govern: Oriol Junqueras, que acudió esa tarde a la sede de la consejería y rehusó dirigirse a los concentrados para que desistieran de su actitud; Dolors Bassa, consejera de Trabajo, que envió un correo el 21 de septiembre para felicitar al personal de la consejería por la reacción de indignación mostrada con ocasión de los registros practicados en la sede el día anterior. El devenir de los acontecimientos, dice el Supremo, vendría a demostrar que las palabras de Cuixart desde el techo del coche de la Guardia Civil no eran puras bravatas, sino reflejo fiel de la voluntad, compartida por los coacusados, de impedir la actuación de la policía ordenada por los jueces. Las actuaciones de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 estuvieron lejos de una pacífica y legítima manifestación de protesta”.
“Los Mossos propusieron expresamente la suspensión de la votación, haciendo suyo el testimonio de Josep Lluís Trapero durante el juicio”
“El 28 de septiembre de 2017, los máximos responsables policiales de los Mossos se reunieron con el entonces president, Carles Puigdemont; su vicepresidente, Oriol Junqueras, y el consejero de Interior, Joaquim Forn. Dicha reunión tenía como finalidad poner de manifiesto el problema de seguridad ciudadana que podría plantearse el 1 de octubre. Los Mossos propusieron expresamente la suspensión de la votación -relata el Tribunal Supremo-, haciendo suyo el testimonio de Josep Lluís Trapero durante el juicio. Pese a ese aviso, se les transmitió la decisión de seguir adelante con el referéndum. Trapero les advirtió entonces de la posible concurrencia a la votación de dos millones de personas, con el riesgo subsiguiente de graves incidentes entre agentes policiales y ciudadanos. Al finalizar la reunión, el procesado rebelde, entonces presidente de la Generalitat, manifestó a todos los presentes que si el día 1 de octubre se desataba la violencia declararía la independencia. Después vendrían, dice el tribunal, la desleal actuación de Forn y la inhibición de Policía y Guardia Civil al confiar en que el 1-O actuarían los Mossos, algo que no hicieron”.
“Los días anteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre fue alimentándose una atmósfera de hostilidad frente a las actuaciones judiciales y frente a la autoridad de los poderes públicos del Estado. Sus decisiones fueron presentadas como inadmisibles actos de agravio a una población y se revelarían como el perfecto caldo de cultivo para la movilización genuinamente sediciosa del 1 de octubre. El clima que propició esos hechos había ido creándose deliberadamente las semanas anteriores -subraya el tribunal-. Las convocatorias a las sucesivas protestas y concentraciones pedían a los catalanes que se movilizaran. Se les animaba diciendo que no podrían con todos ellos, que las fuerzas del orden se habían equivocado y que habían declarado la guerra a los que querían votar”.
“Así se llegó al 1-O. Con proclamas de los acusados animando a la participación activa en el referéndum declarado ilegal. Junqueras se dirigió a los estudiantes diciéndoles que eran imprescindibles para implementar la república; Forcadell declaró que los Mossos no aceptaban el control del Estado; Forn afirmó: ‘Ante el discurso del miedo del Gobierno español, nosotros decimos: votaremos el 1-O’; Rull se vanaglorió de haber ‘impedido atracar a un buque para alojar a miembros de la policía”’; Turull comunicó: ‘El 1-O está en manos de la gente’; Dolors Bassa retiró a los funcionarios la competencia sobre los centros de votación, asegurándose su disponibilidad. A primera hora del 1-O, Jordi Cuixart tuiteó: ‘Mantengamos la calma. Todos culos en tierra. No pasarán. Todo el mundo que pueda en el IES Balmes de Barcelona’…”.
“La conjura abortada con el artículo 155 de la Constitución a la Comunidad Autónoma de Cataluña, comenzó la repentina huida”
“Después, el desastre para el Estado. Los colegios fueron ocupados desde la víspera por miles de ciudadanos para impedir la entrada de la policía. Las urnas aparecieron de la nada. ‘Los Mossos no interfirieron la emisión de votos, más allá de alguna actuación aparente y en un mínimo número de centros. En algunos casos, llegaron incluso a recoger, hacerse cargo y trasladar material electoral, que les era entregado por los ciudadanos’. Y, ‘ante la actitud tácticamente predispuesta de quienes se apostaron a las entradas de los centros, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente prevista’. Y esto lo sabían los procesados cuando activaron el proceso transicional, de pretendida eficacia constituyente, para la construcción de la nueva república catalana -reza la sentencia-. Eran conocedores de que no se trataba del ejercicio de un derecho, en los términos democráticos que habría exigido su legitimidad, sino de una pretensión política enmascarada en argumentos pseudojurídicos. El ciudadano que el día 1 de octubre acudió a los centros electorales […] desconocía, porque le había sido silenciado, que una aspiración política no se convierte en realidad por más que el cambio se escenifique mediante la introducción de un voto en una urna. Ese ciudadano no fue informado de que la democracia referendaría, cuando se utiliza para fines contrarios al pacto constitucional, pierde las virtudes que son propias de toda manifestación de democracia directa”.
“Hubo una declaración de independencia simbólica e ineficaz -remarca el Supremo-, y se hizo en dos pasos: el primero, el 10 de octubre, cuando Puigdemont proclamó ante el Parlament que asumía ‘el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república’ y a continuación, tras un largo aplauso de los suyos, suspendió ‘los efectos de la declaración de independencia’ para dialogar con el Gobierno; la célebre declaración de independencia que no llegó al minuto de vida, pero que fue firmada solemnemente por los miembros del Govern y los diputados de los grupos separatistas en una sala anexa. El segundo paso, el 27 de octubre, cuando la Cámara, con la ausencia de la oposición, aprobó la declaración de independencia y la Generalitat fue inmediatamente intervenida por el Gobierno en aplicación del artículo 155. Ahí terminó el procés; o al menos la parte del procés que acabó ante el Tribunal Supremo”.
“Los acusados sabían, desde el momento mismo del diseño independentista, que no existe marco jurídico para una secesión lograda por la simple vía de hecho -sostiene el Tribunal Supremo-. Eran conscientes, en fin, de que la ruptura con el Estado exige algo más que la obstinada repetición de consignas dirigidas a una parte de la ciudadanía que confía ingenuamente en el liderazgo de sus representantes políticos y en su capacidad para conducirles a un nuevo Estado que solo existe en el imaginario de sus promotores. Y, por lo mismo que, según el Supremo, los acusados eran conscientes de que su meta era imposible, abandonaron el pulso en cuanto llegó la respuesta del Estado: La conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de unas páginas del Boletín Oficial del Estado que publicaban la aplicación del artículo 155 de la Constitución a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Este hecho determinó a algunos de los procesados a emprender repentina huida. Los acusados que decidieron permanecer -ya sea por decisión personal, ya por la efectividad de las medidas cautelares de prisión que fueron adoptadas- desistieron incondicionalmente de la aventura que habían emprendido”.
A propósito de la acusación contra Jordi Cuixart pero en un comentario extensivo a todo el caso, el tribunal concluye recordando que quien asume la desobediencia a las leyes como forma de protesta debe asumir también sus consecuencias: “La sedición no es otra cosa que una desobediencia tumultuaria, colectiva y acompañada de resistencia o fuerza”, afirma. “Lo coherente para quien invoca la desobediencia civil será asumir el castigo en virtud de la ley penal que violó, para poner así en valor la intensidad de su discrepancia frente al orden legal”.
Barcelona arde mal, viaje al fin de la noche, a la hora en que la alcaldesa aún está en los Planeta y el presidente del Gobierno mandando tuits
“Las llamas en el cruce de Carrer de Mallorca con Pau Claris son tan altas que se ven desde Jacint Verdaguer, a 700 metros de distancia. Son unas llamaradas impresionantes que producen no curiosidad ni histeria, solo silencio. Un silencio cuya onda expansiva llega hasta la plaza de Jacint Verdaguer, donde hay gente -todavía queda gente así en Barcelona- que no se cree lo que está pasando. “¿Pero es un coche?”, pregunta un hombre sin dejar de grabar… En el fuego hay varios bomberos que mueven motocicletas aparcadas cerca. “Plástico”, dice uno señalando las llamas. Hay más fuegos; de hecho en Mallorca con Pau Claris están en los cuatro lados, formando una especie de cruz. Unos pocos se quedan dentro de ese espacio, entre ellos un par de periodistas (“Es lo más fuerte que he visto aquí”, anuncia uno de ellos; “tú no has visto a los punkis hace 30 años”, responde un hombre con una cerveza en la mano y pinta de baqueteado por la vida). En ese mismo espacio rodeado de fuegos, donde no hay mossos, algunos radicales merodean encapuchados y gritando “¡Visca Catalunya lliure!”. Cuando lo hacen, un coro de decenas de personas le responde atronando: “¡Visca Catalunya Lliure!”.
¿De dónde vienen las voces? Detrás del fuego y el humo, si uno se acerca, vislumbra dos muchedumbres: una en Pau Claris y otra en Mallorca. Y sombras recortadas por el fuego alimentando la hoguera con cartones y bolsas de basura. En el restaurante de esa esquina en la que arden cuatro focos, la gente cena con normalidad; tanta que ni miran a través de los ventanales. Todas las naciones, antes de serlo, tienen que ser películas, y Barcelona esta noche es, más que una película, un documental. Son las 21.30. En Mallorca, pasadas las siete de la tarde y frente a la Delegación de Gobierno, hubo una concentración pacífica en la que una gran muchedumbre se dispuso sentada y con velas encendidas alrededor de un escenario. Sobre él se cantó y se recordó a los presos, cerca de él gente de mediana edad rompió a llorar escuchando los discursos, lejos de él los más jóvenes cerraron el centro y le plantaron fuego. Los libros arden mal, escribió Manuel Rivas; las ciudades también, pero arden igual.
“¡Fuera las fuerzas de ocupación!”, se gritaba en el cruce de Mallorca y Pau Claris antes de que empezasen los fuegos. Allí se reproducía una escena habitual. Un grupo de manifestantes, liderado por chavales embozados y con la cabeza cubierta por capuchas de sudadera oscura y, a 50 metros, una hilera de mossos d’Esquadra quietos, parapetados en escudos. De pronto, tras un cántico y viniéndose arriba, uno de los chavales da dos pasos adelante y agita los brazos al cielo; otro más, este a rostro descubierto, también levanta los brazos dirigiéndose hacia los mossos y girándose hacia los suyos, animándolos a avanzar con él (“eeeeeeh, eeeeeeeeh”, grita). Cuando avanzan lo suficiente, o lo que los mossos entienden suficiente, los agentes salen en estampida hacia ellos y la cabecera de la multitud se disuelve con todos saliendo disparados a todas partes. Cuando el fuego está en decenas de calles, la situación es diferente; en el Paseo de Gracia las llamas se reproducen cada 30 o 40 metros. El descontrol es absoluto y el desbordamiento es general. En los ventanales de Paseo de Gracia, de Consell de Cent, de las calles de Aragón, Mallorca o Diputación, muchísima gente está en los balcones o los ventanales, la mayoría grabando con los móviles. Los manifestantes más radicales son a estas horas, entre las 22.00 y la 1.00, los jefes provisionales del centro de Barcelona. Anónimos y encapuchados, colgados de los teléfonos, subiendo stories a Instagram a toda mecha, distribuyendo vídeos por sus redes personales, llamando a que nadie se quede en casa y camuflados entre centenares de personas, solo emergen en este movimiento caótico cuando hay que montar una hoguera gorda con varios contenedores (cuántos y dónde), dónde ir a buscar a los mossos para que estos reaccionen (persiguen sus furgonetas, se tiran a ellas para golpearlas) y poner paz cuando hay peleas en la calle.
Unos chicos de entre 20 y 30 años se han hecho tan fuertes que ponen paz en el Paseo de Gracia, su calle, a falta de empezar a poner multas
Eso es lo que ocurre en la esquina de Paseo de Gracia junto a una tienda Cartier y una oficina de banca privada del Santander; un hombre de mediana edad, fuerte y de pelo rubio, se ha enzarzado con un crío enjuto y muy pequeño, bajito y delgado, con una máscara con la bandera catalana. El escarceo es rápidamente visto por varios manifestantes, que van corriendo hacia ellos entre gritos. Engullen al hombre contra la pared, mientras varios de ellos piden tranquilidad y uno llega a ponerse a modo de escudo humano delante del hombre agarrándole por la cintura. “Fuera, fuera, fuera, ya está”. La masa se mueve espontáneamente al ritmo de la fuerza del hombre, de un lado a otro, mientras le piden, le suplican, que se vaya y deje de “provocar”. Uno de los cabecillas grita: “Hi ha premsa, hi ha premsa” ( Hay prensa, hay prensa), que significa que varias cámaras ya están grabando. Otro, este mayor, unos 30 años, consigue hacerse oír unos segundos; pocos, pero solo se le oye a él: “¿Qué hacéis? ¡Qué hacéis! ¡Cabeza, cabeza!”, llevándose el dedo anular a la sien.
Cuando hay empujones y parece que están a punto de derribar al hombre por pura inercia -son unos 40 contra uno- unos pocos cogen metros de distancia y le gritan a la cara, levantando las manos: “Somos gente de paz, somos gente de paz”. Al grito se suma más gente. Pero el hombre -turista para unos, borracho para otros, pronto fascista para todos- no ceja en su empeño: no quiere irse, quiere seguir dando su explicación de lo que está ocurriendo y cómo lo ve él, tal y como si estuviese en Espejo Público. Hay decenas de radicales alrededor, en esas calles, y cientos de simpatizantes con ellos; hay fuego en todas partes, no hay rastro de ninguna policía más que del helicóptero que estará dando cuenta del tumulto, pero el hombre, sin ningún distintivo ni bandera, quiere hablar. Le empujan para que se vaya, le separan con fuerza de una amenaza latente, la que siempre anida en una muchedumbre enfurecida y, finalmente, lo embocan Gracia abajo como si lo estuviesen sacando de un piso: llegan a hacerle un pasillo y todo mientras le cantan “fuera fascistas de nuestras calles”. A la hora en que la alcaldesa Ada Colau aún está en la gala de los Premios Planeta, oropeles y cubiertos caros, y el presidente del Gobierno lanzando comunicados (uno y su matización) a medianoche, varias de las calles más importantes de Barcelona las están gobernando unos chicos de entre 20 y 30 años que se han hecho tan fuertes que ponen paz en Gracia, su calle, a falta de empezar a poner multas.
¡Joan! ¡Tío! Dos chavales embozados se encuentran en la esquina de Gracia con Aragón. Se abrazan y se presentan a sus respectivos grupos. No deben de pasar de los 20 años. Se sientan en la acera un momento, exhaustos, y se ponen al día de lo que han estado haciendo. El tal Joan ha animado un fuego que se apagaba en una de las calles laterales ya dejadas por todo el mundo; arrastraron para ello un contenedor. “La que estamos liando”, “hoy se está liando”, “no hay vuelta atrás” son varias de las frases que se dirigen. Junto a ellos, varias hogueras y decenas de personas alrededor, casi ninguna con el rostro descubierto. Entonces aparecen por Aragón, a gran velocidad, varias furgonetas de los Mossos. La mayoría corre junto a ellas tirándoles piedras, vallas, basura, lo que se encuentre (un chaval tira un zapato); las puertas del vehículo se abren y los mossos salen con las porras en alto. La gran mayoría, menos unos pocos radicales que se quedan junto a ellos aguantando las embestidas, corre Paseo de Gracia abajo. Se busca refugio en los portales y en los negocios (algunos hoteles y locales de tapas meten a la gente dentro, mayormente gente que pasaba por allí pero también manifestantes, para protegerlos de los porrazos); varios portales, de hecho, permanecen semiabiertos por algunos vecinos para que hagan las veces de burladero cuando arremeten los agentes. Que esta noche, completamente sobrepasados, arremeten poco; han puesto furgonetas en varios puntos estratégicos, las sacan a pasear a toda velocidad por el centro de vez en cuando para, sin salir de ellas, limpiar de gente algunos cruces. Y permanecen a la espera.
En la recepción del Majestic, el hotel con más solera de Barcelona, permanece inmutable el portero trajeado y con chistera gris
En Consell de Cent con Paseo de Gracia hay un incendio en la carretera que se suma a los dos o tres más que hay en el paseo si se gira hacia abajo. Pues bien, de un lateral de ese fuego, con la esquina en silencio y llena de un humo apocalíptico, un chaval saca una valla que estaba allí derritiéndose (aplausos de los demás) y por el hueco aparece, lentamente, un Seat León conducido por un tipo jovencísimo, catalán, con pinta de surfero. La escena ahora sí es dantesca. Tras varias horas uno se había acostumbrado a las carreras, los golpes, las calles llenas de piedras y objetos, hasta los incendios; de repente ver un coche, un Seat León granate, conducido por un tipo que bien podría ser Michael J. Fox, produce un impacto tremendo. Parece que viene de 2005. El chico no sabe a dónde llevar el coche para salir de semejante carajera. A 400 metros, los mossos no dan crédito. Finalmente, se pierde por una calle lateral despacito, con las ruedas machacando vidrio, hasta que el humo de las hogueras no deja más rastro de él, evaporándose como llegó: como un sueño.
En la recepción del Majestic, el hotel con más solera de Barcelona, permanece inmutable el portero trajeado y con chistera gris. Va a ser la una de la mañana y con él está más gente. En los hoteles, el Renaissance en Pau Claris por ejemplo, las ventanas están encendidas y los clientes ven y graban el espectáculo. Algunos de ellos bajan a hacerse selfis frente al fuego. Una mujer que aparece de la nada pregunta por cómo llegar a casa; un chaval, sentado en la esquina del Consell de Cent, ofrece un porro. “Es para dormirse, que ya hay que irse a la cama”, dice. Pero muchos tienen todavía energía: habrá un par de incendios más, uno de ellos peligroso porque el fuego prenderá en el cableado de un edificio: los bomberos lo sofocarán en apenas unos minutos. Una familia de inmigrantes, una pareja con un bebé en el carro, se para a descansar en el cruce con Valencia y aprovecha para grabarse. A medida que uno se aleja de Paseo de Gracia huele con más claridad la mezcla de plástico y basura con que se hicieron las barricadas; hay montañas de ceniza y rescoldos de fuego en varias calles pequeñas de los alrededores. Así abandonadas, sin manifestantes ni policía, solo con gente en retirada o turistas que por fin pueden llegar a su hotel, esas calles oscuras dan mejor la medida de unas horas sin control. Son las dos de la mañana, se escuchan sirenas y el sonido, arriba, del helicóptero. Es tarde ya en Barcelona, aunque nunca se sabe para qué.
Mientras tanto Jordi Pujol carcajea. Todo el mundo habla de ‘El Procés’ y se han olvidado de sus ‘fechorías’. El poder judicial no lo ha hecho. Estamos ante el último empujón al ‘caso Pujol’, donde se conocerán, además, otros datos sobre la traición al pacto constitucional en España, promovido y financiado por el expresident de la Generalitat y sus asesores financieros implicados en ‘El Procés’. Aún deben completarse algunas comisiones rogatorias -Liechtenstein, Malta o Francia no han contestado; Suiza lo ha hecho a medias- y de que una de las principales preguntas sigue en el aire: ¿Cuál es el origen preciso de la fortuna que los Pujol amasaron en Andorra y ocultaron a la Hacienda española durante tres décadas? Jordi Pujol asegura que el dinero procede de una deixa (legado) que su padre, Florenci Pujol, entregó a Marta Ferrusola y a los hijos de la pareja por si venían tiempos de vacas flacas. Eso es lo que explicó en un comunicado que envió a los medios de comunicación y del que se cumplen cinco años, asfixiado por las primeras informaciones sobre las cuentas en Andorra, donde Juan Collado, el abogado de Enrique Peña Nieto es también investigado. Dios los cría y el diablo los junta.
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