¿Habrá nueva política anticrimen?

Signos

Con los nombramientos en el sector militar del nuevo Gobierno federal se percibe una alternativa favorable contra la inseguridad y el crimen organizado.

Se advierte, por lo menos en una primera lectura y con los nombramientos previos, un proyecto integral que incluye la armonización y la coordinación política de los Gobiernos locales desde la Secretaría de Gobernación (cuya titular lo ha sido de Seguridad Pública o Ciudadana en el régimen obradorista saliente, y donde será decisiva la mayoría de gobernanzas estatales y municipales afines al liderazgo presidencial que les querrá imponer sus fueros y, de querer hacerlo, influiría, a su vez, en la pérdida de dominio del ‘narco’ sobre los Gobernadores, Alcaldes y Gobiernos de su bando).

Se perfila, asimismo, un enlace más sólido entre el aparato militar y político, y de mayor influencia del mismo en todas las entidades, donde la nueva jefatura policial federal de García Harfuch tendrá mayor despliegue operativo y de Inteligencia, y una correa de transmisión más fluida y productiva con la oficina de la política interior y los mandos militares.

Y por el expediente académico, administrativo y complementario al castrense de los nuevos liderazgos de las Fuerzas Armadas, se observa que la nueva misión de la tropa en la política de seguridad y anticrimen tendrá un componente de capacidad comunicacional y diplomática más destacado.

Podría suponerse una relación más cooperativa con Washington (que implique tratos menos patrioteros que los del obradorismo y acuerdos de colaboración más eficaces en la persecución de criminales de interés mutuo) y una campaña interior que incluya la depuración progresiva y sistemática de Policías, Fiscalías, centros carcelarios y zonas de corrupción institucional a merced del hampa.

Pero, claro, quedan las enormes piedras en el zapato de la Fiscalía General de la República y ese amiguismo trascendente de Gertz y Andrés Manuel que ha sido y es tan insano como la rémora de la Corte de los millonarios y jueces a su servicio, que cuando las consignaciones ministeriales valen los tribunales las rechazan (por conflicto de intereses, económicos o políticos), si es que los investigadores no se coluden con los delincuentes violentando sus derechos de común acuerdo para que la causa penal se caiga desde antes de llegar a juicio.

Porque entre los peldaños inferiores del sistema de Justicia y el que topa con el hasta ahora último e irreplicable dedo del mayoriteo mafioso de los Ministros, la impunidad condiciona que la criminalidad se multiplique y no cese.

Muy bien.

Pudiese ocurrir que se consumara la tan necesaria diferencia de combatir la violencia y el narcoterror como no se ha hecho nunca en los tiempos de la democracia; que se combatiera la corrupción policial, ministerial y gubernamental en la antesala de los tribunales y en todos los aparatos locales y federales del sistema penal. Y ojalá se hiciera la diferencia, asimismo, en torno a la reforma judicial, de modo que la condición electoral de los nuevos Jueces y Magistrados y Ministros no los hiciese peores que la mayoría de los actuales. Que el nuevo liderazgo presidencial sepa contener el remolino triunfalista de quienes no piensan en la justicia empujando la reforma judicial caiga quien caiga, sino en otra guerra de trincheras.

Porque Andrés Manuel no estará más en el frente. Y si ese frente se rompe y se fracciona el triunfalismo será de los perdedores de hoy, que a falta de proyecto propio habrán de celebrar el caos.

SM

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