Inspectores municipales son corruptos, pero nadie los denuncia.

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Cancún, MX.- Aunque comerciantes y empresarios se quejan de la corrupción de los inspectores municipales de Protección Civil, la falta de denuncias formales imposibilita ejercer acciones en contra de ellos: en el 2021 solo se levantaron nueve actas en los 11 ayuntamientos.

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, los diferentes gobiernos municipales detallaron que las principales quejas en contra de estos burócratas fue por hostigamiento, extorsión y abuso de autoridad en contra del sector privado, para obligarlos a pagar cuantiosas multas de hasta 20 mil pesos, si no acceden a dar “mordidas” de entre 500 a dos mil pesos.

El modo de operar es simple: los empleados municipales llegan a un comercio a realizar la inspección. Ante la menor anomalía, amenazan con imponer cuantiosas multas. Otra opción que les dan es contratar a alguna empresa afín que brinde los servicios necesarios para arreglar las irregularidades, a cambio de no aplicarles la sanción.

“Es un cuento de nunca acabar”, dice el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Emir Bellos Tun, en referencia a la queja pública que presentaron este fin de semana locatarios de Kantunilkin, en contra de los inspectores municipales, quienes a cambio de no aplicar sanciones, invitan a los comerciantes a contratar los servicios de la empresa Vanguard, propiedad del padre del director de Protección Civil, Armando Kan Rodríguez, para elaborar análisis de riesgos y venta de extintores.

“Pero lamentablemente la ciudadanía no presenta una denuncia de manera formal, solo se quejan a través de las redes sociales o por medios de comunicación, lo cual no es vinculante. Sin embargo, vamos a realizar las investigaciones correspondientes porque no vamos a tolerar la corrupción, y esta es la segunda vez que los increpan”, detalló.

También invitó a los afectados a grabar cualquier acto de los empleados municipales, ya que eso facilitará el proceso de interponer denuncias, pues uno de los requerimientos principales para aplicar correctivos a los funcionarios, es la presentación de pruebas que permita comprobar su mal actuar.

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