Desde mediados de julio pasado cientos de campesinos de Chihuahua iniciaron una serie de movilizaciones para impedir que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) siga entregando a los Estados Unidos el agua de las siete presas instaladas en esa entidad como parte de un añejo tratado internacional. Las autoridades federales habían conseguido mantener bajo relativo control las protestas, hasta que el pasado 8 de los corrientes la toma de la presa La Boquilla culminó con el ataque a tiros de dos campesinos, aparentemente a manos de elementos de la Guardia Nacional. Fue entonces cuando el problema tomó mayor notoriedad y el presidente de la República acusó a integrantes del PRI y del PAN de estar detrás de estos hechos, aunque incluso también hay alcaldes del Morena. Ahora los diputados locales han expresado su apoyo hacia los productores y adelantaron que irán a los tribunales internacionales para que se revise el tratado con los Estados Unidos. Mientras tanto, la referida presa sigue ocupada por los manifestantes y en cualquier momento podría ocurrir otro enfrentamiento.
Javier Ramírez
Tensa calma se mantiene en la presa La Boquilla, la más grande de las siete ubicadas en Chihuahua, al cumplirse una semana de estar bajo resguardado de cientos de productores, quienes han montado una hilera de máquinas para evitar cualquier intento de desalojo.
Y mientras elementos de la Guardia Nacional permanecen asentados en un poblado cercano en espera de órdenes, la Conagua acusó a las autoridades estatales de falsear información sobre el volumen de agua entregado a los Estados Unidos, con el fin de mantener las protestas.
Inician investigaciones
Diecisiete elementos de la Guardia Nacional están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua luego de los disparos contra una pareja de campesinos la noche del 8 de septiembre.
De acuerdo con presuntos testigos de los hechos, elementos de la Guardia Nacional que viajaban en las patrullas GN-332343 y GN-332340 abrieron fuego en contra de una camioneta en la que una pareja que había participado en la toma de La Boquilla regresaba a la comunidad de Lázaro Cárdenas, en el Municipio de Meoqui. La mujer, identificada como Jessica Silva, falleció, mientras que su esposo, Jaime Torres, resultó gravemente herido.
Los hoy occisos habrían participado horas antes en la toma de la presa ubicada en el Municipio de San Francisco de Conchos, donde cerraron las válvulas de desfogue con la finalidad de impedir que el agua sea entregada a las autoridades estadounidenses.
Horas después, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se deslindaran responsabilidades por el ataque a la pareja, aunque dijo que de acuerdo con los reportes que le habían entregado les habían retirado las armas de fuego a los integrantes de la Guardia Nacional, precisamente para evitar alguna agresión contra los manifestantes.
Detalló que cuando los elementos salieron de la presa fueron seguidos por los campesinos, quienes iban a bordo de cuatro camionetas. “Se dan unos disparos, esa es la versión. Contesta uno, primero unos tiros al aire, y de las cuatro camionetas se dan cuenta de que una se queda detenida. Las otras tres se van. Se paran los de la guardia, van y encuentran que estaba herida de muerte una señora y el esposo”, relató.
Agitadores políticos
En esa misma conferencia, el mandatario federal señaló que exgobernadores priistas de Chihuahua y un diputado federal panista habían encabezado el mitin que culminó con la toma de la presa. Los acusó de utilizar el asunto del agua para propósitos electorales y les recordó que la entrega del agua es parte de un tratado que data de los años 40.
Posteriormente, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, presentó a algunos de los “actores que estuvieron involucrados, en la agitación, en la movilización y en el llamado a la violencia”.
Entre los personajes identificados están: los exgobernadores priistas Fernando Baeza Terrazas y José Reyes Baeza, el diputado federal panista Mario Mata Carrasco, el director de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech), Salvador Alcántar Ortega, y los alcaldes de Rosales, San Francisco de Conchos y La Cruz, José Francisco Ramírez Licón (Morena), José Ramírez Carrasco (PRI) y Adolfo Trillo Herrera (Panal).
También involucró al panista Gustavo Madero, a Arturo Zubia Fernández, alcalde de Camargo (PAN); Abel González Hernández, director de Desarrollo Rural y Económico de Saucillo (PAN) y a Jorge Aldana Aguilar, de la organización Agua Rodada.
Origen del conflicto
La Boquilla no es la única presa de Chihuahua que ha visto la inconformidad de los productores. En las últimas semanas elementos de la Guardia Nacional han evitado a base de gas lacrimógeno y balas de goma que los primeros tomen las presas Francisco I. Madero, Luis L. León y Las Pilas.
Y es que las manifestaciones iniciaron luego de que el pasado 7 de junio la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició con el proceso de extracción de hasta 22 metros cúbicos por segundo de la presa El Granero, con lo que lograron extraer 70 millones de metros cúbicos que fueron entregados a los Estados Unidos.
La intención de los campesinos es cerrar las compuertas de las presas e impedir que Chihuahua cumpla con la cuota de agua, pues argumentan que a ellos les hace falta el vital líquido para regar sus campos.
Dicha cuota es parte del Tratado sobre Distribución de las Aguas Internacionales firmado en 1944 por los Gobiernos de México y Estados Unidos para establecer la paz, tras una disputa por el territorio de Texas. El tratado establece que establece que los dos países tienen derecho a hacer uso de las aguas de los ríos Bravo y Colorado y que México debe entregar cada año 431 millones de milímetros cúbicos a Estados Unidos por el Río Colorado, mientras que Estados Unido entregará a México también cada año mil 850 millones de metros cúbicos por el Río Bravo.
De acuerdo con el Gobierno federal, dicho acuerdo no pone en riesgo el abasto de agua para los productores. Sin embargo, éstos últimos, respaldados por el Gobierno de Javier Corral, exigen que no se desfoguen las presas para no quedarse sin agua.
La titular de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, rechazó que no se haya buscado entablar un diálogo con los campesinos, detallando que se han hecho al menos 15 mesas de diálogo, pero casi todas han terminado debido a la respuesta violenta de los productores. Además, reiteró que en este tratado Estados Unidos entrega más de lo que recibe.
Por su parte, el gobernador Javier Corral asegura que el presidente Andrés Manuel está recibiendo información sesgada sobre el conflicto. Señaló que los colaboradores del presidente lo están malinformado y reiteró que las peticiones de agricultores y el propio gobierno estatal no han tenido eco, a pesar de que Chihuahua ya ha entregado varios millones de metros cúbicos de agua.
Ante esta situación, los diputadores locales, entre ellos la presidenta del Congreso, Blanca Gómez, firmaron un manifiesto para respaldar la “defensa” del agua para los productores, acudiendo a tribunales internacionales para una revisión profunda del tratado, y señalando que no se dará marcha atrás a la exigencia de justicia para Jessica Silva.