CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reforzó su estrategia contra el huachicol fiscal, al presentar 102 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones ilícitas de importación y comercialización de combustibles. Estas denuncias, interpuestas entre abril de 2023 y la fecha actual por la Procuraduría Fiscal de la Federación, representan un daño al erario de 16 mil millones de pesos.
El esfuerzo forma parte de un trabajo coordinado entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas y otras áreas de la dependencia.
Durante su comparecencia en el Senado, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, destacó que el combate al contrabando ha dado resultados tangibles, con un incremento del 22% en los ingresos aduaneros. Subrayó que esta alza refleja una política de “cero impunidad” frente a los delitos fiscales.
“De 2007 a 2012, la recaudación promedio fue de 261 mil 160 millones de pesos. Este año esperamos alcanzar 1 billón 331 mil millones. Esto no es casualidad, sino producto del cierre de espacios a la evasión y a las prácticas ilegales”, afirmó.
El senador Miguel Ángel Yunes calificó el huachicol fiscal como un problema heredado de administraciones anteriores. Sin embargo, Amador precisó que se trata de un delito aduanero y tributario, no de robo físico de combustibles, por lo que debe combatirse bajo esa perspectiva.
Las autoridades reconocieron que los retos persisten, especialmente tras la vinculación de personal de la Secretaría de Marina (Semar) en investigaciones relacionadas con este tipo de contrabando. Ante ello, Hacienda aseguró que se mantendrá una vigilancia constante sobre cadenas de suministro, puntos de entrada y estructuras logísticas.
Además, el combate al huachicol fiscal se ha extendido al plano internacional. En días recientes, se anunció un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para el intercambio de información sobre exportaciones de gasolina, con el objetivo de desarticular a los grupos criminales binacionales que operan en este negocio ilícito.
Amador concluyó que la transparencia y rendición de cuentas son ejes fundamentales para sostener la legitimidad institucional y la confianza ciudadana en la lucha contra el crimen fiscal.