El Tren Maya, entre abruptos cambios, expropiaciones sin sentido y otras irregularidades

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El Tren Maya, una de las magnas obras iniciadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, vive hoy momentos complicados. No sólo presenta un retraso de alrededor de cinco meses, sino también serios problemas de planeación. El último de estos errores, registrado en Playa del Carmen, ha costado la tala de más de 20 mil árboles y el desperdicio de 478 millones de pesos, además de pérdidas para ciudadanos y turistas. Además, hoteleros y particulares han protestado vigorosamente por la expropiación de terrenos que realiza el Gobierno federal, principalmente en el Municipio de Solidaridad, así como por evitar que las vías pasen cerca de la costa, pues, aseguran, los trabajos impactarían gravemente al sector turístico. Hoy el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), una de las dependencias encargadas del tren, tiene un nuevo director, el exsecretario del Bienestar, Javier May Rodríguez, quien tiene cero experiencia en obras públicas, ya ni se diga en un proyecto de tal envergadura. Al parecer, contar con la simpatía del mandatario federal es el único requisito que se necesita para estar al frente de la monumental obra en la que se han destinado 200 mil millones de pesos.

En diciembre pasado, en el que fue su última visita a la obra el año pasado, el presidente Andrés Manuel descartó que se fueran a realizar cambios en la ruta del Tren Maya. Sin embargo, el 5 de enero de este año reculó, informando que siempre sí habría un nuevo trazo.

El nuevo plan, indicó, no afectará a las propiedades de los hoteleros, pues el tren pasará a espaldas de los grandes hoteles.

Debido a que desde el inicio los empresarios habían pedido que no se tocara sus terrenos ni se afectara la imagen turística, el presidente pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que acudiera a hablar personalmente con los hoteleros y les pidiera su colaboración con el nuevo plan, pues ya “tienen el tiempo encima” y no se pueden detener las obras.

Semanas antes, el dirigente de los hoteleros de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Gómez, declaró que funcionarios del Gobierno federal les informaron que aunque la petición del empresariado de la Riviera Maya es persistente, existen factores que hacen difícil un cambio, como el hecho de que la estación ferroviaria de Playa del Carmen ya estaba definida y proyectada para ubicarse en el centro de la ciudad, a un costado del paso a desnivel que atraviesa la mancha urbana de la ciudad.

Consideró que la mejor alternativa era dejar la vía del tren fuera del centro de la ciudad, pero el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) les hizo ver que las obras ya tienen un avance considerable y resultaría costoso un cambio en el trazo.

Incluso el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, indicó que el presidente le había reiterado su decisión de mantener el paso del tren por el centro de Playa del Carmen, pues la afectación por los rieles sería mínima al estar al mismo nivel que el paso a desnivel.

Los empresarios habían enviado al presidente una carta, planteando que el trazo del tren por la ciudad generará la fragmentación social y urbana, además de que incrementaría exponencialmente el costo total de la obra por los gastos indirectos, tales como la modificación de las líneas de alta tensión de la CFE y la compra de tierras por necesidad de espacio para el derecho de vía.

Consideraron, además, que los tiempos de traslado en viaje sencillo se incrementarían hasta en tres horas, entre Cancún y Playa del Carmen, con seis horas de viaje ida y vuelta.

Marcha atrás en Playa

Cuando todo indicaba que el trazo se mantendría en Playa del Carmen, el 19 de enero pasado el nuevo titular de Fonatur, Javier May, informó que los trabajos en el Centro serían suspendidos debido a que el tren ya no pasará por la zona urbana.

En total, de acuerdo con información obtenida por Estosdías, la cancelación de las obras en la zona centro de Playa del Carmen, representó la tala de 15 mil árboles, el trasplante de otros siete mil, así como la pérdida de 478 millones de pesos y cinco meses de trabajo.

Esto, sin contar el caos que representó para los ciudadanos y turistas el cierre de la zona, y que dejó tanto atrasos, pérdidas de vuelos y hasta accidentes.

Ante este nuevo panorama, empresarios como Juan Carlos Hernández, dirigente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), solicitaron a Fonatur que deje la carretera federal 307 tal como estaba antes de que comenzaran los trabajos del Tren Maya.

Indicó que los encargados de la obra retiraron cientos de palmeras, árboles, señales de tránsito y postes de luz en la vía federal, lo que ha generado serios problemas ambientales y viales en ese tramo.

“Lo principal, yo creo, es que logramos (que la obra) que no atravesará Playa del Carmen, yo siento que es un gran logro”, destacó, pero sí pidió encarecidamente “volver a dejar las cosas tal y como estaban”.

“No estamos pidiendo ninguna mejora, simple y llanamente que queden todas las vialidades, las luminarias, el arbolado, todo lo que se tenía en las condiciones en las que estaban”, aseveró.

Declaró que “son lamentables este tipo de gastos innecesarios, porque finalmente los pagamos, nosotros los pagamos, todos los mexicanos, sobre todo, sabiendo que esto se podía cambiar desde un inicio”.

Lo peor es que, aún con la cancelación, el Fonatur insistió en expropiar las 47 propiedades privadas por las que iba a pasar el tren, sin dar justificación alguna.

Expropiación, va

El pasado 17 de enero, el Gobierno federal publicó en el Diario oficial de la Federación la Declaratoria de Causa de Utilidad Pública correspondiente, como el primer paso para la expropiación 142 predios ubicados en la carretera federal 307 en el municipio de Solidaridad, 34 en el Municipio de Puerto Morelos y 22 en el Municipio de Benito Juárez, que juntos hacen una superficie de 2 millones 410 mil 107.72 metros cuadrados.

Según el documento, los interesados tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Declaratoria, para manifestar ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas que estimen pertinentes para acreditar su derecho.

En el punto cuarto de la declaratoria se ordena proceder “a la ocupación inmediata de los predios involucrados, previo convenio con los dueños de los mismos, de conformidad con el artículo 9 Bis fracción III de la Ley de Expropiación”.

Dicha declaratoria expone que la integración del expediente de expropiación inició el 11 de enero de 2022, por parte de la Sedatu, a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, bajo el número SEDATU.1S.13.I110.UAJ.001.2022.

En conferencia de prensa, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, descartó que se vaya a dar un proceso de expropiación sin consultar a los ciudadanos, recordando que el anuncio de los 198 predios que están en proceso de notificación obedece a un proceso administrativo, lo cual dijo, “no quiere decir que los predios que se les notifican en una primera instancia se vayan a expropiar”.

Añadió que han contactado a todos los propietarios porque muchos de los predios tienen gravámenes y la única forma de poder resolverlos de forma rápida y ágil es a través de un proceso de expropiación concertada.

Recordó que existe un acuerdo previo con los dueños y habrá una segunda etapa de notificación y se va a esperar a los procedimientos de alegatos de respuesta entre las partes afectadas y el Gobierno Federal, y posteriormente se llevaría a cabo la conclusión del proceso de expropiación y el precio será acordado con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes nacionales (Indabi), quien hace los levantamientos.

Reiteró que ya no se hará el proyecto elevado y todo será a ras de tierra, insistiendo en que el nuevo acuerdo es que la ruta ya no pasará por el centro de Playa del Carmen, lo que garantizará que la obra concluirá en tiempo y forma en julio del 2023.

El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), Toni Chaves, informó que el sector hotelero insistirá al Gobierno federal que se privilegien los acuerdos alcanzados con los propietarios de los predios que serán expropiados.

Destacó que entre los afectados hay importantes cadenas de hoteles asociadas, por lo que estarán al pendiente de dicho proceso y estarán listos para apoyar a sus asociados involucrados en la declaratoria en caso de ser necesario.

Con el tiempo medido

Antes de ceder el cargo a Javier May, Rogelio Jiménez Pons declaró que debido en gran parte a la contingencia por el Covid-19, así como los fenómenos meteorológicos, los trabajos del Tren Maya tienen un atraso de aproximadamente cinco meses.

“Desde el año pasado, que fue complicado no solo por el Covid-19 sino por las tormentas que tuvimos y los huracanes, tenemos aproximadamente cinco meses que tenemos que recuperar a como dé lugar”, declaró el funcionario en el marco del Día del Proveedor del Tren Maya, que el Gobierno federal se sacó de la manga en noviembre pasado.

Comentó que a pesar de esta situación, la obra deberá terminarse en diciembre de 2023, tal como lo prometió el presidente Andrés Manuel.

Para ello, recordó que el mandatario firmó un decreto con el que se aceleraron varios trámites que por ley exigían esperar hasta 45 días hábiles, aunque esto, aclaró, no significa incumplir con la ley y que no habrá transparencia, sino sólo ahorrar tiempo en trámites burocráticos.

De igual forma aceptó que el costo del tren se incrementó en casi 30 por ciento, debido a que se amplió y a que casi la mitad del proyecto se hizo de doble vía, con tramos elevados, además del aumento en el número de estaciones.

 Descartó que este incremento se deba a la inflación, porque los contratos con las constructoras y proveedores mantienen fijos los precios.

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