PUERTO MORELOS.- En un acto que ha sido calificado como un atropello al acceso a la justicia, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género en Cancún cerró sus puertas a una denuncia formal contra la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz. La querella, que involucra también a altos funcionarios municipales, acusa la presunta comisión de violencia institucional, psicológica y política de género en contra de siete trabajadoras sindicalizadas.
Carlos Alejandro Dávila Rodríguez, Coordinador General de Quintana Roo y el Sureste del Sindicato Nacional de Servidores Públicos (SNSP), fue quien intentó presentar el documento en la sede de la Supermanzana 94. Según la narrativa de los hechos ocurridos el pasado 31 de marzo, las empleadas “fueron encerradas con llave en sus oficinas, incomunicadas, despojadas de sus teléfonos celulares y amenazadas con dejar sin salario a sus familias” con el objetivo de obligarlas a firmar renuncias preelaboradas y así desarticular la disidencia sindical.
Pese a contar con un expediente que incluye acuerdos judiciales federales y testimonios detallados, el personal de la Fiscalía se negó a integrar la carpeta de investigación. Dávila Rodríguez señaló que, tras excusas iniciales sobre la jurisdicción geográfica, el personal ministerial terminó admitiendo que la negativa obedecía a “instrucciones de arriba”.
“Es indignante que la institución creada precisamente para proteger a las mujeres sea la que les cierre la puerta cuando son agredidas por el poder”, sentenció el líder sindical al salir del Centro de Justicia para las Mujeres. La denuncia señala directamente, además de a la alcaldesa, a Abraham Masegosa Raña, Rodrigo Andrés Ruiz Álvarez, Pedro Gutiérrez Varela y Santos Julián Medina Cab por ejercer presión psicológica para forzar las bajas laborales.
Ante el bloqueo en la instancia estatal, el caso ya ha sido turnado a organismos de mayor jerarquía, incluyendo la Secretaría de Gobernación, la CNDH y entes internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la CIDH. Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Puerto Morelos ni la Fiscalía General del Estado han emitido un pronunciamiento oficial sobre estos señalamientos que ponen en entredicho la protección a las trabajadoras en el estado.