CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México formalizó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), transfiriendo sus funciones a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y al órgano desconcentrado denominado Transparencia para el Pueblo. María Tanivet Ramos Reyes ha sido designada como titular de este nuevo organismo, cuya creación ha generado críticas por la pérdida de autonomía en materia de transparencia y acceso a la información.
La extinción del INAI se enmarca en una reforma constitucional promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por su sucesora, Claudia Sheinbaum, bajo el argumento de simplificar la estructura gubernamental y reducir costos. Sin embargo, diversos analistas y organizaciones de la sociedad civil han advertido sobre el riesgo de debilitar la transparencia y la rendición de cuentas, al eliminar un organismo autónomo que jugó un papel crucial en destapar importantes casos de corrupción, como la Estafa Maestra y el escándalo de la Estela de Luz.
La nueva entidad, Transparencia para el Pueblo dependerá de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que ha suscitado preocupaciones sobre su independencia y capacidad para garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Además, las leyes secundarias aprobadas permiten que el gobierno niegue información en casos que comprometan proyectos prioritarios o la seguridad nacional, lo que ha sido criticado por opositores por afectar la transparencia y la lucha contra la corrupción.
La designación de María Tanivet Ramos Reyes como titular de Transparencia para el Pueblo ha sido cuestionada por su cercanía con el actual gobierno, lo que podría comprometer la imparcialidad del nuevo organismo. En este contexto, la desaparición del INAI representa un retroceso en los avances logrados en materia de transparencia y acceso a la información en México durante las últimas dos décadas.
La comunidad internacional y diversos sectores de la sociedad mexicana continúan observando con atención el desarrollo de estas políticas y sus implicaciones en los derechos humanos y la democracia en el país.