Miles de los más salvajes pandilleros homicidas detenidos en El Salvador son tratados como tales y violentados por el Gobierno (que, atenido a la brutalidad y a la inhumanidad con que estos trataron a sus víctimas inocentes, desconoce también sus derechos humanos), merced a un Estado de derecho fallido donde un gobernante, de muy alta popularidad y legitimidad electoral y con la mayoría parlamentaria absoluta a su favor, ejerce su particular sentido de la justicia pasando por encima de un sistema judicial anodino, desacreditado, anquilosado, promotor y cómplice de la impunidad y del delito.
Y con ese ejemplo aterrador detrás, ¿cuál sería la alternativa, en una democracia enana, entre la impunidad de la ley que favorece la reincidencia criminal -o la multiplicación al infinito de los casos y los autores de la violencia y su sadismo- y la ejemplarizante justicia de hierro cual castigo desde el supremo poder popular sin contenciones constitucionales?
SM