Javier Ramírez
Todo parece indicar que la declaración hecha en el año 2012 por el entonces candidato a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto en un programa de debates de Televisa, acerca de que los gobernadores de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo eran “los jóvenes actores de la nueva generación política” del PRI, resultó una sentencia de cárcel para el referido trío.
Creyendo que podrían mantenerse intocables con la victoria de Peña ese año, se dedicaron a enriquecerse haciendo negocios sucios desde el poder y endeudando como nunca a sus respectivas entidades, apoyados en los Congresos que tenían a su absoluta merced.
César Duarte era el único de los tres que había conseguido seguir en libertad, pero ahora se prepara para enfrentar a la justicia mexicana.
Detenido por peculado
El pasado 8 de julio, una noticia complementó el histórico primer encuentro entre los actuales presidentes de México y Estados Unidos: el Servicio de los Alguaciles Federales había detenido en Miami, Florida, al exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez. La orden de detención, con fines de extradición a México, había sido emitida desde el pasado 24 de abril por un magistrado federal de Nuevo México, por el desvío de 96.6 millones de pesos del erario de Chihuahua a dos de sus empresas, y el suceso fue interpretado como un obsequio del Gobierno anfitrión en premio a la visita y al combate a la delincuencia pública del mexicano.
Las investigaciones en contra del exmandatario local comenzaron apenas unos meses después de que pasara el cargo al panista Javier Corral, en octubre de 2016, luego de que poco antes de terminar su periodo como gobernador elevara -con la complicidad de los legisladores locales-, la deuda estatal a 55 mil millones de pesos y, además, se aprobara un ‘paquete de impunidad’ (una medida que el quintanarroense Roberto Borge Angulo promovió también, pero que fue revocada por un nuevo Congreso en el que el PRI quedó relegado).
Javier Corral puso en marcha en 2017 la llamada ‘Operación Justicia para Chihuahua’, con la que en cuestión de horas detuvo a los extitulares de las secretarías estatales de Hacienda, de Obras Públicas y de Educación, acusados por participar en quebrantos por 824 millones de pesos, en los que participó también el exgobernador César Duarte, por quien se libró entonces una orden de aprehensión, aunque ya había escapado a los Estados Unidos.
Desvió 79 millones para el PRI
Con las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), encabezada en ese entonces por Santiago Nieto Castillo, hoy titular de la Unidad de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda, se determinó que Duarte ordenó descontar a los empleados gubernamentales 10 por ciento de su salario para destinarlos al fortalecimiento económico del PRI estatal. Un total de 700 trabajadores resultaron afectados con la retención de ese porcentaje, el cual se concentraba en una cuenta de la Secretaría de Hacienda estatal, misma que cada mes expedía un cheque para el PRI, sin reportarlo al Instituto Nacional Electoral.
El monto total de los recursos desviados durante seis años ascendería a más de 79 millones de pesos, y Santiago Nieto advirtió que en el delito no sólo estaría involucrado César Duarte, sino también a los líderes del partido que recibieron el dinero, encabezados por Manlio Fabio Beltrones.
Protegido de Peña
A mediados de 2017, Javier Corral pidió al presidente Enrique Peña Nieto que diera curso a la solicitud de extradición de Duarte Jáquez, pero al recibir una negativa inició la llamada ‘Caravana por la dignidad’, que partió de Ciudad Juárez para llegar a la Ciudad de México, con el fin de exigir la entrega de los 700 millones de pesos a su Estado y la extradición de César Duarte.
El entonces secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, anunció el acuerdo para que la PGR solicitara la extradición de César Duarte, pero el sexenio concluyó y eso nunca pasó.
Fue hasta la llegada de Alejandro Gertz Manero a la nueva Fiscalía General de la República (FGR) que ambos Gobiernos reiniciaron las investigaciones para concretar la detención del exmandatario, quien para entonces ya había sufrido el aseguramiento de varios de sus ranchos, muchos de los cuales habían sido comprados mediante amenazas y por medio de prestanombres.
Captura, logro de Chihuahua y la Federación
Tras darse a conocer la noticia de la detención, Corral Jurado agradeció la voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como al fiscal Gertz Manero y al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, “por haber cumplido con la ley y con el tratado de extradición de manera puntual y comprometida en el combate a la corrupción”.
El mandatario aseguró en un video que la Fiscalía de Chihuahua ha comprobado que César Duarte construyó una amplia red de corrupción política y de protección con entregas de dinero en efectivo, que involucró a partidos políticos, instituciones públicas, empresas, diputados locales, empresarios, líderes de opinión, columnistas y algunos medios de información.
Reiteró que la captura del exmandatario es un triunfo del pueblo de Chihuahua, de su exigencia de justicia, ante la descarada corrupción que lo llevó a comprar ranchos, casas e incluso animales exóticos, que no podría haber adquirido con recursos propios.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la entonces PGR había fundamentado la petición de extradición de Duarte de manera errónea, por lo que el proceso había sufrido un serio retraso. Sin embargo, a comienzos de este mes el Departamento de Estado de Estados Unidos notificó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que finalmente procedía el requerimiento de extradición.
César Duarte fue detenido con base en una orden librada el 8 de octubre por una jueza de Chihuahua, quien determinó que, entre junio de 2011 y noviembre de 2014, el Gobierno de Chihuahua transfirió 96.6 millones de pesos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua, así como a la Financiera División del Norte Sofom, de las cuales Duarte era accionista mayoritario.
Pero una vez en México enfrentaría 21 órdenes de aprehensión emitidas en Chihuahua, por el delito de peculado, por alrededor de 380 millones de pesos, en perjuicio de las finanzas de esa entidad durante su administración.
La detención del exgobernadorpermitirá en buena medida desmadejar la red de corrupción que tejió el Gobierno de Enrique Peña Nieto, toda vez que dos de sus principales colaboradores, Luis Videgaray Caso, extitular de Hacienda, y Manlio Fabio Beltrones, exlíder nacional del PRI, estarían fuertemente involucrados en el desvío que Duarte Jáquez realizó a favor de las campañas del PRI tanto a nivel local como nacional.